Santamaría Baeza

Abogados en Alicante: accidentes de tráfico, grandes lesionados y herencias

Control de alcoholemia: qué debes saber y cómo actuar ante un resultado positivo.

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control de alcoholemia

El control de alcoholemia es una de las intervenciones más habituales en carretera y, al mismo tiempo, una de las que más dudas genera entre los conductores. Saber cómo funciona, cuáles son tus derechos y qué consecuencias puede tener un resultado positivo es esencial para evitar errores que puedan agravar la situación. En este artículo te explicamos todo lo que necesitas conocer y cómo actuar correctamente, especialmente si el resultado deriva en un procedimiento sancionador o incluso penal.

Qué es un control de alcoholemia y cuándo puede realizarse

Un control de alcoholemia consiste en una prueba que mide la cantidad de alcohol presente en el organismo mediante un etilómetro autorizado. Su objetivo es garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, ya que el alcohol disminuye la capacidad de reacción y aumenta el riesgo de sufrir o provocar un siniestro.

Situaciones en las que la policía puede someterte a la prueba

Los agentes pueden realizar la prueba en distintos escenarios:

  • Controles preventivos programados.

  • Accidente de tráfico, tanto si eres responsable como si no.

  • Infracciones de circulación.

  • Conductas que generen sospecha de conducción bajo los efectos del alcohol.

En todos los casos, la autoridad está facultada para exigir la prueba y negarse constituye un delito castigado con pena de prisión y retirada del permiso de conducir.

Límites legales de alcohol: cuánto es demasiado

Los límites de alcohol en aire espirado varían según el tipo de conductor:

  • Conductores generales: máximo 0,25 mg/l.

  • Conductores noveles y profesionales: máximo 0,15 mg/l.

Superar estos límites puede implicar sanciones administrativas o la apertura de un procedimiento penal, dependiendo del resultado y de la situación concreta.

Consecuencias administrativas y penales de dar positivo

Las consecuencias de un control de alcoholemia dependen del nivel de alcohol registrado y de si el conductor presenta signos evidentes de afectación.

Sanciones administrativas

Cuando la tasa supera los límites legalmente establecidos, pero no alcanza niveles constitutivos de delito, las sanciones habituales son:

  • Multa de 500 € a 1.000 €.

  • Retirada de entre 4 y 6 puntos del permiso de conducir.

  • Posible inmovilización del vehículo.

Consecuencias penales

Constituye delito:

  • Conducir con una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado (o 1,2 g/l en sangre).

  • O conducir bajo la influencia del alcohol aunque la tasa sea menor, si existen signos evidentes de afectación.

Las penas pueden incluir:

  • Multa o prisión.

  • Trabajos en beneficio de la comunidad.

  • Retirada del permiso de conducir hasta 4 años.

  • Antecedentes penales.

Cómo actuar ante un resultado positivo: pasos clave

Saber cómo reaccionar ante un positivo es fundamental. Un mal paso puede empeorar tu situación.

1. Solicita la segunda prueba

Tienes derecho a una segunda medición pasados unos minutos. En ocasiones el resultado puede variar. Esta segunda prueba forma parte del procedimiento obligatorio.

2. Puedes pedir un análisis de sangre

Si no estás conforme con los resultados del etilómetro, puedes solicitar una prueba de contraste mediante análisis de sangre. Su coste corre a cargo del conductor solo si finalmente confirma el positivo.

3. Mantén la calma y coopera

La resistencia, la negativa o los malos modos pueden derivar en sanciones adicionales o incluso en un delito de desobediencia.

4. No firmes nada sin leerlo

El atestado debe incluir los valores registrados, hora de la prueba y circunstancias. Firmar sin revisar puede dificultar la defensa posterior.

5. Busca asesoramiento legal especializado

Tanto si recibes una sanción administrativa como si se abre un procedimiento penal, contar con un abogado especializado te ayudará a evitar errores, revisar el procedimiento y valorar si existen aspectos que puedan invalidar la prueba. Si además el positivo se produce tras un accidente, te recomendamos revisar este servicio especializado en lesiones: Accidentes de tráfico – Santamaría Abogados, donde encontrarás asistencia para proteger tus derechos frente a aseguradoras y procesos de reclamación.

Errores habituales que pueden afectar a tu defensa

Muchos conductores desconocen que ciertos elementos pueden influir en la validez de la prueba. Algunos de los más frecuentes son:

  • Falta de calibración del etilómetro.

  • Ausencia de un intervalo mínimo entre pruebas.

  • No entregar copia del ticket del etilómetro.

  • Realizar la prueba sin presencia de agentes autorizados.

  • Incoherencias en el atestado o en las observaciones sobre el estado del conductor.

Si se detectan irregularidades, tu abogado puede solicitar la nulidad de la prueba o la exclusión del resultado.

Qué hacer si has dado positivo y hay un accidente con daños o lesiones

Cuando un positivo se asocia a un accidente, el proceso puede complicarse. El conductor puede enfrentarse a:

  • Responsabilidad penal.

  • Responsabilidad civil por daños o lesiones.

  • Reclamaciones de aseguradoras o víctimas.

En estas situaciones, es esencial recibir asesoramiento desde el primer momento. Puedes ampliar información en nuestro departamento especializado en accidentes: Accidentes de tráfico – Santamaría Abogados.

Conclusión: la información y la defensa adecuada son tu mejor herramienta

El control de alcoholemia es un procedimiento rutinario, pero sus consecuencias pueden ser graves si se obtiene un resultado positivo. Conocer tus derechos, actuar correctamente y buscar asesoramiento jurídico especializado son pasos fundamentales para minimizar riesgos y proteger tu situación legal. En Santamaría Abogados contamos con un equipo experto en sanciones de tráfico, defensa penal y reclamaciones por accidentes. Si has dado positivo o quieres resolver dudas, estamos a tu disposición para ayudarte.

