IRPH en 2026: cómo reclamar la nulidad tras la última doctrina del TJUE

22 de septiembre de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 7 minutos

Si tu hipoteca está referenciada al IRPH, llevas años oyendo que una sentencia dice una cosa y la siguiente la contraria. Hay una buena noticia: reclamar el IRPH en 2026 ya no es una lotería. Después de los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, el resultado depende de algo muy concreto y comprobable: qué pone tu escritura y qué información te entregó el banco antes de firmar.

Punto de partida

Qué es el IRPH y por qué sigue en los tribunales

El IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) es un índice oficial elaborado por el Banco de España y publicado en el Boletín Oficial del Estado. A diferencia del euríbor, que refleja el tipo al que se prestan dinero los bancos entre sí, el IRPH se calcula como la media de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios a más de tres años concedidos por las entidades. Dicho de forma sencilla: es una media de precios finales, y en esa media ya van incluidos los diferenciales y las comisiones que los bancos cobraban a sus clientes.

De ahí viene su característica más conocida: durante buena parte de su historia el IRPH se ha situado por encima del euríbor. Para muchas familias eso se traduce en miles de euros de diferencia a lo largo de la vida del préstamo.

Conviene distinguir las modalidades, porque no todas existen hoy. El IRPH de Cajas y el IRPH de Bancos fueron suprimidos por la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, con efectos desde el 1 de noviembre de 2013. Desde entonces solo se publica el IRPH del conjunto de entidades, que es el que hoy siguen aplicando miles de hipotecas.

El punto clave es este: el problema nunca ha sido el índice en sí, sino cómo se comercializó. Nadie discute que el IRPH es legal. Lo que se discute es si el banco explicó al consumidor, antes de firmar, qué estaba contratando y qué consecuencias económicas tenía.

Doctrina europea

IRPH y nulidad: qué ha dicho el TJUE

La jurisprudencia europea sobre la nulidad del IRPH se ha construido en varias etapas, y cada una ha ido estrechando el margen de los bancos. Estos son los hitos que hoy importan:

STJUE de 3 de marzo de 2020 (asunto C-125/18): la cláusula que fija el IRPH no queda excluida del control judicial por el hecho de que el índice sea oficial. Los tribunales españoles deben verificar si la cláusula es clara y comprensible en los términos de los artículos 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE.
STJUE de 13 de julio de 2023 (asunto C-265/22): profundiza en qué información resultaba exigible al profesional, con especial atención a la evolución del índice en el pasado y al contenido de la Circular 5/1994 del Banco de España.
STJUE de 12 de diciembre de 2024 (asunto C-300/23): el pronunciamiento más relevante hasta la fecha. El Tribunal de Justicia deja claro que la buena fe del profesional no puede presumirse por el simple hecho de que el índice sea oficial y lo utilicen las Administraciones públicas, y ofrece criterios para valorar tanto la transparencia como el eventual desequilibrio.

De estas resoluciones se extrae una idea que conviene interiorizar: la publicación del IRPH en el BOE no basta, por sí sola, para dar por cumplido el deber de transparencia. El consumidor medio tenía que poder entender cómo funcionaba el índice y qué coste real asumía.

Criterio del Supremo

Reclamar el IRPH en 2026: qué exige ahora el Tribunal Supremo

El 11 de noviembre de 2025 el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó las sentencias 1590/2025 y 1591/2025, las primeras sobre IRPH tras los pronunciamientos europeos de 2023 y 2024. Puedes consultar la nota oficial del Consejo General del Poder Judicial sobre estas sentencias.

El mensaje central de la Sala es que no cabe dar una solución unívoca sobre la transparencia y la abusividad de la cláusula IRPH: su validez dependerá de las circunstancias concretas de cada préstamo y de los hechos que se prueben en cada pleito. A partir de ahí, el Supremo facilita parámetros orientativos para hacer, primero, el control de transparencia (sentencia 1590/2025) y, si este no se supera, el control de abusividad (sentencia 1591/2025).

Esto tiene dos lecturas, y ambas son ciertas. La primera es que se descarta la nulidad automática: tener IRPH no da derecho, sin más, a recuperar dinero. La segunda es que también se descarta la validez incondicional: el banco no queda blindado por el hecho de haber usado un índice oficial. Estamos, por tanto, ante una materia en evolución, con criterios que los tribunales siguen perfilando caso por caso.

En la práctica, el análisis se desdobla. Por un lado, si la información precontractual permitía al consumidor comprender el mecanismo del índice y sus consecuencias económicas. Por otro, si la cláusula genera un desequilibrio importante contrario a la buena fe, lo que obliga a comparar el tipo efectivamente aplicado (índice más diferencial) con las alternativas del mercado en el momento de contratar.

Por qué importa el diferencial

Dos hipotecas con el mismo IRPH pueden merecer un juicio distinto. Un IRPH con diferencial negativo o nulo se aproxima al coste medio del mercado; un IRPH con un diferencial añadido de medio punto o más duplica el efecto del índice y agrava el desequilibrio. Por eso el primer dato que miramos en un despacho no es el índice, sino la suma del índice y el diferencial pactado en la escritura.

Vía de reclamación

Paso a paso para reclamar la nulidad de tu cláusula IRPH

Reúne la documentación completa. Escritura de préstamo hipotecario, oferta vinculante o ficha de información personalizada, folleto informativo si lo conservas, y las novaciones o subrogaciones posteriores. Si te falta la escritura, puedes pedir copia en la notaría o una nota simple en el Registro de la Propiedad.
Identifica el índice exacto y el diferencial. No es lo mismo IRPH Cajas que IRPH Entidades, y el diferencial pactado cambia por completo el análisis del desequilibrio.
Revisa qué información te dieron antes de firmar. ¿Te advirtieron de que el IRPH incorpora comisiones y gastos? ¿Te mostraron su evolución previa? ¿Hubo alguna comparativa con el euríbor? La ausencia de esa información es el núcleo de la reclamación.
Cuantifica el perjuicio. Se elabora un cálculo que recalcula el préstamo sustituyendo el IRPH por el euríbor más el diferencial habitual, o suprimiendo el interés remuneratorio según el escenario jurídico aplicable. Sin cifras concretas no hay demanda sólida.
Presenta reclamación previa ante el Servicio de Atención al Cliente del banco. Es un paso extrajudicial que deja constancia de tu reclamación y, en ocasiones, abre una negociación.
Interpón la demanda si no hay acuerdo. En la provincia de Alicante, los litigios sobre condiciones generales de la contratación en préstamos hipotecarios con consumidores están atribuidos a juzgados de primera instancia especializados, lo que conviene tener en cuenta al calcular plazos y previsión de señalamientos.

Plazos: dos relojes distintos

La acción para declarar la nulidad de una cláusula abusiva no prescribe. Cosa distinta es la acción de restitución de las cantidades pagadas: conforme a las sentencias del TJUE de 25 de abril de 2024 (asuntos C-484/21 y C-561/21), el plazo no puede empezar a correr antes de que sea firme la resolución que declara la nulidad. Es decir: no has llegado tarde por el mero paso del tiempo.

Obra nueva y subrogación

Hipoteca IRPH: la reclamación en Alicante y el caso de los préstamos al promotor

Hay un supuesto que merece atención propia y que en la provincia de Alicante es especialmente frecuente: la compra de vivienda de obra nueva con subrogación en el préstamo del promotor. Entre finales de los noventa y 2008 se firmaron en Alicante, Elche, San Vicente del Raspeig o Torrevieja miles de compraventas en las que el comprador asumía el préstamo que el banco había concedido a la promotora, muchas veces sin que la entidad interviniera en la escritura ni le entregara documentación alguna.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha abordado este escenario en la sentencia 161/2026, de 4 de febrero, en un caso de subrogación en préstamo al promotor en el que el banco no facilitó al comprador ni copia de la escritura del préstamo en el que se subrogaba. Aquí el debate ya no es la transparencia material, sino el control de incorporación de los artículos 5 y 7 de la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación: si la cláusula nunca llegó a incorporarse válidamente al contrato, no puede desplegar efectos.

Es un criterio de aplicación restrictiva, ligado a una deficiencia informativa grave y objetivable, y no a un reproche al IRPH en sí. Pero abre una vía real para un perfil muy concreto de hipotecado alicantino. Si compraste sobre plano y te subrogaste sin ver un solo papel del préstamo, tu caso merece un estudio específico.

Consejo profesional

En nuestra experiencia, la mayoría de las reclamaciones de IRPH que se pierden no se pierden por el fondo, sino por la prueba. Llegar a juicio sin la oferta vinculante, sin el folleto o sin un cálculo pericial del perjuicio deja al juez sin material para apreciar la falta de transparencia. Antes de demandar, dedica el tiempo necesario a reconstruir el expediente completo de la contratación: es lo que marca la diferencia.

Si quieres una revisión previa de tu escritura, nuestro equipo de abogados especialistas en derecho bancario en Alicante analiza tu caso antes de que decidas nada.

Un apunte práctico: si tu hipoteca tiene IRPH, es muy probable que también arrastre otras cláusulas revisables. Merece la pena comprobar de paso si te corresponde reclamar los gastos de constitución de la hipoteca, porque ambas acciones pueden acumularse en el mismo procedimiento y ahorrarte tiempo y costes.

Dudas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre la reclamación del IRPH

¿Puedo reclamar si ya cancelé la hipoteca?

Sí. Que el préstamo esté cancelado o que hayas vendido la vivienda no impide ejercitar la acción de nulidad ni reclamar la devolución de lo pagado de más. Lo importante es conservar la escritura y el cuadro de amortización para poder cuantificar el perjuicio. Conviene revisar cada caso, porque la antigüedad influye en la prueba disponible.

¿Qué ocurre si el juez declara nula la cláusula?

Depende del escenario. La solución más habitual es sustituir el IRPH por otro índice de referencia, normalmente el euríbor con el diferencial pactado, y devolver la diferencia cobrada. En supuestos de falta de incorporación, como el de las subrogaciones sin información, el resultado puede ser más severo para la entidad. No existe una única consecuencia automática.

¿Cuánto cuesta reclamar y cuánto tarda?

En primera consulta estudiamos la escritura y te damos una estimación realista del importe recuperable y del recorrido del asunto. Un procedimiento de este tipo suele extenderse entre uno y dos años en primera instancia, con posibilidad de recurso. Te explicaremos el coste antes de iniciar nada, por escrito y sin sorpresas.

Conclusión

Un análisis individual, no una respuesta general

La historia del IRPH ha pasado del «no hay nada que hacer» al «todo es nulo» y ha terminado donde suele terminar el derecho de consumo: en el análisis caso por caso. Hoy, con la doctrina del TJUE y los parámetros fijados por el Tribunal Supremo, sabemos qué hay que mirar y en qué orden. Lo que no sabemos, hasta abrir tu escritura, es si tu reclamación tiene recorrido. Y esa es exactamente la pregunta que podemos responderte.

Hablemos de su caso

¿Tienes una hipoteca con IRPH y quieres saber si puedes reclamar?

En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso con presupuesto cerrado.

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Este artículo ofrece información general de carácter divulgativo y no sustituye al asesoramiento jurídico individualizado. La materia se encuentra en evolución jurisprudencial, por lo que cada supuesto debe analizarse a la vista de la documentación concreta del préstamo. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

Hipoteca vendida a un fondo: qué derechos conservas y cómo negociar la deuda

14 de septiembre de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 7 minutos

Abres el buzón y te encuentras una carta de una sociedad de la que nunca has oído hablar: te comunica que tu préstamo hipotecario ha sido cedido y que, a partir de ahora, los recibos se pagan a otro titular. Si tienes la hipoteca vendida a un fondo, lo primero que conviene que sepas es que la operación no empeora tu posición jurídica. El contrato sigue siendo el mismo y tus derechos permanecen intactos.

Qué ha ocurrido

Hipoteca vendida a un fondo: qué significa realmente la cesión

Las entidades financieras venden carteras de préstamos, sobre todo cuando acumulan impagos. A esas carteras se las conoce en el sector como NPL, siglas inglesas de non performing loans, es decir, préstamos dudosos o con incidencias de pago. El comprador suele ser un fondo de inversión que adquiere miles de créditos de golpe, con un descuento importante sobre el saldo nominal.

Ese fondo, en la práctica, casi nunca te va a llamar por teléfono. Quien gestiona el día a día es un servicer o administrador de créditos: una empresa especializada en cobrar, negociar y, si hace falta, demandar. Es importante que distingas a los dos, porque el titular del crédito y quien te escribe pueden ser personas jurídicas distintas.

La operación en sí es perfectamente legal. Tu banco no necesita tu permiso para vender el préstamo: los artículos 1526 a 1530 del Código Civil permiten la cesión de créditos sin consentimiento del deudor. Lo que no puede hacer nadie es cambiar las condiciones del contrato por el camino.

Marco legal

Qué dicen el Código Civil y la Ley Hipotecaria sobre la cesión

El artículo 149 de la Ley Hipotecaria es la norma clave cuando la garantía es una vivienda. Dispone que el crédito o préstamo garantizado con hipoteca puede cederse conforme al artículo 1526 del Código Civil, que la cesión de la titularidad de la hipoteca debe hacerse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad, y añade dos frases que conviene subrayar: el deudor no quedará obligado por dicho contrato a más que lo estuviere por el suyo y el cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente.