Si te enfrentas a un procedimiento por alcoholemia, contacta con nuestro abogado especialista en alcoholemia en Alicante y Elche.

Abogado sanciones laborales en Alicante: conoce tus derechos y cómo recurrir

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Abogado sanciones laborales en Alicante

Las sanciones laborales son medidas disciplinarias que las empresas aplican cuando consideran que un trabajador ha incumplido sus obligaciones. Sin embargo, no todas las sanciones son legales ni proporcionales. Por eso, contar con un abogado sanciones laborales en Alicante es esencial para analizar la situación, revisar la documentación y determinar si la empresa ha actuado correctamente o vulnerado tus derechos.

Tipos de sanciones laborales

El artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores regula las sanciones que las empresas pueden imponer a sus empleados, siempre dentro de los límites establecidos por la ley o el convenio colectivo.
Los tipos más frecuentes son:

  • Amonestación verbal o escrita.

  • Suspensión de empleo y sueldo.

  • Traslado o cambio de puesto como medida disciplinaria.

  • Despido disciplinario, si la falta se considera muy grave.

Un abogado laboral en Alicante puede comprobar si la sanción impuesta cumple con los requisitos legales, si se ha seguido el procedimiento correcto y si la medida es proporcional a la falta cometida.

Abogado sanciones laborales en Alicante: cuándo recurrir

No todas las sanciones laborales son válidas. Pueden impugnarse si se detectan errores de forma o de fondo. Entre las causas más habituales de nulidad se encuentran:

  • Falta de comunicación escrita.

  • Ausencia de motivación o detalle de los hechos.

  • Inexistencia de pruebas que respalden la sanción.

  • Desproporción entre la falta y la sanción aplicada.

  • Falta de audiencia previa en casos de representantes de los trabajadores.

En cualquiera de estos supuestos, un abogado sanciones laborales en Alicante te ayudará a presentar una reclamación ante el SMAC o una demanda judicial para anular la sanción o recuperar el salario retenido.

Plazos para recurrir una sanción laboral

El trabajador dispone de 20 días hábiles desde la notificación para impugnar la sanción ante los Juzgados de lo Social.
Es importante no dejar pasar el plazo, ya que, una vez vencido, la sanción se considera firme.
Tu abogado laboral en Alicante puede encargarse de la redacción del escrito, la presentación ante el tribunal y la defensa en la vista judicial.

Cómo debe actuar la empresa

Las empresas también deben cumplir una serie de obligaciones antes de aplicar sanciones:

  1. Comunicar por escrito los hechos.

  2. Describir claramente la falta cometida.

  3. Indicar la sanción aplicada y su duración.

  4. Respetar los plazos de prescripción de las faltas.

  5. Permitir al trabajador su derecho de defensa.

Cuando la empresa no cumple alguno de estos requisitos, la sanción puede ser anulada judicialmente y el trabajador tiene derecho a recuperar su salario o puesto.

Asesoramiento jurídico en Alicante

En Santamaría Baeza Abogados, contamos con un equipo de abogados sanciones laborales en Alicante con amplia experiencia en reclamaciones y defensa de los derechos de los trabajadores.
Analizamos cada caso en detalle, valoramos la proporcionalidad de la sanción y, si es necesario, iniciamos la vía judicial para solicitar la nulidad o improcedencia.
También asesoramos a empresas para garantizar que sus procedimientos disciplinarios se ajusten a la normativa vigente.

Conclusión

Las sanciones laborales deben aplicarse con respeto a la legalidad y a los derechos del trabajador. Si consideras que tu empresa ha actuado de forma injusta, contacta con un abogado sanciones laborales en Alicante.
En Santamaría Baeza Abogados, te ayudaremos a recurrir la sanción, reclamar tus derechos y proteger tu estabilidad laboral con una defensa experta.

Competencia desleal como causa de despido disciplinario en Alicante

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Abogado Alicante competencia desleal causa despido disciplinario

El ejercicio de actividades concurrentes o contrarias a los intereses de la empresa puede considerarse una falta muy grave. En estos casos, la competencia desleal puede dar lugar al despido disciplinario si se demuestra que el trabajador actuó con intención de perjudicar a su empleador. Contar con un abogado Alicante competencia desleal causa despido disciplinario es fundamental para analizar la legalidad del despido y defender tus derechos.

Qué se entiende por competencia desleal

La competencia desleal se produce cuando el trabajador realiza actividades que compiten directamente con la empresa o utiliza información interna para su propio beneficio o el de terceros.
Algunos ejemplos frecuentes son:

  • Prestar servicios a empresas rivales durante la relación laboral.

  • Crear un negocio propio del mismo sector sin autorización.

  • Utilizar datos confidenciales de clientes o precios.

  • Captar a otros empleados para otra empresa.

El artículo 54.2 d del Estatuto de los Trabajadores califica esta conducta como una causa válida de despido disciplinario, siempre que exista dolo o perjuicio efectivo para la empresa.

Competencia desleal y despido disciplinario

No basta con demostrar que el trabajador realizó una actividad similar: es necesario que se acredite un daño, competencia directa o incumplimiento de la buena fe contractual.
El empresario debe comunicar el despido por escrito, indicando los hechos concretos y la fecha de efectos. Si no puede probar la competencia desleal, el despido puede ser declarado improcedente o nulo.

Por ello, acudir a un abogado Alicante competencia desleal causa despido disciplinario permite valorar las pruebas, analizar los tiempos de actuación y determinar si realmente existe causa legal.

Pruebas y defensa del trabajador

En estos procedimientos, la empresa suele presentar correos electrónicos, contratos o testimonios para acreditar la infracción. El trabajador, por su parte, puede defenderse aportando pruebas de que:

  • No existía coincidencia de actividad o competencia real.

  • Contaba con autorización expresa o tácita.

  • No se generó perjuicio alguno a la empresa.

  • Los hechos fueron posteriores a la extinción del contrato.

Un abogado laboralista en Alicante puede impugnar la carta de despido y reclamar la readmisión o indemnización correspondiente.

Cuándo el despido es improcedente

El despido disciplinario por competencia desleal será improcedente si la empresa:

  • No detalla los hechos en la carta de despido.

  • No acredita el perjuicio o la intencionalidad.

  • No cumple el plazo de comunicación.

  • Se basa en sospechas sin pruebas concretas.

En estos supuestos, el trabajador puede obtener una indemnización o la readmisión con salarios de tramitación.

Prevención y asesoramiento

Para evitar conflictos, es recomendable que las empresas incluyan cláusulas de no competencia en los contratos y que los trabajadores consulten antes de emprender actividades paralelas.
En Santamaría Baeza Abogados, analizamos la situación de ambas partes, asesoramos sobre las obligaciones de confidencialidad y representamos en procedimientos judiciales por competencia desleal o despido disciplinario.

Conclusión

La competencia desleal es una causa grave que puede justificar el despido, pero debe probarse de forma objetiva. Si te han acusado injustamente o necesitas defender la validez de un despido, contacta con un abogado Alicante competencia desleal causa despido disciplinario.
En Santamaría Baeza Abogados, te asesoramos con rigor jurídico y defendemos tus intereses laborales en Alicante.

Abogado especializado en acoso laboral o mobbing en Alicante

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El acoso laboral, también conocido como mobbing, es una forma de violencia psicológica en el trabajo que afecta a miles de empleados cada año. Se manifiesta mediante conductas humillantes, aislamiento, presión constante o desprestigio profesional, y puede venir de superiores, de compañeros o incluso de subordinados. Contar con un abogado de acoso laboral en Alicante es esencial para identificar la situación, recopilar pruebas y reclamar la protección y la compensación que la ley reconoce a las víctimas.

Qué se considera acoso laboral

El mobbing se produce cuando un trabajador sufre un trato hostil o degradante de manera reiterada con el objetivo de perjudicarle emocional o profesionalmente. Algunos ejemplos habituales son:

  • Aislar al trabajador del equipo o privarle de información necesaria.
  • Encargarle tareas humillantes, inútiles o imposibles de cumplir.
  • Someterle a críticas constantes, gritos o burlas.
  • Amenazar con sanciones o despido de forma injustificada, o darle un trato discriminatorio.
  • Difundir rumores que dañen su reputación profesional.

Para que exista acoso laboral, las conductas deben ser sistemáticas, prolongadas en el tiempo y con intención de dañar. Además de una falta laboral grave, el acoso vulnera derechos fundamentales como la dignidad y la integridad moral. Un abogado especializado puede determinar si los hechos cumplen estos requisitos y preparar la estrategia jurídica adecuada.

Cómo actuar ante el mobbing

Ante los primeros indicios de acoso, es fundamental seguir estos pasos:

  1. Registrar todos los hechos. Guarda correos, mensajes, grabaciones o datos de testigos que acrediten el comportamiento.
  2. Informar al comité de empresa o a los delegados de prevención. Pueden iniciar una investigación interna conforme al protocolo de acoso de la empresa.
  3. Solicitar apoyo médico o psicológico. Los informes de salud mental son clave para demostrar el daño.
  4. Acudir a un abogado de acoso laboral. Evaluará la situación, preparará la denuncia y te representará ante la autoridad laboral o judicial.

El procedimiento puede iniciarse mediante una denuncia ante la Inspección de Trabajo, una demanda ante el Juzgado de lo Social por vulneración de derechos fundamentales o una demanda de extinción indemnizada del contrato si la situación resulta insostenible.

Qué hace por ti un abogado especialista en acoso laboral

  • Analiza las pruebas disponibles: mensajes, correos, testigos e informes médicos.
  • Valora si se han vulnerado tus derechos fundamentales y qué vía es la más conveniente.
  • Presenta la denuncia ante la Inspección de Trabajo o la demanda ante el Juzgado de lo Social.
  • Solicita medidas cautelares para proteger tu salud mientras dura el procedimiento.
  • Reclama la indemnización por daños y perjuicios y, si te han despedido, la nulidad del despido.
  • Coordina los informes médicos y psicológicos si necesitas una baja por ansiedad o depresión derivada del acoso.

Pruebas y responsabilidad de la empresa

El trabajador debe aportar indicios razonables del acoso; a partir de ahí, es la empresa la que tiene que demostrar que actuó correctamente. Además, la compañía tiene la obligación de prevenir el acoso laboral conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Si no lo hace, puede ser sancionada y condenada a indemnizar al empleado afectado.

Un abogado especializado puede solicitar pruebas periciales psicológicas, testificales y documentales. Si quieres conocer en detalle cómo reunir esas pruebas, qué plazos tienes y qué puedes reclamar, consulta nuestra guía Acoso laboral (mobbing): cómo probarlo y qué puedes reclamar.

Indemnización y consecuencias del acoso laboral

El mobbing puede generar graves consecuencias psicológicas y físicas: ansiedad, depresión, insomnio, estrés postraumático o baja médica prolongada. Según la gravedad de las secuelas, la víctima puede solicitar la declaración de incapacidad temporal o permanente.