Traducido: el fondo entra exactamente en la posición que tenía el banco. Ni un euro más, ni una facultad adicional. Por eso el artículo 1528 del Código Civil precisa que la cesión de un crédito comprende también sus accesorios, entre ellos la hipoteca. Se transmite el paquete completo, con sus virtudes y con sus defectos.

Sobre la notificación hay una confusión muy extendida. La cesión es válida entre banco y fondo desde que ambos la acuerdan, sin necesidad de avisarte. Lo que protege el artículo 1527 del Código Civil es otra cosa: el deudor que, antes de conocer la cesión, paga al acreedor antiguo queda liberado de la obligación. Es decir, si seguiste domiciliando los recibos en el banco porque nadie te dijo nada, esos pagos son válidos y el fondo no puede reclamártelos de nuevo.

Tus derechos

Qué derechos conservas frente al nuevo acreedor

Esta es la parte que más tranquiliza a nuestros clientes en Alicante cuando vienen al despacho con la carta en la mano. La subrogación del artículo 149 de la Ley Hipotecaria funciona en los dos sentidos: el fondo hereda los derechos del banco, pero también hereda sus problemas.

Puedes oponer al fondo todas las excepciones que tenías frente al banco: cláusula suelo, gastos de formalización, vencimiento anticipado abusivo, intereses de demora desproporcionados o comisiones no transparentes.
La nulidad de una cláusula abusiva se mantiene: el fondo compra el contrato tal y como está, cláusulas nulas incluidas.
Conservas la condición de consumidor si la tenías, con toda la protección que eso implica en el control de transparencia.
Los plazos, el tipo de interés, el cuadro de amortización y la fecha de vencimiento no cambian por el hecho de la cesión.
Mantienes el derecho a que la vivienda habitual siga teniendo la protección procesal que le reconoce la ley.
Si el crédito se cedió estando ya en pleito, puede entrar en juego el retracto de crédito litigioso del artículo 1535 del Código Civil, que permite extinguir la deuda pagando lo que el fondo pagó.

Primeros pasos

Qué hacer en las primeras semanas

La reacción natural es esperar a ver qué pasa. Es justo lo contrario de lo que le recomendamos a un cliente. La cesión abre una ventana de información que conviene aprovechar cuanto antes.

Identifica quién es quién. Pide por escrito el nombre y CIF del titular actual del crédito y el del servicer que gestiona el cobro. Son datos que deben facilitarte sin excusas.
Solicita copia de la escritura de cesión. Tienes interés legítimo en conocer el título por el que otro te reclama. Además, la cesión de la hipoteca debe constar inscrita en el Registro de la Propiedad.
Consigue una nota simple registral actualizada. Te confirmará quién figura hoy como titular de la hipoteca y si la inscripción del artículo 149 de la Ley Hipotecaria se ha practicado.
Reclama un certificado de saldo deudor desglosado. Capital pendiente, intereses ordinarios, intereses de demora, comisiones y gastos, por separado. Ahí es donde suelen aparecer los importes discutibles.
Revisa la escritura original antes de negociar. Un abogado debe leer el contrato completo en busca de cláusulas abusivas: ese análisis condiciona por completo la estrategia posterior.
No firmes ningún reconocimiento de deuda. Un documento de novación o de reconocimiento firmado a la ligera puede complicar la impugnación de cláusulas que hoy son discutibles.

Cuidado con el pago automático

Si los recibos siguen cargándose en la cuenta de siempre y nadie te ha notificado formalmente la cesión, esos pagos son liberatorios conforme al artículo 1527 del Código Civil. Conserva los justificantes: son la prueba de que pagaste de buena fe al acreedor que constaba.

La negociación

Cómo negociar la deuda con el fondo: quita, dación y refinanciación

Aquí está la verdadera oportunidad. Un banco negocia con el saldo nominal en la cabeza y con criterios de provisión rígidos. Un fondo negocia con el precio que pagó por tu crédito, que suele ser una fracción del importe que te reclama. Su objetivo es recuperar rápido y con margen, no quedarse tu vivienda.

Eso abre tres vías que, con el banco original, rara vez estaban disponibles en los mismos términos:

Quita. Condonación de una parte de la deuda a cambio de un pago único o de un calendario corto y cumplible. Es la salida más habitual cuando el deudor puede reunir liquidez.
Dación en pago. Entrega del inmueble con cancelación total de la deuda. La clave está en pactar expresamente que no queda remanente exigible.
Refinanciación. Nuevo calendario, ampliación de plazo o carencia temporal, útil cuando el problema es de tesorería y no de solvencia.

Ejemplo orientativo

Un préstamo con 90.000 euros de saldo reclamado puede haberse adquirido por el fondo dentro de una cartera con un descuento muy notable. Si el análisis de la escritura detecta intereses de demora abusivos y gastos indebidamente repercutidos, la deuda realmente exigible baja antes de sentarse a negociar. Esa cifra corregida, y no la de la carta, es la que debe marcar la oferta.

Consejo profesional

No negocies desde el saldo que aparece en la carta. Primero se depura la deuda —cláusula suelo, gastos, demora, vencimiento anticipado— y solo después se plantea la quita o la dación. Hemos visto acuerdos cerrarse con diferencias de decenas de miles de euros únicamente por haber ordenado bien los dos pasos.

Consulta nuestro servicio de derecho bancario en Alicante

Normativa aplicable

Código de Buenas Prácticas y la norma europea todavía pendiente

Si tu situación económica es delicada y la vivienda es la habitual, conviene comprobar si el nuevo acreedor está adherido al Código de Buenas Prácticas del Real Decreto-ley 6/2012. La adhesión es voluntaria: solo obliga a la entidad que la ha comunicado expresamente. La lista actualizada de entidades adheridas se publica en el BOE, y la última resolución es la de 17 de julio de 2026 de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Antes de invocar el Código, verifica que el fondo o el servicer figuran en ese listado.

En el plano europeo existe la Directiva (UE) 2021/2167, sobre administradores de créditos y compradores de créditos, pensada precisamente para ordenar este mercado y reforzar la información al deudor. Su plazo de transposición venció el 29 de diciembre de 2023 y España no lo cumplió: la Comisión Europea abrió procedimiento de infracción. El Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 14 de marzo de 2025 y, a fecha de hoy, continúa en tramitación parlamentaria. Por tanto, no es derecho vigente todavía y nadie puede exigirte nada con base en él. Conviene seguir su evolución, porque cuando se apruebe reforzará las obligaciones de transparencia del comprador de tu crédito.

Dudas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre la cesión de tu hipoteca

¿Pueden vender mi hipoteca sin avisarme?

Sí. La cesión es válida entre banco y fondo sin tu consentimiento ni tu conocimiento, conforme a los artículos 1526 y siguientes del Código Civil. Lo que la falta de notificación produce es otro efecto: si pagas al acreedor antiguo antes de enterarte, quedas liberado por el artículo 1527. Esos pagos no pueden reclamarse de nuevo.

¿Puede el fondo subirme el interés o exigirme más de lo pactado?

No. El artículo 149 de la Ley Hipotecaria es taxativo: el deudor no queda obligado a más de lo que lo estaba por su propio contrato. El fondo se subroga en los derechos del banco, sin añadir ninguno. Cualquier intento de modificar tipo, plazo o comisiones necesita un acuerdo nuevo que tú firmes libremente.

¿Sigo pudiendo reclamar la cláusula suelo o los gastos de la hipoteca?

Sí, y se reclama al fondo, que es el titular actual del crédito. La nulidad de una cláusula abusiva no se cura porque el contrato cambie de manos. En la práctica, esa reclamación suele ser la mejor palanca de negociación, porque reduce el importe realmente exigible antes de discutir cualquier acuerdo.

Conclusión

La cesión no es el final del camino, es un punto de partida

Una hipoteca vendida a un fondo asusta por lo inesperado, pero jurídicamente te deja donde estabas y comercialmente te sitúa frente a un interlocutor con incentivos distintos a los del banco. La diferencia entre un acuerdo malo y uno razonable casi siempre está en la preparación: identificar al acreedor, exigir la documentación, depurar la deuda de cláusulas abusivas y negociar después. En nuestro despacho de Alicante llevamos años acompañando a deudores en ese recorrido, en la provincia de Alicante, en Elche y en el resto de la Comunidad Valenciana.

Hablemos de su caso

¿Ha recibido una carta comunicándole que su hipoteca ha cambiado de titular?

En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso con presupuesto cerrado. Revisamos su escritura, identificamos al nuevo acreedor y le decimos con claridad qué margen real de negociación tiene.

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Este artículo ofrece información jurídica de carácter general y no sustituye al asesoramiento individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

Qué TAE se considera usuraria en una tarjeta revolving en 2026

13 de septiembre de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 6 minutos

Si usted paga la cuota cada mes y la deuda de su tarjeta apenas baja, tarde o temprano aparece la misma pregunta: qué TAE se considera usuraria en una tarjeta revolving en 2026. La respuesta ya no depende de la intuición del juez de turno. Existe una regla numérica fijada por el Tribunal Supremo y un dato oficial que publica cada mes el Banco de España.

Usura y revolving

Qué TAE se considera usuraria en una tarjeta revolving en 2026

La norma que decide esto tiene más de un siglo: la Ley de 23 de julio de 1908, de represión de la usura, conocida como Ley Azcárate. Su artículo 1 declara nulo el contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

La ley no da ningún porcentaje. Lo ha ido concretando el Tribunal Supremo y, desde 2023, lo hace con una fórmula que se resuelve casi con una calculadora: en las tarjetas revolving el interés es «notablemente superior» cuando la TAE —la tasa anual equivalente, es decir, el coste real del crédito una vez sumados intereses y gastos— pactada en el contrato supera en más de 6 puntos porcentuales el tipo medio de mercado de ese mismo producto en la fecha en que se firmó.

Ese tipo medio no se improvisa. Lo publica mensualmente el Banco de España en el capítulo 19 de su Boletín Estadístico, en la serie de tarjetas de pago aplazado y revolving. Según los últimos datos publicados, en julio de 2026 se situaba en el 18,26 %. Aplicando el diferencial de seis puntos, el umbral de usura para una tarjeta contratada en ese momento ronda el 24,3 % TAE.

Retenga un matiz que decide muchos pleitos: el tipo medio relevante es el de la fecha de contratación, no el de hoy. Una tarjeta firmada en 2017, cuando el tipo medio superaba el 20 %, se mide con aquel dato, no con el actual.

Un ejemplo con números

Tarjeta revolving firmada en julio de 2026 con una TAE del 26,9 %. El tipo medio publicado por el Banco de España ese mes fue del 18,26 %. La diferencia es de 8,64 puntos, muy por encima de los 6 que marca el Supremo: hay indicios sólidos de usura. Si la TAE hubiera sido del 23 %, la diferencia sería de 4,74 puntos y esta vía, en principio, quedaría cerrada.

La regla del Supremo

Cuándo es usurario el interés revolving: las dos sentencias que lo fijan

Para entender de dónde sale la regla hay que mirar dos sentencias del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

La primera es la STS 149/2020, de 4 de marzo. Resolvió una discusión previa: ¿con qué se compara la TAE de una revolving? El Supremo dejó claro que el término de comparación no es el interés medio de los créditos al consumo en general —bastante más bajo—, sino el tipo medio específico de las tarjetas de crédito de pago aplazado y revolving. Comparar una revolving con un préstamo personal era, en la práctica, comparar dos productos distintos.

La segunda es la STS 258/2023, de 15 de febrero. Aquí el Supremo puso el número: cuando el tipo medio de mercado del producto supera el 15 %, el interés pactado se considera notablemente superior si la diferencia con ese tipo medio excede de seis puntos porcentuales. Y validó expresamente el uso del TEDR (tipo efectivo de definición restringida) del boletín del Banco de España como índice de comparación, aunque no incluya comisiones, porque la distorsión que ello genera es reducida.

Hay un tercer elemento que suele pasarse por alto. El artículo 1 de la Ley de 1908 no obliga a demostrar que el consumidor estuviera en una situación angustiosa o que fuera inexperto: la jurisprudencia ha descartado ese requisito subjetivo en este tipo de contratos. Basta con el desfase objetivo del tipo de interés.

El cálculo

Cómo comprobar si tu TAE supera el umbral de usura

Localiza la fecha exacta de contratación. No la de la última renovación ni la del primer recibo impagado, sino la de la firma de la solicitud o del contrato de tarjeta.
Anota la TAE del contrato. Es el dato que hay que comparar; no confundas la TAE con el tipo nominal mensual, que siempre parece mucho más bajo.
Consulta el tipo medio de ese mes. En el cuadro 19.4 del Boletín Estadístico del Banco de España, columna de tarjetas de pago aplazado y revolving.
Resta. TAE del contrato menos tipo medio de aquel mes. El resultado es el diferencial en puntos porcentuales.
Compara con seis. Si el diferencial supera los 6 puntos, hay base seria para sostener la usura. Si no llega, conviene explorar la vía de la transparencia que verás más abajo.