La víctima puede reclamar una indemnización por los daños morales, la pérdida de ingresos y el deterioro de su reputación profesional. Si el acoso termina en un despido, este puede declararse nulo, lo que obliga a la empresa a readmitir al trabajador y a abonarle los salarios dejados de percibir. Si el trabajador no puede seguir en la empresa, puede pedir al juez la extinción del contrato con derecho a indemnización.

Asesoramiento en Alicante

En Santamaría Baeza Abogados somos especialistas en acoso laboral y mobbing en Alicante. Analizamos tu caso con confidencialidad, valoramos las pruebas disponibles y te acompañamos durante todo el proceso administrativo y judicial. Nuestra experiencia en Derecho Laboral y nuestro conocimiento de los tribunales de Alicante nos permiten ofrecer una defensa sólida para que recuperes tu tranquilidad y tus derechos como trabajador.

Conclusión

El acoso laboral es una de las formas más graves de vulneración de derechos en el trabajo. Si sospechas que estás siendo víctima de mobbing, no esperes a que la situación empeore. Contacta con nosotros y recibe el apoyo legal necesario para detener el acoso y reclamar las indemnizaciones que te corresponden.

¿Puede la empresa reducir el salario por llegar tarde? Abogado en Alicante

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Reducir salario por llegar tarde al trabajo Abogado Alicante

Llegar tarde al trabajo es una situación que puede generar dudas y conflictos entre empresa y trabajador. En muchos casos, las empresas aplican descuentos o sanciones que no siempre están permitidos. Si te encuentras en esta situación, un abogado laboral en Alicante puede ayudarte a saber cuándo reducir salario por llegar tarde al trabajo es legal y cuándo no lo es.

Cuándo puede aplicarse un descuento salarial

El Estatuto de los Trabajadores establece que el salario se devenga por el tiempo efectivamente trabajado. Por tanto, la empresa puede descontar el tiempo no trabajado por un retraso, siempre que sea un ajuste proporcional y justificado.
No obstante, cuando se aplican reducciones mayores o repetidas sin aviso, puede tratarse de una sanción encubierta, lo cual es ilegal. En estos casos, un abogado Alicante especializado en derecho laboral puede reclamar la devolución de lo descontado y exigir el cumplimiento de tus derechos.

Reducir salario por llegar tarde al trabajo: cuándo es legal

Para que la reducción salarial sea válida deben cumplirse tres requisitos básicos:

  1. Registro horario real y verificable. La empresa debe poder probar el retraso mediante fichajes u otros medios objetivos.

  2. Descuento proporcional. Solo puede restarse la parte correspondiente al tiempo no trabajado.

  3. Comunicación transparente. El descuento debe reflejarse claramente en la nómina con explicación del motivo.

Si alguno de estos puntos no se cumple, el trabajador tiene derecho a reclamar las cantidades indebidamente descontadas con ayuda de un abogado laboral en Alicante.

Diferencia entre descuento y sanción

No es lo mismo descontar el tiempo no trabajado que imponer una sanción económica.

  • El descuento salarial está permitido si es proporcional al retraso.

  • La sanción económica está prohibida por el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuando la empresa descuenta más de lo debido o lo hace como castigo, está vulnerando la ley.

Qué hacer si te reducen el salario por llegar tarde

  1. Solicita por escrito la justificación del descuento.

  2. Revisa tu convenio colectivo, ya que algunos regulan márgenes de cortesía.

  3. Contacta con un abogado Alicante especializado en derecho laboral para valorar si la deducción es legal.

  4. Si no lo es, presenta una reclamación de cantidad o denuncia ante la Inspección de Trabajo o los Juzgados de lo Social.

Jurisprudencia y defensa legal

La jurisprudencia reciente considera ilegales los descuentos desproporcionados o aplicados por retrasos mínimos. En muchos casos, los tribunales los califican como sanciones encubiertas.
Por eso, la actuación de un abogado laboral en Alicante resulta clave para reclamar los importes retenidos y garantizar una defensa efectiva.

Conclusión

Reducir salario por llegar tarde al trabajo solo es legal cuando se cumplen las condiciones de proporcionalidad y justificación. Si la empresa aplica descuentos arbitrarios, tienes derecho a reclamar.
En Santamaría Baeza Abogados, contamos con amplia experiencia en derecho laboral y podemos ayudarte a defender tus derechos frente a deducciones injustificadas.

El embargo del salario y la pensión de alimentos: límites y prioridades legales

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Respuesta rápida: Por deudas ordinarias, el sueldo o la pensión neta que no supera el salario mínimo interprofesional (1.221 € al mes en 2026, Real Decreto 126/2026) es inembargable, y lo que excede se embarga por tramos del 30 % al 90 % (art. 607 LEC). Con una nómina neta de 1.500 € en un mes sin paga extra, la retención máxima es de 83,70 €. Si se ejecuta una pensión de alimentos, esa escala no se aplica: el tribunal fija la cantidad embargable (art. 608 LEC).

Qué es el embargo del salario y la pensión de alimentos

El embargo del salario y la pensión de alimentos es una medida legal que permite retener parte de los ingresos de una persona para satisfacer deudas reconocidas judicialmente o cumplir obligaciones familiares.
En muchos casos, este tipo de embargos se producen por impago de pensión alimenticia, deudas civiles, préstamos o incluso sanciones administrativas.

La ley establece que el salario, la pensión o los ingresos de cualquier naturaleza pueden ser embargados parcialmente, siempre respetando unos límites mínimos que garanticen la subsistencia del deudor. Sin embargo, cuando se trata de pensiones de alimentos, la prioridad de cobro cambia completamente.