Dónde mirar

Cómo localizar la TAE real de tu tarjeta en el contrato y en los extractos

El obstáculo más frecuente no es jurídico, sino documental: mucha gente no sabe qué TAE firmó. Estos son los sitios donde suele estar:

La solicitud o contrato inicial de la tarjeta, normalmente en el reverso o en las condiciones particulares.
La información normalizada europea sobre crédito al consumo que debió entregarse antes de la firma.
Los extractos mensuales, donde muchas entidades indican la TAE aplicada junto al saldo dispuesto.
El apartado de liquidación de intereses del extracto, que permite reconstruir el tipo aunque no venga expresado.
Si no conservas ningún papel, la entidad está obligada a conservar y facilitarte copia de la documentación contractual: basta una solicitud escrita al servicio de atención al cliente.

El tipo medio, año a año

Serie del Banco de España para tarjetas de pago aplazado y revolving: 18,06 % en 2020; 18,42 % en 2021; 17,99 % en 2022; 18,22 % en 2023; 18,54 % en 2024; y 18,26 % en julio de 2026. El umbral de usura se ha movido, por tanto, en una horquilla estrecha, entre el 24 % y el 24,6 % TAE aproximadamente.

La otra vía

Si la TAE no llega al umbral: la falta de transparencia

Que una tarjeta no sea usuraria no significa que sea intocable. El 30 de enero de 2025 el Pleno de la Sala Primera dictó las sentencias 154/2025 y 155/2025, que abrieron una vía autónoma: la nulidad por falta de transparencia de la cláusula de intereses, valorada conjuntamente con el sistema de amortización revolving, la capitalización de intereses y la cuota mensual reducida.

El razonamiento es que no basta con que la redacción sea gramaticalmente clara. El consumidor debe poder comprender la carga económica real que asume: el llamado efecto «bola de nieve», por el que la deuda se mantiene o crece pese a pagar religiosamente cada mes, y el riesgo de convertirse en deudor cautivo de forma prácticamente indefinida. Cuando esa comprensión no ha sido posible, la cláusula es abusiva y se expulsa del contrato.

La consecuencia difiere de la usura: aquí no cae el contrato entero, sino la cláusula de intereses. El consumidor devuelve solo el capital dispuesto y recupera lo pagado por intereses.

Qué recuperas

Qué se recupera cuando la revolving se declara usuraria

El artículo 3 de la Ley de 1908 es de una sencillez poco habitual: declarada la nulidad, el prestatario queda obligado a entregar tan solo la suma recibida. Todo lo abonado por encima del capital dispuesto debe devolvérsele.

En una revolving eso incluye intereses remuneratorios, comisiones por disposición de efectivo, comisiones por impago y primas de los seguros vinculados. En contratos antiguos, lo recuperable supera con frecuencia el capital dispuesto.

Además, al tratarse de una nulidad radical, la acción no está sometida a plazo de prescripción: puede reclamarse aunque la tarjeta esté cancelada desde hace años. Y si la entidad incluyó al cliente en un fichero de solvencia por una deuda que resulta inexistente, procede exigir la baja y, en su caso, la indemnización correspondiente.

Consejo profesional

Antes de presentar demanda hacemos siempre el mismo doble examen. Primero, el cálculo de usura con el tipo medio del mes exacto de la firma, no con el actual: es el error más común y el que más demandas hunde. Después, si el diferencial se queda corto, el análisis de transparencia del contrato. Muchas tarjetas que no son usurarias sí son opacas, y esa segunda puerta se abrió de par en par en 2025.

Si ya tiene claro que su tarjeta encaja, puede consultar nuestra guía sobre cómo reclamar una tarjeta revolving y recuperar el dinero tras las sentencias del Supremo o conocer nuestro trabajo en derecho bancario en Alicante.

Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre el umbral de usura en revolving

¿Qué TAE es usuraria en una tarjeta revolving contratada en 2026?

Con el tipo medio del Banco de España en el 18,26 % de julio de 2026, una TAE superior al 24,3 % aproximadamente supera el diferencial de seis puntos fijado por el Supremo. El cálculo debe rehacerse con el dato del mes concreto de la firma, porque el tipo medio varía cada mes.

¿Y si mi tarjeta es de hace diez o quince años?

Se aplica el tipo medio publicado en aquella fecha, no el actual. Entre 2017 y 2019 rondaba el 20 %, de modo que el umbral se situaba cerca del 26 %. Para contratos muy antiguos, cuando no existía serie específica, se acude a la referencia oficial más próxima disponible.

¿Puedo reclamar si ya terminé de pagar la tarjeta?

Sí. La nulidad por usura es radical y no prescribe, por lo que cabe reclamar aunque el contrato esté cancelado y liquidado. Lo único imprescindible es poder acreditar el contrato y el histórico de pagos, que la entidad está obligada a facilitar si usted no lo conserva.

Conclusión

El umbral existe, pero el cálculo hay que hacerlo bien

La doctrina actual convierte una discusión difusa en una operación aritmética: TAE del contrato, tipo medio del mes de la firma y seis puntos de diferencia. La trampa está en los detalles y en saber que, cuando el cálculo no sale, todavía queda la vía de la transparencia. En Alicante, Elche y el resto de la provincia atendemos cada semana casos de consumidores de toda la Comunidad Valenciana, y la conclusión se repite.

Hablemos de su caso

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Este artículo tiene carácter informativo general y no sustituye al asesoramiento jurídico individualizado. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

Código de Buenas Prácticas 2026: requisitos del umbral de exclusión para pedir la dación en pago

30 de agosto de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 6 minutos

Cuando la cuota de la hipoteca se come más de la mitad de lo que entra en casa, parece que ya solo queda esperar la ejecución. No es así. Existe una vía legal y gratuita para renegociar la deuda o incluso entregar la vivienda quedando libre de ella. Conocer los requisitos del Código de Buenas Prácticas es el primer paso, porque de ellos depende que el banco esté obligado a decir que sí.

Qué es y qué obliga

Los requisitos del Código de Buenas Prácticas: por qué el banco no puede negarse

El Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual es el anexo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Su mecánica tiene dos piezas. La adhesión de la entidad es voluntaria (artículo 5.1). Pero desde que se adhiere y el deudor acredita que está en el umbral de exclusión, aplicarlo pasa a ser de obligado cumplimiento (artículo 5.4). Ya no es una petición de gracia: es un derecho exigible. Las entidades comunican su adhesión a la Secretaría General del Tesoro, que publica el listado, y casi todas las que operan en Alicante, Elche y el resto de la provincia figuran en él.

Conviene deshacer una confusión frecuente en 2026. Junto a este Código permanente, en 2022 se aprobó otro coyuntural para aliviar la subida de los tipos (Real Decreto-ley 19/2022), dirigido a rentas medias. Era temporal: según informa el Banco de España, sus medidas podían pedirse hasta finales de noviembre de 2025, plazo extendido a finales de mayo de 2026 solo para residentes en zonas de la Comunidad Valenciana afectadas por la DANA. Cerrada esa ventana, el operativo es el de 2012.

Umbral de exclusión

Umbral de exclusión y dación en pago: los tres requisitos económicos

El artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2012 exige que concurran todas estas circunstancias.

Límite de ingresos. Que los ingresos conjuntos de la unidad familiar no superen tres veces el IPREM anual de catorce pagas. Sube a cuatro veces si algún miembro tiene declarada discapacidad superior al 33 %, dependencia o enfermedad que le incapacite permanentemente para trabajar; y a cinco veces en supuestos tasados, como discapacidad intelectual o enfermedad mental desde el 33 %, o discapacidad física o sensorial desde el 65 %.
Alteración significativa de circunstancias. Que en los cuatro años anteriores a la solicitud haya empeorado la situación económica, entendida como el incremento del esfuerzo que la carga hipotecaria representa sobre la renta familiar, o hayan sobrevenido circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.
Esfuerzo hipotecario. Que la cuota supere el 50 % de los ingresos netos del conjunto de la unidad familiar. Ese porcentaje baja al 40 % cuando concurre alguna de las situaciones de discapacidad, dependencia o enfermedad citadas.

Son circunstancias de especial vulnerabilidad: familia numerosa, unidad monoparental con hijos a cargo, presencia de un menor, un miembro con discapacidad superior al 33 %, dependencia o enfermedad incapacitante, convivencia con parientes hasta el tercer grado en esas situaciones, víctima de violencia de género o de trata, y deudor mayor de sesenta años.

Los umbrales de ingresos aplicables en 2026

El IPREM anual de catorce pagas continúa fijado en 8.400 euros, congelado desde 2023 por la prórroga presupuestaria. Con esa referencia, el límite general de tres veces se sitúa en 25.200 euros anuales para toda la unidad familiar; el de cuatro veces, en 33.600 euros; y el de cinco, en 42.000 euros. Conviene comprobar la cuantía vigente al solicitar.

Hay un requisito adicional que decide muchos expedientes. El artículo 5.2 limita el precio de adquisición de la vivienda: no puede exceder en más de un 20 % del resultado de multiplicar su superficie por el precio medio por metro cuadrado de vivienda libre del índice oficial correspondiente al año de compra y a la provincia, con un tope absoluto de 300.000 euros. Para la dación en pago el listón es más duro: mismo cálculo sin ese margen y tope de 250.000 euros.

Caso práctico: cuándo se cumple el umbral

Matrimonio en Alicante con dos hijos menores. Ingresos netos conjuntos de 1.700 euros al mes (23.800 euros anuales), por debajo del límite de 25.200. Cuota hipotecaria de 900 euros, el 52,9 % de esos ingresos, por encima del 50 % exigido. Además, la presencia de un menor ya constituye circunstancia de especial vulnerabilidad. Cumplen el umbral.

Escalera de medidas

Reestructuración de deuda hipotecaria: requisitos y orden de las medidas

El Código no ofrece un menú a la carta: las medidas se aplican en cascada y hay que agotar cada una para pasar a la siguiente.

Solicitar la reestructuración. La entidad tiene un mes desde la solicitud para notificar un plan. El deudor puede presentar el suyo, que el banco debe analizar y, si lo rechaza, motivar. Ojo al límite: no cabe pedirla si en la ejecución ya se anunció la subasta.
Recibir el plan con sus tres medidas. Carencia de cinco años en la amortización de capital, ampliación del plazo hasta un total de cuarenta años desde la concesión y reducción del tipo durante la carencia a euríbor menos 0,10. Hay versiones atenuadas si el esfuerzo creció menos de 1,5 sin especial vulnerabilidad.
Pedir la quita si el plan es inviable. Se considera inviable el que arroje una cuota superior al 50 % de los ingresos conjuntos. Acreditado eso, cabe solicitar una quita del capital pendiente, que la entidad puede aceptar o rechazar en un mes. Uno de los métodos previstos es la reducción del 25 %.
Solicitar la dación en pago. Dentro de los veinticuatro meses siguientes a la solicitud de reestructuración, si esta y la quita no resultan viables. Aquí la entidad está obligada a aceptar la entrega, quedando la deuda definitivamente cancelada.
Pedir el alquiler posterior. Solicitándolo en el mismo momento de la dación, el deudor puede seguir dos años en la vivienda como arrendatario, con una renta anual del 3 % del importe de la deuda en ese momento.

Para la quita y la dación se exigen además los requisitos del artículo 3.2: carecer de otros bienes suficientes, que sea la única vivienda en propiedad y que el préstamo se concediera para adquirirla, y que los codeudores ajenos cumplan también las condiciones.

Dos límites cierran el paso a la dación: que ya se haya anunciado la subasta y que la vivienda esté gravada con cargas posteriores. Este segundo frustra muchas operaciones, porque un simple embargo anotado después basta para dejar fuera al deudor; por eso conviene pedir nota simple antes de iniciar nada. Si esta vía se cierra, el terreno pasa a ser el de la defensa inmobiliaria y patrimonial.

Consejo profesional

La dación del Código cancela la deuda garantizada y también las responsabilidades personales del deudor y de terceros por esa misma deuda. Es una diferencia sustancial frente a la dación pactada libremente, donde la letra pequeña puede dejar vivos importes accesorios. El Tribunal Supremo ha tenido que aclarar quién responde de ciertos conceptos previos en daciones convencionales, como explicamos en este análisis sobre dación en pago y obligaciones previas. Antes de entregar las llaves, compruebe si encaja en el umbral: la protección legal es muy superior a la de un acuerdo privado.

Trámite y coste

Cómo se solicita: documentación y fiscalidad

La solicitud se dirige a la entidad con la documentación del artículo 3.3: certificado de rentas de la AEAT, últimas tres nóminas y certificados de prestaciones por desempleo o ingreso mínimo vital; libro de familia y empadronamiento referido al momento de la solicitud y a los seis meses anteriores; declaración de discapacidad o dependencia si procede; escrituras de compraventa e hipoteca; y una declaración responsable según el modelo aprobado por la comisión de seguimiento.

La fiscalidad acompaña a quien cumple los requisitos, y ese punto suele decidir la operación. El artículo 33.4.d) de la Ley 35/2006 del IRPF declara exenta la ganancia patrimonial derivada de la dación en pago de la vivienda habitual, y también de las ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales, siempre que el propietario no disponga de otros bienes suficientes. El artículo 105.1.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales exime esas mismas transmisiones de la plusvalía municipal. Entregar la vivienda por esta vía no genera factura fiscal añadida.

Una advertencia necesaria: el artículo 7 hace responsable de daños, perjuicios y gastos a quien se beneficie de estas medidas sin reunir los requisitos o busque deliberadamente situarse en el umbral. Hay que poder acreditar cada dato. Prepare el expediente con un abogado especialista en derecho bancario antes de presentarlo. Puede consultar el Real Decreto-ley 6/2012 publicado en el BOE.

Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre los requisitos del Código

¿Puedo pedir la dación en pago si ya me han demandado?

Sí, siempre que el procedimiento de ejecución no haya llegado al anuncio de la subasta. Ese es el momento que cierra la puerta tanto a la reestructuración como a la dación. Si ya se anunció, hay que valorar otras vías de defensa procesal, así que conviene actuar en cuanto llega la primera notificación judicial.

¿Qué pasa si mi banco no está adherido al Código?

La adhesión es voluntaria y, si la entidad no se ha adherido, el Código no la vincula. Aun así, la mayoría de entidades significativas figuran en el listado de la Secretaría General del Tesoro. Conviene comprobarlo primero y, si no consta, negociar una salida convencional o estudiar el marco concursal.

¿El aval de mis padres queda liberado con la dación?

Sí. La dación acogida al Código supone la cancelación total de la deuda garantizada y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por esa deuda. Es la diferencia clave respecto de una dación negociada al margen de la norma, donde el avalista puede seguir expuesto.

Conclusión

Cumplir los requisitos convierte una súplica en un derecho

El Código de Buenas Prácticas no es una ayuda discrecional del banco: acreditado el umbral de exclusión, vincula a la entidad adherida. La dificultad no está en la norma, sino en armar el expediente con la documentación correcta y hacerlo antes de que el procedimiento llegue al punto de no retorno. Cada mes cuenta.

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Este artículo ofrece información jurídica general y no sustituye al asesoramiento individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

Oponerse a la ejecución hipotecaria: los 10 días que deciden si conservas tu casa

17 de agosto de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 7 minutos

Recibir la notificación de que el banco o el fondo ha puesto en marcha la ejecución de su hipoteca es uno de los momentos más duros que atendemos en el despacho. También uno de los más decisivos: desde ese día usted dispone de diez días hábiles para oponerse a la ejecución hipotecaria. Lo que se haga —o se deje de hacer— en ese plazo condiciona todo lo que venga después.

Punto de partida

Qué significa oponerse a la ejecución hipotecaria

La ejecución hipotecaria es un procedimiento especial, regulado en los artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Es un proceso sumario: nace de una escritura con fuerza ejecutiva y está pensado para ir directo a la realización del bien, no para revisar el contrato de principio a fin.

Por eso el legislador no permite discutirlo todo. Oponerse a la ejecución hipotecaria significa presentar, dentro de plazo y por escrito, alguna de las causas tasadas que enumera el artículo 695 LEC. Fuera de esas causas, la puerta procesal está cerrada.

El artículo 698 LEC lo dice con claridad: cualquier otra reclamación del deudor —incluidas las que versen sobre la nulidad del título o sobre el vencimiento, la certeza, la extinción o la cuantía de la deuda— se ventila en el juicio declarativo que corresponda, «sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer» la ejecución. Traducido: si el motivo no encaja en el artículo 695, habrá que pleitear aparte y la subasta seguirá su curso.

El reloj

El plazo de oposición a la ejecución hipotecaria: diez días hábiles

El artículo 695 LEC no fija por sí mismo el plazo. Lo hace el artículo 556.1 LEC, al que se remite el artículo 557.1: el ejecutado puede oponerse «dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución».

Ese plazo se computa según el artículo 133 LEC. Empieza a correr el día siguiente al acto de comunicación, se cuenta el día del vencimiento —que expira a las veinticuatro horas— y se excluyen los días inhábiles. Y aquí conviene ser preciso, porque el plazo oposición ejecución hipotecaria se pierde más veces por error de cómputo que por falta de argumentos.

Son inhábiles a efectos procesales, conforme al artículo 130.2 LEC, los sábados y domingos, los días entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, las fiestas nacionales y las festivas a efectos laborales en la Comunidad Valenciana o en la localidad —que en Alicante y en Elche no coinciden entre sí— y los días del mes de agosto.

Ejemplo de cómputo

Auto de ejecución notificado el 27 de julio. El plazo arranca el día 28, pero agosto es inhábil por completo, de modo que el cómputo se reanuda el primer día hábil de septiembre. Sin la fecha exacta de notificación, cualquier cálculo es una conjetura.

Dos advertencias prácticas. La primera: el plazo no es prorrogable ni se reabre por negociar con la entidad. La segunda: el escrito exige abogado y procurador, así que la búsqueda de profesional no puede dejarse para el día ocho.

Causas tasadas

Las cuatro causas del artículo 695 LEC

El apartado 1 del artículo 695 LEC admite la oposición del ejecutado únicamente en estos supuestos:

Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, acreditada con certificación registral de cancelación de la hipoteca o con escritura pública de carta de pago o de cancelación.
Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo del cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado; el deudor debe señalar con precisión en qué puntos discrepa de la liquidación de la entidad.
En ejecución de bienes muebles hipotecados o con prenda sin desplazamiento, la sujeción de esos bienes a otra garantía o embargo inscritos con anterioridad, acreditada con certificación registral.
El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.

Formulada la oposición, el efecto es inmediato: conforme al artículo 695.2 LEC, el letrado de la Administración de Justicia suspende la ejecución y convoca a las partes a una comparecencia ante el tribunal, debiendo mediar quince días desde la citación. Oídas las partes y admitidos los documentos, el tribunal resuelve por auto dentro del segundo día.

Cláusulas abusivas

La cláusula abusiva como causa de oposición: qué cambió en 2024

La cuarta causa se incorporó a la LEC por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y es hoy la vía más utilizada. Sus efectos los fija el artículo 695.3 LEC: si la cláusula abusiva fundamenta la ejecución, se acuerda el sobreseimiento; si solo influye en la cantidad, la ejecución continúa con la cláusula inaplicada.

La novedad relevante llegó con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024. Desde entonces, el auto que resuelve la oposición debe pronunciarse expresamente sobre el carácter abusivo de las cláusulas examinadas y, una vez firme, ese pronunciamiento tiene eficacia de cosa juzgada. La misma regla se ha trasladado al control de oficio: el artículo 552.4 LEC obliga al tribunal, cuando la ejecución se funda en un contrato entre empresario y consumidor, a dar audiencia por quince días a las partes si aprecia una posible cláusula abusiva y a resolver en cinco días hábiles, con idéntico efecto de cosa juzgada.

Esto cambia el cálculo de estrategia. Antes, el auto que resolvía la cláusula abusiva oposición ejecución agotaba sus efectos en ese procedimiento; ahora el pronunciamiento firme se proyecta más allá, de modo que plantear mal la oposición puede cerrar puertas futuras.

El campo de batalla habitual es el vencimiento anticipado. El artículo 693.2 LEC remite, cuando el prestatario es persona física y la hipoteca recae sobre vivienda o su finalidad es adquirir inmuebles de uso residencial, al artículo 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Ese precepto solo permite dar por vencido el préstamo si concurren tres requisitos: mora en el pago, un impago mínimo —3 % del capital concedido o doce cuotas mensuales en la primera mitad del préstamo; 7 % o quince cuotas en la segunda mitad— y un requerimiento previo de pago concediendo al menos un mes. No admite pacto en contrario.

Un caso frecuente en la provincia de Alicante

Préstamo de 150.000 euros a treinta años. Si el impago se produce en el año ocho —primera mitad del plazo—, el umbral del 3 % son 4.500 euros, o bien doce cuotas. Si la entidad presentó la demanda sin alcanzar ese umbral o sin el requerimiento previo con plazo de un mes, hay materia sólida para la oposición.

Para los préstamos anteriores a la Ley 5/2019, la disposición transitoria primera, apartado 4, aplica igualmente el artículo 24, salvo que el deudor alegue que la cláusula pactada le resulta más favorable y salvo que el vencimiento anticipado ya se hubiera producido antes de su entrada en vigor.

Paso a paso

Cómo se prepara el escrito de oposición

Fije la fecha exacta de notificación. Es el punto de partida del plazo. Conserve el sobre, la diligencia o el aviso electrónico.
Reúna la documentación. Escritura de préstamo, cuadro de amortización, certificado de la deuda que acompaña la demanda, extractos de los recibos impagados y cualquier requerimiento recibido de la entidad.
Revise el requerimiento previo. Compruebe si existe, si concedía al menos un mes y si el impago alcanzaba los umbrales del artículo 24 de la Ley 5/2019 en la fecha de la demanda.
Analice el clausulado completo. Vencimiento anticipado, intereses de demora, cláusula suelo, gastos, comisiones y forma de liquidar la deuda: cualquiera de ellas puede haber determinado la cantidad exigible.
Presente el escrito dentro de los diez días. Con abogado y procurador, identificando la causa del artículo 695 LEC en que se apoya y acompañando la prueba documental exigida por cada una.
Prepare la comparecencia. Se celebrará mediando quince días desde la citación y el tribunal resolverá por auto en el segundo día siguiente. Contra el auto de sobreseimiento, el que inaplica una cláusula abusiva o el que desestima la oposición por la causa cuarta cabe recurso de apelación (artículo 695.4 LEC).

Consejo profesional

En nuestra experiencia con procedimientos hipotecarios en Alicante y Elche, el error más caro no es perder la oposición: es dejar pasar los diez días confiando en una negociación verbal con la entidad. La oposición suspende la ejecución y abre un espacio real para negociar; el silencio no suspende nada. Si el plazo ya venció y hay subasta señalada, aún quedan vías, pero son más estrechas: las explicamos en nuestra guía sobre cómo parar una subasta judicial a última hora.

Dudas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre la oposición a la ejecución hipotecaria

¿Se paraliza el procedimiento si presento la oposición?

Sí. El artículo 695.2 LEC establece que, formulada la oposición, el letrado de la Administración de Justicia suspende la ejecución y convoca a las partes a una comparecencia ante el tribunal, mediando quince días desde la citación. La suspensión se mantiene hasta que se dicte el auto que resuelve.

¿Puedo alegar que la deuda está mal calculada o que la hipoteca es nula?

Solo si encaja en una de las cuatro causas del artículo 695 LEC. El resto de reclamaciones —nulidad del título, certeza o cuantía de la deuda— se canalizan por el artículo 698 LEC en un juicio declarativo aparte que, por expresa previsión legal, no suspende la ejecución hipotecaria en curso.

¿Qué puedo hacer si ya se me han pasado los diez días?

El tribunal mantiene su deber de control de oficio de las cláusulas abusivas conforme al artículo 552 LEC. Además, si el bien hipotecado es la vivienda habitual, el artículo 693.3 LEC permite liberarla consignando lo vencido antes de que se cierre la subasta. Conviene revisarlo cuanto antes con un abogado.

Conclusión

Diez días que deciden mucho más que un procedimiento

La ejecución hipotecaria concede al deudor un margen estrecho, pero real. Diez días hábiles, cuatro causas tasadas y un efecto potente: la suspensión del procedimiento mientras el juzgado decide. Con la reforma en vigor desde marzo de 2024, además, lo que se resuelva sobre las cláusulas abusivas tendrá eficacia de cosa juzgada, lo que exige plantear la oposición con criterio desde el primer escrito. Si ha recibido una notificación de este tipo, lo primero es fechar el plazo; lo segundo, revisar la escritura con un profesional. Puede consultar el texto consolidado de la Ley de Enjuiciamiento Civil publicado en el BOE y conocer nuestro trabajo en defensa frente a bancos y fondos de inversión y en el área de derecho inmobiliario.

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¿Le han notificado una ejecución hipotecaria y no sabe cuántos días le quedan?

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Retracto de crédito litigioso: recompra tu deuda por lo que pagó el fondo, en 9 días

17 de agosto de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 7 minutos

Un fondo compró tu deuda al banco por una fracción de lo que ahora te reclama, y te exige el importe íntegro. El retracto de crédito litigioso del artículo 1535 del Código Civil permite darle la vuelta a esa operación: extinguir la deuda reembolsando al fondo exactamente lo que él pagó por ella. Es una de las herramientas más potentes que tiene un deudor en el ordenamiento español, y también una de las que más rápido caducan.

Artículo 1535 CC

Qué es el retracto de crédito litigioso

Cuando una entidad financiera vende tu préstamo o tu tarjeta a un fondo, el crédito no cambia de importe: cambia de dueño. Lo que sí cambia es el precio que el nuevo titular ha desembolsado, muy por debajo del nominal que después reclama.

El artículo 1535 del Código Civil dice literalmente:

Texto del artículo 1535 CC

«Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame el pago.»

La figura se conoce también como retracto anastasiano. Técnicamente no es un retracto: el Tribunal Supremo, en su sentencia 976/2008, de 31 de octubre, advirtió de que «propiamente no lo es porque no hay subrogación». Es una facultad para extinguir la propia deuda mediante un pago parcial con plenos efectos liberatorios. El resultado práctico es el que su nombre sugiere: recomprar la deuda al fondo por el precio pagado y quedar libre.

Conviene distinguirlo de la defensa frente a la reclamación. Si lo que ha llegado a tu domicilio es una demanda o un monitorio, la estrategia es otra y la explicamos en nuestra guía sobre cómo defenderte si te demandan por una deuda con un fondo buitre. El artículo 1535 CC es distinto: no es escudo, es una acción ofensiva.