¿Qué límites tiene el embargo del salario según la ley?

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula los límites de embargabilidad del salario:

  • El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es inembargable.

  • Sobre el exceso del SMI se aplican tramos progresivos (30 %, 50 %, 60 %, 75 % y 90 % según la cantidad).

  • Estas limitaciones pueden ampliarse si el deudor tiene cargas familiares.

Por tanto, en situaciones ordinarias, el juez solo puede ordenar el embargo de una parte proporcional del sueldo o pensión, nunca de la totalidad.

¿Cuánto se puede embargar de la nómina en 2026?

Parte del sueldo o pensión neta mensual Porcentaje embargable Retención máxima en ese tramo
Hasta 1.221 € (1 SMI) 0 % (inembargable) 0 €
De 1.221,01 a 2.442 € 30 % 366,30 €
De 2.442,01 a 3.663 € 50 % 610,50 €
De 3.663,01 a 4.884 € 60 % 732,60 €
De 4.884,01 a 6.105 € 75 % 915,75 €
Más de 6.105 € 90 % 90 % de lo que exceda
Deuda por pensión de alimentos No se aplica la escala (art. 608 LEC) La fija el tribunal

¿Por qué el embargo por pensión de alimentos es una excepción?

Cuando el embargo tiene como objetivo garantizar el pago de una pensión alimenticia, los límites anteriores no se aplican del mismo modo.
El artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite embargar incluso por encima del salario mínimo, si se trata de cubrir necesidades básicas de hijos o familiares dependientes.

Esto significa que la pensión alimenticia goza de una protección reforzada frente a los límites ordinarios de embargo, ya que se considera una obligación esencial derivada de la responsabilidad familiar.
El juez puede determinar el porcentaje concreto de embargo en función de la cuantía adeudada y la situación económica del obligado al pago.

¿Cómo se solicita y ejecuta el embargo?

Para reclamar judicialmente el pago de una pensión de alimentos impagada, el beneficiario debe presentar una demanda de ejecución de sentencia ante el juzgado que dictó la resolución original.
Una vez admitida, el tribunal requerirá al deudor el pago y, si no se produce, ordenará el embargo de nómina, pensión o cuentas bancarias.

Los empleadores o entidades pagadoras están obligados a cumplir la orden judicial y a retener las cantidades indicadas, remitiéndolas directamente al juzgado o al beneficiario.

Compatibilidad con otras deudas o embargos

Si existen varios embargos simultáneos, la ley no da al embargo por pensión de alimentos una preferencia automática sobre los demás, incluidos los de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
El orden de cobro depende de la fecha de cada embargo (art. 610 LEC), del derecho de prelación de Hacienda (art. 77 de la Ley General Tributaria) y de lo que resuelva el juzgado si hay conflicto, por lo que debe revisarse en cada caso.

Desde Santamaría Baeza Abogados, especialistas en Derecho de Familia y Derecho Laboral, asesoramos tanto a quienes necesitan reclamar el cumplimiento de la pensión de alimentos como a quienes buscan defender sus derechos ante un embargo desproporcionado.

Conclusión

El embargo del salario y la pensión de alimentos está sujeto a límites legales, pero también a excepciones que protegen el bienestar de los hijos y dependientes.
Actuar con asesoramiento jurídico profesional es clave para garantizar que el procedimiento se realice conforme a derecho y sin abusos.

Preguntas frecuentes

¿Me pueden embargar el sueldo por no pagar la pensión compensatoria?

Sí. Además, desde el 3 de abril de 2025 la Ley Orgánica 1/2025 permite que tampoco se aplique la escala del artículo 607 LEC cuando se ejecuta una pensión compensatoria, siempre que quien la reclama lo pida y acredite una necesidad económica que lo justifique. El tribunal pondera la situación económica de ambas partes y fija la cantidad que puede embargarse (art. 608 LEC).

¿Qué pasa si dejo de pagar la pensión de alimentos?

Además del embargo, dejar de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos una prestación fijada en convenio aprobado judicialmente o en resolución judicial a favor del cónyuge o de los hijos es delito de abandono de familia. Se castiga con prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, y la reparación incluye siempre el pago de lo adeudado (art. 227 del Código Penal).

¿Qué parte del salario es inembargable?

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara inembargable el salario que no exceda del Salario Mínimo Interprofesional. Como el SMI se actualiza cada año por real decreto, conviene comprobar la cuantía vigente en el momento de la traba para saber exactamente qué cantidad queda protegida.

¿Cuánto me pueden embargar sobre esa cantidad?

Sobre lo que exceda del SMI se aplica una escala progresiva por tramos: un 30 % para la cuantía adicional hasta el doble del SMI, un 50 % hasta el triple, un 60 % hasta el cuádruple, un 75 % hasta el quíntuplo y un 90 % para lo que supere esa última cifra. El cálculo se hace por tramos sucesivos, no aplicando un único porcentaje al total.

¿Por qué en las pensiones de alimentos no se respetan esos límites?

Porque el artículo 608 de la misma ley excluye expresamente su aplicación cuando lo que se ejecuta es una condena al pago de alimentos. En estos casos es el tribunal quien fija la cantidad embargable atendiendo a las circunstancias concretas, y puede superar los porcentajes anteriores. Es la diferencia que más sorprende a quien recibe la notificación.

¿Qué ocurre si tengo varios embargos a la vez?

Los límites de inembargabilidad operan sobre el conjunto de la retribución, no de forma independiente por cada procedimiento. El orden de prelación entre los distintos embargos y su concurrencia deben examinarse en cada caso, porque de ello depende cuánto percibe efectivamente cada acreedor.