Los requisitos

Cuándo puede usarse el retracto de crédito litigioso

El Supremo interpreta el precepto de forma restrictiva. No basta con que exista un pleito de por medio. Estos son los requisitos que la Sala Primera viene exigiendo:

Que haya existido una venta del crédito, es decir, una cesión onerosa e individualizada, y no una transmisión en bloque por sucesión universal.
Que el crédito sea litigioso en sentido técnico: que se haya reclamado judicialmente la declaración de su existencia y exigibilidad y que el deudor la haya contradicho o negado.
Que el pleito estuviera ya iniciado y todavía sin terminar en el momento de firmarse la cesión. Es el requisito temporal.
Que se haya contestado a la demanda o haya precluido el plazo para hacerlo. Ese es el día inicial que fija el propio artículo 1535 CC.
Que la sentencia no sea aún firme. Con la firmeza el crédito pierde su condición de litigioso, según la doctrina que arranca de la sentencia 690/1969, de 16 de diciembre.
Que no concurra ninguna de las excepciones del artículo 1536 CC: cesión a un coheredero o condueño del derecho cedido, a un acreedor en pago de su crédito, o al poseedor de una finca sujeta al derecho litigioso.

Hay un matiz que decide muchos pleitos. No convierte el crédito en litigioso cualquier discusión judicial que le afecte. En la sentencia 151/2020, de 5 de marzo, el Tribunal Supremo consideró que una demanda dirigida a anular cláusulas suelo no otorgaba a los préstamos la condición de litigiosos, porque esa pretensión no afectaba a la existencia ni a la exigibilidad de los créditos. Lo que debe estar en discusión es el crédito mismo, no una de sus condiciones.

Nueve días

El plazo de 9 días del retracto de crédito: desde cuándo cuenta

Aquí es donde se pierde la mayoría de los casos. El artículo 1535 CC concede nueve días «contados desde que el cesionario le reclame el pago». No desde que se firma la cesión, ni desde que te notifican que hay un nuevo acreedor: desde la reclamación de pago del cesionario.

Son días de cómputo civil. Conforme al artículo 5 del Código Civil, el día de la reclamación queda excluido y el plazo empieza al siguiente; y, muy importante, en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. Los sábados, los domingos y los festivos cuentan. Nueve días son nueve días naturales.

Ejemplo de cómputo

Un vecino de Elche recibe el 3 de marzo un burofax de un fondo reclamándole el pago de un préstamo cuya ejecución está pendiente de recurso. El plazo empieza a correr el 4 de marzo y vence el 12 de marzo, incluidos fin de semana y festivos. A partir del día 13 la facultad del artículo 1535 CC ya no puede ejercitarse.

Por eso conservamos siempre el sobre y el acuse de recibo: la fecha de la reclamación decide si todavía hay acción. En la provincia de Alicante estas consultas suelen venir de préstamos al consumo y tarjetas revolving cedidos en bloque, y se ventilan ante los juzgados de Alicante y Elche. El criterio de las Audiencias no es uniforme en toda la Comunidad Valenciana, así que conviene revisar cómo se ha resuelto en el partido judicial que corresponda.

Paso a paso

Cómo se ejercita la acción

Fecha la reclamación y verifica el estado del pleito. Comprueba que existe un procedimiento declarativo sobre el crédito, que se contestó a la demanda y que no hay sentencia firme.
Exige la documentación de la cesión. Hay que pedir al fondo la escritura de cesión y el anexo donde figure el precio atribuido a tu crédito concreto. El artículo 1526 CC exige, además, que la cesión conste de forma que su fecha pueda tenerse por cierta frente a terceros.
Calcula el importe a reembolsar. No es solo el precio: el artículo 1535 CC suma las costas ocasionadas al cesionario y los intereses del precio desde el día en que este fue satisfecho.
Consigna o garantiza el pago. El artículo 266.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a acompañar a la demanda de retracto un principio de prueba del título y el documento que acredite haber consignado el precio si fuera conocido, o haber constituido caución que garantice la consignación cuando se conozca.
Presenta la demanda dentro de los nueve días. El plazo es de caducidad: no se interrumpe con una reclamación extrajudicial ni con una negociación.
Efecto: extinción de la deuda. Estimada la acción, el crédito se extingue por confusión al colocarse el deudor en la posición activa. La deuda desaparece, no se aplaza.

Ventas en globo

El obstáculo real: las carteras vendidas en bloque

La mayoría de las cesiones a fondos no son ventas de un crédito, sino de miles a la vez por un precio alzado y global. Y ahí el artículo 1532 CC, que regula la venta «alzadamente o en globo» de la totalidad de ciertos derechos, desplaza al 1535.

El Tribunal Supremo lo viene declarando desde la sentencia 165/2015, de 1 de abril, y lo consolidó en las sentencias 151/2020, de 5 de marzo, y 505/2020, de 5 de octubre, reiteradas por la 277/2021, de 10 de mayo. Pesan la literalidad del artículo 1535 CC, que habla de «un crédito» en singular; el carácter unitario del consentimiento y de la causa del contrato; y la economía de escala, que impide que el precio global coincida con la suma de los individuales. El propio legislador excluyó el artículo 1535 CC en las cesiones a la sociedad de gestión de activos, en el artículo 36.4.b) de la Ley 9/2012.

Novedad: STS de 23 de febrero de 2026

La Sala Primera del Tribunal Supremo (sentencia de 23 de febrero de 2026, ECLI:ES:TS:2026:747, recurso 1457/2021) ha vuelto sobre la cuestión y ha estimado el recurso del fondo cesionario: el negocio por el que adquirió el crédito reunía todos los requisitos de la venta alzada de cartera del artículo 1532 CC, «a la que no es aplicable la posibilidad prevista en el art. 1535 CC». La resolución reconoce expresamente que existía contradicción entre distintas Audiencias Provinciales sobre este punto.

Que el criterio esté consolidado no significa que la puerta esté cerrada. Calificar una operación como venta en globo o como cesión individualizada es una cuestión de hecho que depende de cómo se redactó el contrato: si el crédito tiene precio propio en el anexo, si la cartera se troceó en subcarteras o si la cesión se documentó por separado. Es una batalla que se gana leyendo el contrato.

Consejo profesional

Antes de plantear un retracto, medimos dos cosas: la fecha exacta de la reclamación de pago y la forma en que se documentó la cesión. Si la operación fue una venta en globo, la vía del artículo 1535 CC será cuesta arriba y suele rendir más atacar la legitimación activa del fondo, la prescripción o el carácter abusivo de las cláusulas. Si la cesión fue individualizada y hay pleito vivo, el retracto puede extinguir la deuda completa en unas semanas. Esa decisión no debe tomarse sin analizar el expediente: puede consultarnos a través de nuestra área de derecho bancario en Alicante.

Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre el artículo 1535 CC

¿Puedo ejercitar el retracto si el fondo aún no me ha demandado?

No como acción autónoma. El artículo 1535 CC exige que el crédito sea litigioso, y eso presupone un procedimiento declarativo ya contestado. Si el fondo solo te ha enviado una carta y no hay pleito, todavía no se da el presupuesto de la norma, aunque sí conviene documentar y conservar toda la correspondencia recibida.

¿Cuánto tendría que pagar exactamente?

El precio que el cesionario pagó por tu crédito, más las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses de ese precio desde el día en que lo abonó. El importe nominal de la deuda es irrelevante: por eso la figura resulta tan ventajosa cuando prospera.

¿Qué pasa si el fondo se niega a decirme el precio?

Es lo habitual en las cesiones de cartera. La documentación puede reclamarse en el propio procedimiento y aportarse el contrato de cesión con sus anexos. Si no se acredita un precio individualizado para tu crédito, lo más probable es que estemos ante una venta en globo del artículo 1532 CC y haya que reorientar la estrategia.

Conclusión

Una herramienta potente, pero con reloj

El retracto de crédito litigioso no sirve para todos los casos y la jurisprudencia reciente ha estrechado su ámbito en las grandes carteras. Pero cuando concurren los requisitos es la única vía que extingue íntegramente una deuda pagando lo que realmente costó. Si un fondo le ha reclamado un crédito que está en pleito, el tiempo para decidir se mide en días: conviene revisar el expediente de inmediato.

Hablemos de su caso

¿Un fondo le reclama una deuda que compró al banco?

En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso con presupuesto cerrado.

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Este artículo tiene carácter informativo general y no sustituye al asesoramiento jurídico individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

Reclamación bancaria por descubierto y comisiones abusivas: jurisprudencia 2025 (Alicante)

27 de mayo de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 7 minutos

Abres la app del banco y, entre los movimientos del mes, aparecen cargos que no esperabas: «comisión por descubierto», «reclamación de posiciones deudoras», «gastos de reclamación»… A veces son 30 o 35 euros cada vez que un recibo no se puede pagar, y otras veces se suman a los intereses que ya te cobra el banco por haberte quedado en números rojos. Es una situación muy frecuente y, en muchos casos, esas comisiones se pueden reclamar.

En este artículo te explicamos qué comisiones puede cobrar legalmente el banco cuando tu cuenta queda en descubierto, cuándo son abusivas según el Tribunal Supremo (incluida la sentencia de diciembre de 2025 que prohíbe el doble cobro) y cómo recuperar tu dinero paso a paso desde Alicante.

Respuesta rápida: el banco solo puede cobrar una comisión si responde a un servicio realmente prestado y a un gasto efectivamente realizado (art. 3.1 de la Orden EHA/2899/2011). Por eso el Tribunal Supremo declaró abusiva la comisión automática por «reclamación de posiciones deudoras» (STS 566/2019) y, en diciembre de 2025, prohibió cobrar a la vez comisión por descubierto e intereses de demora sobre el mismo saldo y periodo (STS 1875/2025). Además, en las cuentas de consumidores, intereses y comisiones del descubierto no pueden superar una TAE de 2,5 veces el interés legal del dinero: un 8,125 % en 2026. Lo cobrado de más se reclama primero al banco y, si no lo devuelve, ante el Banco de España o el juzgado.

Qué cobra el banco cuando tu cuenta se queda en números rojos

Cuando pagas más de lo que tienes en la cuenta (un recibo, una compra con tarjeta, una transferencia), el banco te está prestando dinero aunque no hayas firmado un préstamo. Es lo que se llama descubierto tácito. En las cuentas de crédito de autónomos y empresas, lo equivalente es el excedido: gastar por encima del límite pactado. A partir de ahí pueden aparecer varios cargos distintos:

Intereses del descubierto o de demora: se calculan sobre el saldo negativo y por los días que dura.
Comisión por descubierto o por excedido: un porcentaje sobre el mayor saldo negativo del periodo, normalmente con un mínimo fijo.
Comisión por reclamación de posiciones deudoras (o «gastos de reclamación»): una cantidad fija, a menudo 30 o 35 euros, que el banco carga cuando un pago queda impagado.

Cada uno de estos conceptos tiene sus propias reglas, y el problema suele estar en cómo se combinan.

Cuándo es abusiva una comisión: lo que dice el Tribunal Supremo

La regla básica: solo se cobra por un servicio real

La normativa de transparencia bancaria es clara. El artículo 3.1 de la Orden EHA/2899/2011 establece que solo podrán cobrarse comisiones por servicios solicitados o aceptados por el cliente «y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos». Si no hay servicio ni gasto real detrás del cargo, no hay causa para cobrarlo. En contratos con consumidores, además, la Ley General para la Defensa de los Consumidores considera abusivo cobrar por servicios que no se prestan de forma efectiva.

STS 566/2019: la comisión automática por reclamar un impagado

En su sentencia 566/2019, de 25 de octubre, la Sala Primera del Tribunal Supremo anuló la comisión de 30 euros que una entidad cobraba por cada «reclamación de posiciones deudoras». El Supremo consideró abusiva una comisión que:

se cargaba de forma automática, por el simple hecho de que hubiera un saldo deudor;
no distinguía si el retraso era de un día o de varios meses;
podía repetirse sin que el banco identificara qué gestión concreta de recobro había hecho ni cuánto le había costado.

La comisión por reclamación no está prohibida en sí misma, pero solo es válida si el banco realiza gestiones reales para recuperar la deuda y puede demostrarlo. Una llamada automática o un SMS genérico difícilmente justifican cobrar 30 euros cada vez.

STS 431/2020: la comisión por descubierto sí puede ser válida

En la sentencia 431/2020, de 15 de julio, el Supremo aclaró que la comisión por descubierto es distinta de la de reclamación: retribuye que el banco te preste dinero cuando no tienes saldo, que es un servicio real. Puede ser válida si está pactada en el contrato, se te ha informado de ella y, en cuentas de consumidores, no supera el límite legal que veremos más abajo.

STS 1875/2025: no se puede cobrar dos veces por el mismo descubierto

La novedad más importante es la sentencia 1875/2025, de 17 de diciembre (recurso 7016/2021). El banco cobraba, por el mismo saldo excedido en varias cuentas de crédito, una comisión del 4,5 % sobre el mayor saldo excedido y, al mismo tiempo, intereses de demora del 29 %. El Supremo dio la razón al cliente: si el banco ya cobra intereses de demora sobre el exceso, no puede cobrar además una comisión sobre ese mismo exceso en el mismo periodo, porque estaría retribuyendo dos veces el mismo servicio.

Hay un detalle relevante: el cliente era una empresa, no un consumidor, y el Supremo aplicó igualmente la prohibición del doble cobro. Por eso esta sentencia interesa también a autónomos y pymes con pólizas o cuentas de crédito.

El límite legal del descubierto en cuentas de consumidores

Si eres consumidor, la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo, añade dos protecciones en su artículo 20:

Tope de coste (art. 20.4): el descubierto tácito no puede dar lugar a una TAE superior a 2,5 veces el interés legal del dinero. Como explica el Banco de España, en ese cálculo se suman los intereses y las comisiones. Con el interés legal en el 3,25 %, el máximo en 2026 es una TAE del 8,125 %.
Deber de aviso (art. 20.3): si el descubierto es importante y dura más de un mes, el banco debe informarte sin demora del descubierto, su importe, el tipo deudor y las penalizaciones o intereses aplicables.

En descubiertos pequeños y de pocos días, una comisión fija de 15 o 20 euros puede disparar la TAE muy por encima de ese 8,125 %. En esos casos, el exceso se puede reclamar.

Resumen: qué se puede cobrar y qué se puede reclamar

Cargo	Cuándo puede cobrarse	Cuándo se puede reclamar	Referencia
Comisión por reclamación de posiciones deudoras	Solo si hay gestiones reales de recobro, acreditadas y con coste real	Si se carga de forma automática, por cada impagado o sin gestión identificable	STS 566/2019; art. 3.1 Orden EHA/2899/2011
Comisión por descubierto o excedido	Si está pactada, se ha informado y (en consumidores) respeta el tope legal	Si, sumada a los intereses, supera una TAE de 2,5 veces el interés legal (8,125 % en 2026)	STS 431/2020; art. 20.4 Ley 16/2011
Comisión por descubierto + intereses de demora sobre el mismo exceso	Nunca a la vez en el mismo periodo	Siempre que se hayan cobrado ambas por el mismo saldo y periodo, también si eres empresa	STS 1875/2025
Comisiones por servicios que no has pedido ni recibido	No pueden cobrarse	Siempre	Art. 3.1 Orden EHA/2899/2011

Cómo reclamar las comisiones abusivas, paso a paso

1. Localiza los cargos en tus extractos

Revisa los extractos de los últimos años y anota cada cargo con fecha e importe. Busca conceptos como «comisión descubierto», «comisión excedido», «reclamación posiciones deudoras», «gastos de reclamación» o «comisión por impagado». Pide también al banco una copia del contrato de la cuenta y el folleto de tarifas vigente en cada momento.

2. Reclama por escrito al Servicio de Atención al Cliente del banco

Presenta una reclamación al Servicio de Atención al Cliente o al Defensor del Cliente de la entidad, con la lista de cargos y la petición de devolución. Según el Banco de España, el banco debe responder en 15 días hábiles si la reclamación afecta a servicios de pago (cuentas, tarjetas, recibos) y, en general, en un mes en el resto de reclamaciones de consumidores. Guarda el justificante de presentación.

3. Si no te contesta o lo rechaza: Banco de España

Con la respuesta negativa, o si el plazo ha pasado sin respuesta, puedes acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Es gratuito, pero su informe no obliga al banco: muchas entidades rectifican, otras no. Si cuando reclames ya está en funcionamiento la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, será ella quien tramite estas reclamaciones.

4. La vía judicial

Desde la Ley Orgánica 1/2025, antes de demandar hay que acreditar un intento de solución extrajudicial (los llamados MASC). En las reclamaciones de consumo, una reclamación previa al banco bien documentada suele cumplir esta función, aunque conviene revisarla con un abogado para que no se inadmita la demanda. Las reclamaciones de hasta 15.000 euros se tramitan por juicio verbal, y por debajo de 2.000 euros no es obligatorio ir con abogado y procurador.

Cuánto se puede recuperar y hasta cuándo

La declaración de nulidad de una cláusula abusiva obliga al banco a devolver lo cobrado por ella, con sus intereses legales desde cada cargo. Las cantidades sueltas parecen pequeñas, pero se acumulan: por ejemplo, 30 euros por cada uno de 20 recibos devueltos a lo largo de varios años suman 600 euros, más intereses. En pólizas de crédito de empresas, como en el caso de la STS 1875/2025, las cantidades pueden ser mucho mayores.

En cuanto a plazos, la acción para que se declare abusiva una cláusula no prescribe, pero la reclamación de la devolución tiene un plazo de cinco años y el momento desde el que empieza a contar está siendo matizado por el Tribunal de Justicia de la UE y por el Supremo. Por eso conviene no esperar y reclamar cuanto antes, sobre todo los cargos más antiguos.

Preguntas frecuentes

¿Puede el banco cobrarme una comisión cada vez que me devuelven un recibo?

No de forma automática. Según la STS 566/2019, la comisión por reclamación de posiciones deudoras solo es válida si el banco hace gestiones reales de recobro y puede demostrarlo. Una comisión fija cargada por cada impagado, sin más, es reclamable.

Soy autónomo y tengo una póliza de crédito, ¿también puedo reclamar?

Sí, al menos en cuanto al doble cobro. La STS 1875/2025 aplicó la prohibición de cobrar comisión por excedido e intereses de demora sobre el mismo saldo a una empresa. Otras protecciones, como el control de abusividad o el tope del 8,125 % TAE, son exclusivas de los consumidores.

¿Necesito un abogado para reclamar?

Para la reclamación al banco y al Banco de España no es obligatorio. Para la demanda judicial sí lo es cuando se reclaman más de 2.000 euros, y en cualquier caso ayuda a calcular bien lo cobrado de más y a que el intento previo de acuerdo sea válido.

Revisamos tus extractos

En Santamaría Baeza Abogados, en Alicante, revisamos los extractos y el contrato de tu cuenta, calculamos qué comisiones e intereses se te han cobrado de más y reclamamos su devolución al banco y, si hace falta, en el juzgado. Puedes ver cómo trabajamos en derecho bancario o contactar con Santamaría Baeza Abogados en el 654 581 493.

También te puede interesar: cómo reclamar una tarjeta revolving, qué TAE se considera usuraria en 2026 y cómo reclamar los gastos de hipoteca.

Fuentes

Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios (art. 3) – BOE.
Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo (art. 20) – BOE.
Tipos aplicados en descubiertos y excedidos tácitos – Banco de España.
Quiero reclamar contra mi banco: ¿qué plazos han de cumplirse? – Banco de España.
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera: 566/2019, de 25 de octubre (ECLI:ES:TS:2019:3315); 431/2020, de 15 de julio; y 1875/2025, de 17 de diciembre (rec. 7016/2021). Disponibles en el buscador del CENDOJ.

Reclamar gastos hipoteca 2026 en Alicante: el Supremo confirma que aún hay tiempo (STS 1650/2025)

5 de mayo de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 7 minutos

Tiempo estimado de lectura: 9 minutos

Si usted firmó su hipoteca hace diez, quince o incluso veinte años, probablemente pagó de su bolsillo la notaría, el registro de la propiedad, la gestoría y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que correspondían al banco. Durante años, muchos despachos le habrán dicho que «ya no se puede reclamar». La sentencia STS 1650/2025, de 18 de noviembre de 2025, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, deja claro lo contrario: el plazo de prescripción de la acción de restitución de los gastos hipotecarios no comienza a correr desde la firma del préstamo, sino desde que existe una sentencia firme que declara abusiva la cláusula. En consecuencia, miles de hipotecas firmadas en Alicante entre 2003 y 2018 siguen siendo plenamente reclamables en 2026.

En Santamaría Baeza Abogados, despacho independiente de Alicante con más de una década de experiencia en derecho bancario, hemos actualizado nuestro protocolo de reclamación a la nueva doctrina del Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este artículo le explicamos, con toda la legislación y jurisprudencia citada, qué puede recuperar, en qué plazo y cómo lo hacemos sin que usted adelante un solo euro.

Qué son los «gastos hipotecarios» y por qué se pueden reclamar

Cuando se constituye un préstamo hipotecario se generan una serie de gastos derivados de la propia escritura: aranceles notariales, inscripción en el Registro de la Propiedad, honorarios de gestoría, tasación del inmueble e Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). Durante décadas, la gran mayoría de las entidades financieras incluyeron en sus contratos cláusulas que imponían al consumidor el pago de la totalidad de esos gastos.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia del Pleno núm. 705/2015, de 23 de diciembre, declaró nula por abusiva esa cláusula de imposición de gastos al consumidor, con base en el artículo 89.3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). El efecto natural de la nulidad es la restitución íntegra de las cantidades indebidamente pagadas, conforme al artículo 1303 del Código Civil, que ordena que las partes se restituyan recíprocamente las cosas que hubieran sido materia del contrato.

Posteriormente, las SSTS 44/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019, de 23 de enero de 2019, fijaron el reparto concreto de cada partida tras la declaración de nulidad: notaría al 50%, registro de la propiedad al 100% para el banco, gestoría al 100% para el banco y tasación al 100% para el banco (criterio modulado por la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario). Sólo el AJD se mantuvo a cargo del prestatario tras la STS de Pleno 1505/2018.

El verdadero campo de batalla: la prescripción de la acción de restitución

Una vez claro qué se podía recuperar, las entidades financieras concentraron su defensa en un único argumento: la prescripción. Sostenían que, conforme al artículo 1964.2 del Código Civil (5 años desde la reforma operada por la Ley 42/2015), la acción ya estaba «muerta» si habían transcurrido más de cinco años desde el pago de cada gasto, esto es, desde la propia firma de la escritura.

Ese argumento ha caído. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sus sentencias de 25 de enero de 2024 (asuntos acumulados C-810/21 a C-813/21) y, sobre todo, de 13 de febrero de 2025 (asunto C-240/24), declaró que el principio de efectividad del Derecho de la Unión y el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE se oponen a que el plazo de prescripción comience a contar antes de que el consumidor haya tenido conocimiento del carácter abusivo de la cláusula. En la práctica, ese conocimiento se produce, como muy pronto, cuando una sentencia firme declara la nulidad de la cláusula concreta del préstamo.

Recogiendo esa doctrina, la Sentencia del Tribunal Supremo 1650/2025, de 18 de noviembre de 2025, fija definitivamente el dies a quo del plazo de cinco años en la fecha de firmeza de la sentencia que declara abusiva la cláusula de gastos del concreto contrato de préstamo. La consecuencia es contundente: si su sentencia particular es de hace tres años, el plazo no empezó a correr hasta entonces; y si nunca la ha reclamado, el plazo todavía no ha comenzado.

¿Quién puede reclamar en 2026? Test rápido

Tras la STS 1650/2025, en términos generales podrá reclamar quien cumpla estas condiciones:

Firmó una hipoteca como consumidor (uso personal, no empresarial), conforme al artículo 3 TRLGDCU.
El préstamo se firmó antes de la entrada en vigor de la Ley 5/2019 (16 de junio de 2019), que ya impone al banco la mayor parte de los gastos.
El contrato contiene una cláusula que le imputa los gastos de notaría, registro y/o gestoría.
La cláusula no se ha negociado individualmente (presunción del artículo 82.2 TRLGDCU).

No importa que la hipoteca esté ya cancelada, vendida o subrogada: el derecho a la restitución sobrevive, conforme al artículo 1303 CC y a la jurisprudencia consolidada del Supremo.

¿Cuánto se puede recuperar? Importes medios

Según los expedientes que tramitamos en nuestro despacho de Alicante, las cantidades recuperadas se mueven en estas horquillas:

Notaría (50%): entre 200 y 400 €.
Registro de la propiedad (100%): entre 150 y 350 €.
Gestoría (100%): entre 250 y 400 €.
Tasación: entre 0 y 350 €, según escritura y fecha (a partir de la Ley 5/2019 corresponde íntegramente al banco).
Intereses legales del dinero: desde la fecha de cada pago hasta su devolución, conforme al artículo 1303 CC y los artículos 1100 y 1108 CC. Pueden suponer un 20-40 % adicional.

El importe medio reclamado por hipoteca en nuestra área de Alicante y Elche se sitúa entre 800 y 1.500 €, antes de intereses. Con intereses, no es infrecuente superar los 2.000 € en hipotecas firmadas hace 15-20 años.

Pasos prácticos: cómo reclamar paso a paso

1. Localizar la documentación

Necesitará la escritura de préstamo hipotecario (puede solicitar copia simple a la notaría autorizante por aplicación del artículo 224 del Reglamento Notarial), las facturas o recibos de notaría, registro y gestoría, y los justificantes del AJD.

2. Reclamación previa al Servicio de Atención al Cliente del banco

Conforme al artículo 30 de la Ley 44/2002 y a la Orden ECC/2502/2012, debe formularse reclamación ante el SAC de la entidad. La entidad dispone de un plazo máximo de 15 días hábiles para resolver desde la entrada en vigor de la Ley 7/2017, que transpone la Directiva 2013/11/UE.

3. Demanda judicial si la entidad no responde o lo hace de forma insuficiente

La acción se ejercita ante el Juzgado de Primera Instancia (en Alicante, los juzgados especializados en condiciones generales de la contratación, conforme al Acuerdo del CGPJ de 25 de mayo de 2017). El cauce procesal es el juicio ordinario o verbal según cuantía, regulado por los artículos 249 y 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. Costas y honorarios

El Tribunal Supremo, en su STS 472/2020, de 17 de septiembre, declaró que cuando el consumidor obtiene la nulidad de la cláusula y la restitución, procede la imposición de costas a la entidad bancaria, aunque se estimen parcialmente las pretensiones. Esto refuerza la viabilidad económica de la reclamación.