¿Pueden embargarme la cuenta donde cobro la nómina?

Sí se puede embargar el saldo de una cuenta, pero las cantidades identificables como salario conservan la protección de los límites legales. Si el embargo de la cuenta ha alcanzado importes que provenían de la nómina y estaban protegidos, debe denunciarse ante el juzgado para que se corrija.

¿Qué hago si me han embargado por encima del límite?

El artículo 609 establece que el embargo de bienes o cantidades declarados inembargables es nulo de pleno derecho. Puede solicitarse el levantamiento parcial de la traba y la devolución de lo indebidamente retenido, pero conviene reaccionar con rapidez y por escrito ante el propio juzgado que acordó el embargo.

¿Cómo podemos ayudarle?

Revisamos el cálculo aplicado, comprobamos si se han respetado los límites y presentamos el escrito de oposición cuando procede. En Santamaría Baeza Abogados puede consultarnos sin compromiso: 654 58 14 93 · administracion@santamariaabogados.es · Avda. Aguilera 39, Entresuelo B, 03007 Alicante.

Fuentes

La oscura realidad de miles de españoles esclavos de las deudas

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La Segunda Oportunidad: Un Derecho para los Deudores Honestos

Desde la entrada en vigor de la reforma concursal, de vez en cuando leemos en la prensa una serie de noticias que ponen en tela de juicio el sistema de segunda oportunidad. Se observa así una tendencia en ciertos sectores de atacar a la segunda oportunidad pretendiendo cuestionar nuestro actual sistema de segunda oportunidad mediante la alegación de existencia de fraudes y de picaresca. Estas noticias, en una campaña perfectamente orquestada y dirigida, tratan de alguna manera, de mediatizar, condicionar y dirigir la actuación judicial.

Frente a tal campaña, hábilmente dirigida y sostenida, yo solo puedo contarles mi experiencia y hablarles de Antonio.

La historia de Antonio muy corta. Una historia con dos capítulos y un epilogo. Es una historia a la vez trágica y a es la vez una historia de esperanza. Es la historia de miles de españoles desafortunados, pero honestos, que son esclavos de sus deudas. Es la historia de Antonio, como podía ser perfectamente la de cualquiera de nosotros, déjenme que se la cuente.

Capitulo I

Antonio, 43 años, casado, dos hijos. Actualmente vive con su esposa de alquiler en una localidad de la provincia de Cádiz. Cuando encuentra trabajo, es electricista y es un buen electricista. En el año 2000, por indicación de las entidades financieras que hábilmente se anticipaban a la crisis económica que preveian, las empresas de su padre se vieron obligadas a renegociar todas las pólizas de crédito y todos los préstamos que tenían. Los bancos obligaron a Antonio su (padre), a la esposa (su madre) y a él mismo (entonces tenía 20 años y era estudiante) a avalar todos los préstamos y pólizas que las empresas del padre fueron conminadas a renegociar, so pena de que los bancos “cerraran el grifo” y las empresas (dos sociedades, con una media de 15 trabajadores cada una) tuvieran que cerrar. Finalmente, en el año 2008, las empresas entraron en concurso y las entidades bancarias ejecutaron los avales, oportuna y hábilmente renegociados años antes. El resultado de todo es que Antonio debe más de tres millones de euros.

Antonio no puede tener una vida normal. No puede tener una tarjeta de crédito. Antonio tiene que pagar todo en metálico, no solo porque apenas llega a ganar el salario mínimo, sino porque el dinero que entra en su cuenta corriente desaparece por arte de magia por los numerosos embargos de las entidades financieras. Además, Antonio ve como las entidades bancarias han vendido su deuda a fondos de inversión compradores de deudas, por cantidades irrisorias, pero sin embargo, su deuda con ellas aumenta cada día. Antonio no puede tener un teléfono móvil propio porque, cuando ha tenido teléfono propio, esos fondos de inversión lo llaman a todas horas reclamándole el pago. Antonio usa el teléfono de su mujer para poder mantenerse conectado al mundo y sobre todo para poder trabajar, porque Antonio no ha dejado de trabajar.

Antonio se ha acogido a la segunda oportunidad. En su solicitud de concurso, ha comunicado todas sus deudas, fundamentalmente los avales efectuados en su día a las empresas del padre. Además, ha comunicado que carece de bienes, él dice que qué más quisiera él tenerlos. El no entiende de maquillajes contables, no entiende de picaresca, no entiende de procesos judiciales, solo sabe que ni en 100 vidas podría pagar sus deudas. Solo sabe que no es feliz y tampoco ve a su familia contenta. Antonio se siente como un marginado, como un apestado social, a veces le dice a su abogado mirándole a los ojos que así no quiere vivir. Antonio por mucho que se le explique una y otra vez, no sabe qué es un fondo de inversión, no sabe que es una póliza o una cuenta de crédito y sigue sin saber lo que es un aval. Antonio solo sabe hacer su trabajo de electricista y también sabe que él y su familia no pueden vivir así.

Capitulo II

En el año 2015 surge el mecanismo de segunda oportunidad que permite exonerar, total o parcialmente, las deudas de las personas honestas que reúnan los requisitos para ello. A partir de ahí la Directiva Europea 1023/2019 pasa a considerar ese perdón de deudas como un derecho. Al trasponer la Directiva Europea, el legislador español, entre defender al acreedor o al deudor sobreendeudado, optó por permitir el perdón de las deudas de las personas que, reuniendo los requisitos para ello, fueran deudores de buena fe. Como es Antonio.