Atención: ofertas de «rebaja» del banco

Es habitual que, una vez recibida la reclamación previa, el banco ofrezca una transacción extrajudicial con quita del 30-50 %, normalmente acompañada de una cláusula de renuncia a futuras acciones. La STJUE de 9 de julio de 2020 (asunto C-452/18, Ibercaja) y la posterior STS 727/2023 exigen para la validez de esa renuncia que el consumidor haya tenido pleno conocimiento del alcance de los derechos a los que renuncia. En la práctica, casi ninguna de esas ofertas estándar cumple los estándares de transparencia exigidos.

Antes de firmar nada, conviene un cálculo independiente. En nuestro despacho realizamos esa valoración previa de su hipoteca y de la oferta del banco.

Particularidades en Alicante y provincia

La Audiencia Provincial de Alicante, en numerosos pronunciamientos posteriores a 2019, viene aplicando con carácter restrictivo cualquier intento de las entidades de oponer prescripción anticipada. Tras la STS 1650/2025, los Juzgados de Primera Instancia de Alicante, Elche, Benidorm, Orihuela y Denia están desestimando sistemáticamente las excepciones de prescripción basadas en la fecha del contrato. Esto convierte 2026 en una ventana de oportunidad muy clara para todo el cinturón hipotecario de la provincia, especialmente para las miles de hipotecas vinculadas a la compra de vivienda durante los años 2004-2008 y 2014-2018.

Cómo trabajamos en Santamaría Baeza Abogados

Somos un despacho independiente, lo que significa que no representamos a ninguna entidad financiera ni recibimos comisiones de ellas. Trabajamos exclusivamente para el consumidor y aplicamos un sistema de honorarios alineado con el resultado: si usted no recupera, nosotros no cobramos. No exigimos provisión de fondos ni cobramos por el estudio del caso.

Nuestro proceso para reclamaciones de gastos hipotecarios incluye:

Análisis de la escritura y de la cláusula de gastos.
Cálculo individualizado de cantidades recuperables más intereses legales.
Reclamación al SAC y, si es necesario, demanda judicial.
Acompañamiento durante todo el procedimiento, sin sorpresas en la factura.

Si está interesado en otras reclamaciones bancarias, también le asesoramos en tarjetas revolving, cláusula suelo, IRPH y comisiones abusivas, áreas en las que la jurisprudencia de 2025 ha reforzado igualmente la posición del consumidor.

Preguntas frecuentes

¿Mi hipoteca está cancelada, ¿puedo seguir reclamando?

Sí. La cancelación del préstamo no extingue el derecho a la restitución de cantidades indebidamente pagadas. El artículo 1303 del Código Civil opera con independencia de la vigencia del contrato.

¿Y si firmé la hipoteca en 2005? ¿No ha prescrito?

No. Tras la STS 1650/2025, el plazo de cinco años del artículo 1964.2 CC sólo comienza a contar desde la sentencia firme que declara abusiva la cláusula de gastos de su contrato concreto. Si nunca ha reclamado, el plazo no ha empezado a correr.

¿Tengo que pagar algo por adelantado?

No. Aplicamos el lema del despacho: si usted no recupera, nosotros no cobramos. No hay provisión de fondos ni minutas por estudio del caso.

¿Puedo reclamar también el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD)?

Para los préstamos firmados antes del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, el AJD corresponde al prestatario por la doctrina fijada en la STS de Pleno 1505/2018, de 27 de noviembre. Sí son reclamables, en cambio, los gastos de notaría (50%), registro, gestoría y tasación.

¿Cuánto dura el procedimiento?

La reclamación al SAC se resuelve en 15 días hábiles. Si hay que acudir a juicio, el procedimiento ordinario ante los juzgados especializados de Alicante suele resolverse en primera instancia en un plazo de 10 a 18 meses, dependiendo del juzgado.

¿Y si el banco ya me devolvió una parte?

Sigue siendo reclamable la diferencia. La eficacia liberatoria de los allanamientos parciales depende del cumplimiento estricto del control de transparencia (STS 727/2023 y STJUE C-452/18, Ibercaja).

Actúe ahora: cada mes cuenta

La doctrina actual le da tiempo, pero ese tiempo se computa desde la firmeza de su sentencia, no desde la del vecino. Cuanto antes obtenga su declaración judicial de nulidad, antes consolidará su derecho y antes percibirá la devolución con intereses. Además, la combinación de ofertas transaccionales del banco y eventuales nuevos cambios normativos hacen aconsejable iniciar el procedimiento sin esperar.

En Santamaría Baeza Abogados, en Alicante, le ofrecemos evaluación de su caso de su escritura y de los importes recuperables. Si decide reclamar, asumimos el procedimiento sin que adelante ni un euro: si usted no recupera, nosotros no cobramos.

Llámenos al 654 581 493 o escríbanos a despachosbabogados@gmail.com. Atendemos en Alicante, Elche y toda la provincia. Recupere lo que es suyo, con todas las garantías legales y sin riesgo económico.

Tarjeta revolving: cómo reclamar y recuperar miles de euros tras las sentencias del Supremo de 2025

4 de mayo de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 7 minutos

Si lleva años pagando una tarjeta de crédito de tipo revolving —WiZink, Cofidis, Carrefour Pass, Cetelem, Vivus, Oney, Citibank, Banco Cetelem o cualquier otra— y tiene la sensación de que su deuda nunca baja, no es una percepción equivocada. En el despacho Santamaría Baeza Abogados de Alicante hemos comprobado, caso tras caso, que un porcentaje muy elevado de estos contratos puede declararse nulo, lo que obliga a la entidad a devolver todo lo cobrado por encima del capital prestado.

El año 2025 ha sido decisivo para los consumidores: el Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias de obligado conocimiento —STS 154/2025, STS 155/2025 y STS 350/2025— que aclaran cuándo una tarjeta revolving es nula por falta de transparencia y cómo se computa el plazo de prescripción para reclamar. En 2026 aún está a tiempo de actuar, pero cada mes que pasa sin reclamar es dinero que su banco se ha quedado de forma indebida.

En este artículo le explicamos, con todas las referencias legales y jurisprudenciales acreditadas, qué es exactamente una tarjeta revolving, por qué suelen ser nulas, cómo se reclama paso a paso y cuánto puede recuperar. Y lo hacemos desde la perspectiva de un despacho que litiga estos asuntos cada semana en los juzgados de Alicante, Elche y provincia.

Qué es una tarjeta revolving y por qué es tan peligrosa

La tarjeta revolving es una modalidad de crédito al consumo (regulada por la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo) en la que la entidad concede un límite de crédito que se reconstituye automáticamente a medida que el cliente paga las cuotas. Su rasgo distintivo es que el titular elige una cuota fija mensual reducida —a menudo entre el 1% y el 3% del saldo— y los intereses no abonados se capitalizan, generándose el famoso efecto bola de nieve por el que la deuda se mantiene viva durante décadas.

El Banco de España, en sus Memorias de Reclamaciones y en la tabla mensual de TEDR (Tipo Efectivo de Definición Restringida), ha venido publicando que la TAE media de las tarjetas revolving se situó entre el 19% y el 26% en el periodo 2010-2024, frente a TAE medias del 8%-9% en créditos al consumo clásicos. Ese diferencial es la base sobre la que se construye la nulidad por usura.

Marco legal aplicable: usura, transparencia y abusividad

La reclamación de una tarjeta revolving puede articularse por dos vías jurídicas, complementarias entre sí:

1. La Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908 (Ley Azcárate). Su artículo 1 declara nulo todo contrato «en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». La consecuencia, conforme al artículo 3, es que el prestatario sólo viene obligado a devolver el capital efectivamente recibido, recuperándose íntegramente intereses, comisiones y demás gastos.

2. La normativa de protección del consumidor. El control de transparencia material se sustenta en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas; en los artículos 80 y 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (TRLGDCU), y en los artículos 5 y 7 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación. Si la cláusula que define el interés remuneratorio no superó un doble control de incorporación y transparencia, será declarada nula con plenos efectos del artículo 1303 del Código Civil.

Las sentencias del Tribunal Supremo de 2025: el cambio definitivo

Tres pronunciamientos de la Sala Primera han clarificado el panorama y acreditan que la inmensa mayoría de tarjetas revolving comercializadas entre 2003 y 2024 son anulables:

STS 154/2025 y STS 155/2025, de 30 de enero de 2025

El Pleno del Tribunal Supremo fijó doctrina sobre el control de transparencia de las tarjetas revolving. Estableció que la entidad debe acreditar que entregó al cliente, antes de la firma, información clara y comprensible sobre: (i) el funcionamiento del sistema revolving y la capitalización de intereses; (ii) la carga económica real del producto; (iii) el riesgo de prolongar la deuda durante años pese al pago puntual de cuotas. La omisión de esta información preliminar determina la nulidad del interés remuneratorio por falta de transparencia, sin que sea necesario probar la usura.

STS 350/2025, de 5 de marzo de 2025

Esta sentencia resolvió el debate sobre la prescripción de la acción de restitución derivada de la nulidad. El Tribunal Supremo concluyó que el plazo es de cinco años, conforme al artículo 1964.2 del Código Civil en su redacción dada por la Ley 42/2015, y que el dies a quo no se computa desde el cobro de cada cuota, sino desde que el consumidor pudo conocer razónablemente la abusividad —criterio alineado con la jurisprudencia del TJUE en los asuntos C-698/18 y C-810/21—.

El precedente esencial sigue siendo, por supuesto, la STS 149/2020, de 4 de marzo (caso WiZink/Sygma), que fijó el parámetro de comparación con la tabla del Banco de España y declaró usurarios los TAE en torno al 26%. Ahora, con las sentencias de 2025, ese criterio se ha ampliado: aunque la TAE no sea estrictamente usuraria, basta con la falta de transparencia para anular el contrato.

Quién puede reclamar su tarjeta revolving en 2026

Le corresponde el derecho a reclamar si concurre cualquiera de estas circunstancias:

Tiene o ha tenido una tarjeta de crédito con TAE igual o superior al 18% (la mayoría de WiZink, Vivus, Cofidis, Cetelem, Citibank, Carrefour Pass, Oney, Banco Mediolánum, Caixabank Family, Bankinter Consumer Finance o EVO Banco encajan en el supuesto).

El contrato se firmó sin un estudio económico previo del producto: ni simulaciones de coste total, ni explicación del sistema revolving, ni advertencia sobre la duración indefinida de la deuda.

Lleva años pagando cuotas fijas y la deuda no disminuye o incluso aumenta.

Canceló la tarjeta hace menos de cinco años (se computa desde la cancelación o, conforme a la STS 350/2025, desde que pudo conocer la abusividad). Incluso tarjetas canceladas en 2020-2021 aún son reclamables en 2026.

Cuánto se recupera realmente

La cuantía depende del tiempo que la tarjeta haya estado activa, del saldo medio dispuesto y de las comisiones pagadas. En los expedientes que tramita nuestro despacho la devolución media oscila entre 3.500€ y 18.000€, pudiendo superar los 30.000€ en tarjetas con más de diez años de antigüedad y disposición elevada. Además del reintegro de intereses, se recuperan comisiones por disposición de efectivo, primas de seguros vinculados y cuotas de mantenimiento, más los intereses legales del dinero (artículos 1100 y 1108 CC).

Cómo reclamar paso a paso

Paso 1. Recopilación documental. Es imprescindible reunir el contrato original, los extractos mensuales o anuales y, si es posible, el resumen de movimientos históricos. Si no dispone de la documentación, la entidad está obligada a entregarla conforme al artículo 7 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Paso 2. Reclamación previa al Servicio de Atención al Cliente (SAC). Es un requisito procesal: sin ella el banco puede excepcionar falta de agotamiento de la vía previa. La entidad dispone de un mes para responder (Orden ECC/2502/2012).

Paso 3. Reclamación ante el Banco de España o, si procede, ante el Departamento de Conducta de Mercado. No es vinculante, pero genera prueba de la falta de transparencia.

Paso 4. Demanda judicial. Se presenta ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del consumidor (artículo 52.3 LEC). En 2026 los Juzgados de Alicante número 4 y número 7 están especializados en condiciones generales y resuelven con plazos razonables. La demanda se acumula la acción declarativa de nulidad y la de condena a la restitución.

Si quiere conocer más sobre nuestra metodología, puede consultar nuestra página de abogado bancario en Alicante.

Cuánto cuesta reclamar: sin provisión de fondos

En Santamaría Baeza Abogados aplicamos al área bancaria nuestro lema: «Si usted no recupera, nosotros no cobramos». No exigimos provisión de fondos para iniciar el procedimiento. Nuestros honorarios se calculan exclusivamente sobre el importe efectivamente recuperado y se descuentan del cobro final. Así, el cliente no asume riesgo económico alguno por reclamar.

Preguntas frecuentes sobre la reclamación de tarjetas revolving

¿Sirve haber firmado el contrato hace más de diez años?

Sí. La acción de nulidad por usura es imprescriptible (criterio reiterado desde la STS 539/2009 y confirmado por la STS 628/2015). La acción de restitución sí prescribe a los cinco años, pero conforme a la STS 350/2025 el cómputo se inicia desde que el consumidor pudo conocer la abusividad, no desde cada pago.

¿Y si ya cancelé la tarjeta?

También se puede reclamar. La cancelación sólo extingue la relación contractual hacia el futuro; el derecho a recuperar lo cobrado de forma indebida se mantiene durante el plazo de prescripción del artículo 1964.2 CC.