En el proceso concursal que hay que seguir para ello, el legislador español, como en todo proceso civil, ha optado por un sistema en el que han de ser los acreedores los que tutelen sus propios intereses. En ese sentido los jueces no han de controlar la actuación del deudor, han de controlar los datos que se aporten a la causa que, fundamentalmente, deben de ser aportados por los acreedores si sostienen la existencia de fraude o picaresca en el deudor concursado. Actualmente la mayoría de los acreedores optan voluntariamente por no comparecer en los procesos concursales, permitiendo la exoneración del deudor. En ese sentido, casi todo el mundo entiende que, si los acreedores no comparecen en el proceso concursal a comunicar supuestas actuaciones deshonestas o de mala fe, es porque consideran que el deudor al que se refiere el proceso concursal es un deudor honesto y de buena fe. Como sucede con Antonio.

Actualmente se observa una campaña en la prensa dirigida por ciertos sectores, financieros y no financieros, a crear un clima contrario a la segunda oportunidad. Se denuncian supuestos fraudes, hipotéticas irregularidades o picarescas que solo están en la mente de algunos pero que intentan que, con dejación de las funciones que corresponden al acreedor, sea el juez quien fiscalice la actuación del deudor, cuando por el contrario la función del juez es verificadora de los datos que los acreedores comuniquen al concurso, como en todo proceso civil. Lo que sucede es que los acreedores, haciendo dejación de su derecho, no comunican datos, pero por contra llevan a cabo esa campaña en la prensa contra la segunda oportunidad. Resulta sin embargo que, en los datos que manejamos, y que manejan los propios jueces, no se observa una situación generalizada de fraude en los deudores. Por el contrario, lo que sí se observa es una generalizada omisión de actuación por los acreedores en la defensa de sus intereses frente a esos supuestos fraudes o picarescas, suponemos que porque ellos mismos valoran en cada caso la inexistencia de fraude. La tasa de fraude en nuestro país puede calificarse de marginal, en línea como otros países de nuestro entorno y como en EEUU, donde la exoneración de deudas tiene mas alcance que en España.

En relación con las distintas noticias que aparecen en la prensa (la campaña oportunamente orquestada en ese sentido) se pretende la creación de un clima contrario al perdón de las deudas lleno de generalizaciones y exageraciones, en el que se claramente se pone de manifiesto una realidad fraudulenta generalizada que es inexistente en los procesos concursales de nuestro país.

Epílogo

Volvamos a Antonio. A Antonio le han concedido la segunda oportunidad. En el proceso concursal, ningún acreedor sostuvo su mala fe. Antonio por fin dispondrá de una cuenta corriente con un saldo escaso pero que nadie le embargará. El teléfono móvil del que dispondrá Antonio estará a su nombre. Dispondrá de una tarjeta de crédito, con la que pagarán las compras que hagan y él y su familia podrán tener una vida normal.

Antonio últimamente casi siempre luce en su cara una sonrisa cuando viene a ver a su abogado, lo que (a Dios gracias) hace mucho menos que hace algunos meses. Su vida les parecerá simple, y tal vez lo sea, pero es la vida normal de una persona normal. La vida a la que Antonio tenía derecho. La vida a la que todos tenemos derecho.

Por último, decirles que Antonio no es un ser creado en la pesadilla de nadie. Antonio es una persona real, un padre de familia que vive en este país, tiene nombre y apellidos, un número de DNI y una historia que hoy les cuenta su abogado, una historia que merecía que alguien la contase, una historia que es la suya, la de Antonio, pero que podía ser la de cualquiera de nosotros. Si algún día nos tocara a nosotros afrontar esta situación, ojalá tengamos la fortaleza de Antonio y contemos entonces con un sistema de segunda oportunidad al que acogernos. Si, ese mismo sistema de segunda oportunidad que hoy se pone en tela de juicio y que sufre esa campaña interesada desde ciertos sectores. Financieros y no financieros.

Fuente : https://www.economistjurist.es/

Abogado experto tráfico alcoholemia Alicante Elche

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Dar positivo en un control de alcoholemia, o verse implicado en un accidente después de haber bebido, puede acabar en un procedimiento penal que se resuelve en cuestión de días. Lo que se decida en esas primeras horas —firmar o no el atestado, pedir la segunda prueba, aceptar la conformidad en el juzgado de guardia— condiciona el resultado. En Santamaría Baeza Abogados defendemos a conductores investigados por alcoholemia en Alicante, Elche y toda la provincia, desde el atestado hasta la sentencia.

¿Cuándo es delito y cuándo es solo una sanción administrativa?

No todo positivo es delito. La diferencia depende de la tasa de alcohol y de cómo se conducía:

  • Infracción administrativa: conducir con una tasa superior a 0,25 mg/l en aire espirado (0,15 mg/l para conductores noveles y profesionales) es una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Vial. Supone multa y retirada de puntos, pero no antecedentes penales.
  • Delito contra la seguridad vial (art. 379.2 del Código Penal): es delito, en todo caso, conducir con una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre. Por debajo de esa tasa también puede haber delito si se conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas, algo que se intenta acreditar con los síntomas que los agentes reflejan en el atestado o con la forma de conducir, por ejemplo cuando se provoca un accidente.
  • Negarse a hacer la prueba (art. 383 CP): negarse a soplar, o simular que se sopla, es un delito autónomo castigado con prisión de seis meses a un año y privación del permiso de conducir de más de uno y hasta cuatro años. Además, no impide que se le acuse igualmente por conducir bajo la influencia del alcohol.