¿Qué ocurre si el banco me ofrece una rebaja extrajudicial?

Lo habitual es que la oferta sea inferior a lo que recuperaría en sede judicial. La STS 1042/2024, de 22 de julio, ha advertido que cualquier transacción debe pasar un control reforzado de transparencia: si el banco no acredita haber informado del derecho que el consumidor renuncia, la cláusula de renuncia es nula. Antes de aceptar, conviene un estudio independiente.

¿Aparezco en ASNEF o en otro fichero de morosos?

La inclusión en ficheros de solvencia patrimonial por una deuda derivada de un contrato nulo es a su vez ilegal. La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª), en sentencia 312/2024 de 5 de septiembre, condenó a una entidad por mantener al cliente en ASNEF pese a la pendencia de un litigio sobre la nulidad. Reclamar la tarjeta es la vía más eficaz para salir del fichero.

¿Cuánto tarda el procedimiento?

El juicio verbal o, en función de la cuantía, el ordinario suele resolverse en primera instancia entre 8 y 14 meses en los juzgados de Alicante. La fase de ejecución para cobrar la cantidad declarada es habitualmente rápida porque las entidades bancarias tienen patrimonio embargable inmediato.

¿Me conviene reclamar si tengo deuda pendiente?

Especialmente sí. Si el contrato es nulo, todo lo pagado por encima del capital se compensa con la deuda viva, y suele desaparecer por completo, dejando incluso un saldo a favor del consumidor.

Acredítese: por qué un despacho de Alicante marca la diferencia

Litigar contra entidades como WiZink, Cofidis o Cetelem no es trivial: cuentan con servicios jurídicos especializados y plantillas de objeciones procesales. Un despacho con experiencia local conoce los criterios concretos de las Secciones 5.ª, 8.ª y 9.ª de la Audiencia Provincial de Alicante y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En Santamaría Baeza Abogados acumulamos más de un centenar de sentencias estimatorias en materia de tarjeta revolving y cláusulas bancarias.

Llame hoy: el plazo corre en su contra

Cada mes que transcurre sin reclamar es un mes más de prescripción consumida. Si tiene una tarjeta revolving de WiZink, Cofidis, Cetelem, Carrefour Pass, Vivus, Citibank o cualquier otra entidad, póngase en contacto con nosotros. Estudiamos su caso en 24 horas y le confirmamos qué importe puede recuperar y en qué plazo.

Teléfono directo: 654 581 493 — Santamaría Baeza Abogados, despacho especializado en derecho bancario en Alicante, Elche y provincia.

Si usted no recupera, nosotros no cobramos.

Estafa con criptomonedas: cómo recuperar tu dinero en 2026 con el Reglamento MiCA y la jurisprudencia más reciente

30 de abril de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 6 minutos

Cada semana atendemos en nuestro despacho de Alicante a personas que han perdido entre 5.000 y 300.000 euros tras invertir en plataformas de criptomonedas que prometían rentabilidades imposibles. La sensación es siempre la misma: vergüenza, bloqueo y la convicción equivocada de que «ese dinero ya no se recupera». No es así. En 2026, gracias a la plena aplicación del Reglamento (UE) 2023/1114 (conocido como MiCA) y a varias resoluciones del Tribunal Supremo y de Audiencias Provinciales que están consolidando criterios, la víctima de una estafa con criptoactivos tiene hoy más vías legales que nunca para reclamar.

Esta guía explica, paso a paso, cómo actuar desde el momento en que detecta el fraude, qué normativa le ampara, contra quién dirigirse y qué resultados realistas puede esperar.

1. Qué se considera estafa con criptomonedas en España

Desde el punto de vista penal, la conducta encaja en el delito de estafa de los artículos 248 y 249 del Código Penal, que castiga al que, con ánimo de lucro y utilizando engaño bastante, induce a error a otro y le hace realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Cuando el importe defraudado es elevado, concurre engaño masivo o se utilizan medios telemáticos, se aplica la estafa agravada del artículo 250 CP, con penas de uno a seis años de prisión.

Las modalidades más frecuentes que nos llegan al despacho en Alicante y provincia son:

Plataformas falsas de trading (clones de exchanges legítimos) que muestran beneficios ficticios y bloquean la retirada de fondos.
«Brokers» personalizados que contactan por LinkedIn, Instagram o WhatsApp y derivan a aplicaciones controladas por la organización.
Estafas románticas (romance scam) en las que la víctima acaba transfiriendo a una wallet a nombre de un supuesto inversor experto.
Esquemas piramidales y de liquidity mining con tokens propios sin valor real.
Phishing de claves privadas y suplantación de servicios técnicos.

En todas ellas el patrón es el mismo: ingreso inicial, simulación de beneficios, presión para «ampliar la inversión» y, finalmente, exigencia de pagos adicionales (impuestos, comisiones, «desbloqueo») que confirman el fraude.

2. El Reglamento MiCA: qué cambia desde 2025

El Reglamento (UE) 2023/1114, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA) es plenamente aplicable en España desde el 30 de diciembre de 2024. Su importancia para una víctima de estafa es enorme:

Obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASPs) a obtener autorización de la CNMV para operar legalmente en territorio español (arts. 59 y ss. MiCA).
Impone deberes de información, custodia separada de fondos y obligaciones de actuar con honestidad, equidad y profesionalidad (art. 66 MiCA).
Establece un régimen específico de responsabilidad de los emisores por la información publicada en las «white papers» (art. 15 MiCA).
Permite a la CNMV y a la ESMA retirar la autorización y publicar advertencias sobre operadores no registrados.

Si la plataforma que le ha estafado opera sin autorización, ya está incumpliendo MiCA y las normas españolas de transposición, lo que refuerza la acción civil y penal. La Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y la Circular 1/2022 de la CNMV sobre publicidad de criptoactivos completan el marco al que un abogado puede acogerse para acreditar la ilicitud.

3. Qué hacer en las primeras 48 horas (es donde se gana o se pierde el caso)

El tiempo es el factor más decisivo. Cuanto antes se actúe, más probabilidad existe de bloquear el dinero antes de que viaje por varias wallets y termine en exchanges no cooperativos. Estos son los pasos que recomendamos a todo cliente en cuanto detecta la estafa:

No realizar más pagos, por mucha presión o «amenaza de perder lo invertido» que reciba. Es el patrón típico de re-victimización.
Conservar todas las pruebas digitales: capturas de la plataforma, conversaciones de WhatsApp/Telegram, correos, justificantes de transferencia o de compra de cripto, hashes de transacciones (TXID) y direcciones de las wallets de destino.
Solicitar inmediatamente al banco la retrocesión o intento de recuperación SEPA de la transferencia, invocando los artículos 45 y 46 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago, que traspone la PSD2 y atribuye al proveedor de servicios de pago la obligación de actuar y, en su caso, asumir la operación no autorizada o defectuosa.
Denunciar ante Policía Nacional o Guardia Civil (Grupos de Delitos Tecnológicos / Equipos @). En Alicante, el Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial dispone de unidad especializada.
Comunicar el fraude al SEPBLAC y a la CNMV a través de su buzón de chiringuitos financieros, si la plataforma decía operar como entidad financiera.
Contactar con un abogado especialista antes de dar cualquier paso adicional. La forma en que se redacta la denuncia y se solicitan medidas cautelares (art. 727 LEC, art. 13 LECrim) condiciona toda la causa.

4. Vías de reclamación: civil, penal y administrativa

4.1. Vía penal

Es la más utilizada y la más eficaz cuando hay un patrón organizado. Permite practicar diligencias de investigación que un particular no puede ordenar (rastreo de blockchain, requerimientos a exchanges, intervención de cuentas bancarias). La acción penal interrumpe la prescripción y permite, además, dirigir responsabilidad civil derivada del delito (arts. 109 a 122 CP) frente a:

Los autores y partícipes directos.
Las personas jurídicas (art. 31 bis CP) si la estafa se ha cometido a través de una sociedad pantalla.
Los responsables civiles subsidiarios, incluidos exchanges con sede o representación en la UE que hayan facilitado movimientos sin KYC exigible por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.

4.2. Vía civil

Si el responsable es identificable y solvente (o ha quedado un saldo en una cuenta bancaria nacional), cabe acción civil por nulidad contractual y restitución (arts. 1300 y ss. CC), responsabilidad contractual (art. 1101 CC) y/o extracontractual (art. 1902 CC). Es especialmente útil contra entidades bancarias que no aplicaron correctamente los controles antifraude y antiblanqueo. La doctrina del Tribunal Supremo en materia de phishing bancario (entre otras, la jurisprudencia consolidada que aplica la PSD2 a las operaciones no autorizadas) ha venido reforzando la posición de la víctima cuando el banco no acredita actuación con la diligencia debida.

4.3. Vía administrativa

La denuncia ante la CNMV y el Banco de España, junto con la reclamación al Servicio de Atención al Cliente de la entidad y, si procede, al Defensor del Cliente, es un trámite previo necesario para acudir después a los tribunales contra el banco con todas las garantías.

5. ¿Se puede recuperar realmente el dinero?

La respuesta honesta es: depende de tres factores:

Tiempo transcurrido desde la transferencia. En las primeras 48-72 horas el bloqueo SEPA y la cooperación bancaria son altamente efectivos.
Identificación del destino final. Si los fondos terminaron en un exchange con sede UE/UK/EEUU sometido a la Travel Rule de la FATF y traspuesta por la Directiva (UE) 2018/843, la trazabilidad es alta.
Existencia de una persona jurídica responsable en territorio europeo, frente a la que ejecutar.

En nuestro despacho, en los casos en los que el cliente ha actuado en las primeras 72 horas, el porcentaje de recuperación total o parcial es muy superior a la media. Cuando han transcurrido meses, el camino suele pasar por la responsabilidad de la entidad bancaria y por las acciones contra terceros que facilitaron el fraude. Por eso es fundamental no resignarse: incluso casos con un año de antigüedad han terminado con devolución completa del importe defraudado.

6. Plazos de prescripción que NO debe pasar por alto

Acción penal por estafa agravada: 10 años (art. 131 CP) desde la comisión.
Acción civil por responsabilidad contractual: 5 años (art. 1964 CC).
Acción civil por responsabilidad extracontractual: 1 año desde que pudo ejercitarse (art. 1968.2 CC).
Reclamación frente al banco por operación no autorizada: en el plazo razonable previsto en el art. 36 RDLey 19/2018, sin perjuicio de la prescripción civil general.

7. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Tengo posibilidades reales si caí en una «estafa amorosa» con criptos?

Sí. La calificación penal es exactamente la misma (estafa de los arts. 248 y 250 CP) y existen ya numerosas sentencias condenatorias en España. La única particularidad es probatoria: el material que conserve de las conversaciones es decisivo.

El banco me dice que la transferencia «la autoricé yo» y por eso no responde. ¿Tengo algo que hacer?

Sí. La autorización aparente no exime al banco de aplicar los controles antifraude (sistemas de scoring, alertas por comportamiento anómalo, listas de exchanges sospechosos). El art. 36 del RDLey 19/2018 y la doctrina jurisprudencial sobre PSD2 permiten reclamar cuando la entidad ha incumplido la diligencia debida.

¿Puedo demandar al exchange donde acabaron mis criptos?

Si el exchange tiene representación o actúa en la UE, sí: bajo MiCA y la Ley 10/2010 está obligado a aplicar KYC y a colaborar judicialmente. Cuando se acredita su pasividad o cooperación negligente, cabe responsabilidad civil.

¿Cuánto cuesta llevar el caso?

En Santamaría Baeza Abogados aplicamos en estos casos nuestro compromiso histórico: si usted no recupera, nosotros no cobramos honorarios variables. Solo asumimos casos viables tras un estudio previo.

¿Y si el dinero salió de mi propio wallet privado, sin pasar por banco?

Sigue habiendo vías. La pieza clave es el rastreo de blockchain y la identificación del exchange final. Trabajamos con peritos forenses especializados que aportan informes admitidos como prueba en los juzgados de instrucción.

¿Qué información debo llevar a la primera reunión con el abogado?

Justificantes bancarios, capturas completas de la plataforma fraudulenta, conversaciones íntegras, hashes de transacciones (TXID), direcciones de wallets de destino y cualquier identidad o número de teléfono del supuesto «broker».

8. Conclusión y siguiente paso

Las estafas con criptoactivos se han convertido en una de las modalidades de fraude más graves y crecientes en España. La buena noticia es que el marco normativo de 2026 —encabezado por el Reglamento MiCA, la Ley 6/2023, el RDLey 19/2018 y la Ley 10/2010— ofrece a las víctimas más herramientas que nunca para reclamar y recuperar lo perdido. Pero el factor tiempo es determinante.

Si usted o un familiar ha sido víctima de una estafa con criptomonedas en Alicante, Elche o cualquier punto de la provincia, llame ahora al 654 581 493 o escriba a despachosbabogados@gmail.com. Le ofrecemos un estudio inicial y, si su caso es viable, lo asumimos bajo nuestro compromiso histórico: si usted no recupera, nosotros no cobramos.

Puede ampliar información sobre nuestros servicios en las áreas relacionadas:

Información actualizada a 30 de abril de 2026. Este artículo tiene carácter divulgativo y no sustituye al asesoramiento profesional individualizado. Santamaría Baeza Abogados — Alicante.