Penas del delito de alcoholemia

El artículo 379.2 del Código Penal castiga la conducción bajo los efectos del alcohol con una de estas tres penas, a elección del juez:

  • Prisión de tres a seis meses.
  • Multa de seis a doce meses, cuya cuantía diaria se fija según la capacidad económica del condenado.
  • Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Y, en todo caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante más de uno y hasta cuatro años. Si hay un accidente con heridos o daños, a estas penas pueden sumarse las de los delitos de lesiones y la responsabilidad civil frente a las víctimas.

Cómo funciona el juicio rápido por alcoholemia

La mayoría de los casos se tramitan por el procedimiento de juicio rápido. Tras el control o el accidente, los agentes redactan el atestado y citan al conductor ante el juzgado de guardia en un plazo muy breve. Allí, asistido obligatoriamente por un abogado, el investigado tiene dos caminos:

  • Conformidad (art. 801 LECrim): reconocer los hechos y aceptar la pena que pide el fiscal, que se rebaja en un tercio. La sentencia se dicta en el mismo momento y es firme.
  • No conformarse: el asunto pasa al juzgado de lo penal para celebrar juicio, donde puede discutirse la validez de las pruebas.

Elegir bien entre ambas opciones exige revisar el atestado antes de entrar en el juzgado. Lo explicamos con detalle en nuestra guía sobre el juicio rápido por alcoholemia.

Qué revisa un abogado de alcoholemia en su caso

Una buena defensa no se improvisa en la puerta del juzgado. En cada asunto analizamos:

  • Las garantías de la prueba: que se realizaran dos mediciones separadas por al menos diez minutos, que el etilómetro estuviera homologado y verificado, y que se le informara de su derecho a una prueba de contraste mediante análisis de sangre.
  • El atestado: los síntomas que se describen, la hora de las pruebas y la coherencia entre lo que se relata y lo que realmente ocurrió.
  • La calificación de los hechos: si el caso es realmente delito o debería quedarse en infracción administrativa.
  • La conveniencia de la conformidad: si compensa aceptar la rebaja de un tercio o hay motivos sólidos para ir a juicio.
  • La pena más adecuada: entre prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y la posibilidad de suspender la pena de prisión cuando se cumplen los requisitos legales.

Qué hacer si da positivo en un control

  1. No se niegue a soplar: la negativa es un delito más grave que el propio positivo.
  2. Pida la segunda prueba y, si lo considera oportuno, el análisis de sangre de contraste.
  3. Lea antes de firmar y haga constar en el atestado lo que no comparta.
  4. No acuda solo al juzgado de guardia: llámenos en cuanto reciba la citación para preparar la defensa antes de la comparecencia.

Si quiere saber más sobre los límites de alcohol, sus derechos durante la prueba y los errores más habituales, consulte nuestra guía sobre el control de alcoholemia.

Abogado de alcoholemia en Alicante y Elche

En Santamaría Baeza Abogados le acompañamos desde la primera llamada: revisamos el atestado, le asistimos en el juzgado de guardia y defendemos su caso hasta el final si no conviene la conformidad. Atendemos en Alicante, Elche, San Vicente del Raspeig, San Juan, Santa Pola, Crevillente y el resto de la provincia.

Si le han citado a un juicio rápido por alcoholemia, llame al 654 581 493 o escríbanos desde nuestra página de contacto.

Multas aplicables a los patinetes electricos Alicante y Elche

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La nueva instrucción de la DGT sobre el uso de estos vehículos

Patinete eléctrico por ciudad

Ayer salio a la luz la nueva y esperada instrucción de la Dirección General de Trafico donde establece algunos supuestos prohibidos cuando se circula con patinete eléctrico y ademas establece algunas sanciones, que pueden imputarse a todos los usuarios de las grandes ciudades como Alicante o Elche.

Debido al aumento de vehículos de movilidad personal que están proliferando en las zonas urbanas, en la que estos vehículos se han convertido en un medio alternativo de desplazamiento para los ciudadanos, la Dirección General de Tráfico ha publicado una instrucción transitoria en la que establece una serie de criterios clarificadores dirigidos a los usuarios de estos vehículos, ayuntamientos y agentes de la autoridad, hasta que se publique la normativa correspondiente que va en la misma línea de lo que se está debatiendo en la Unión Europea.

La regulación legal de este tipo de vehículs esta actualmente en fase de audiencia pública en el Ayuntamiento de Alicante y lo mismo pasa en otro ayuntamiento de la zona como Elche, San Vicente del Raspeig, San Juan de Alicante, Altea…  pero esto no impide que una instrucción,recoja los criterios a los que están sometidos estos vehículos dentro de la normativa de tráfico vigente.

La instrucción adelanta la definición prevista para los VMP en la modificación en trámite del Reglamento General de Vehículos con el objetivo de contribuir a la transparencia y a la competencia de los operadores afectados, empezando por los propios usuarios actuales y futuros.

Qué es un VMP

Según la instrucción un VMP es un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre los 6 y los 25 km/h.

Vehículos que no son VMP

Quedan excluidos de esta consideración:

 

  • Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín.
  • Vehículos concebidos para competición.
  • Vehículos para personas con movilidad reducida.
  • Vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) N2 168/2013: patinetes con asiento, ciclo de motor, ciclomotores de dos ruedas…. Se recuerda que estos vehículos requieren de la autorización administrativa para conducir, circular y tener una póliza de seguro, además del uso del casco.
  • Como norma general, los artilugios que no sobrepasen la velocidad de 6 km/h tienen la consideración de juguetes.

 

A los VMP no se les exige autorización administrativa para circular ni para conducir, ni seguro obligatorio. Por tanto, no se detraerán puntos al conductor cuando esté claro que el tipo de vehículo que conduce es un VMP.

Comportamientos sancionables

Para la instrucción da una ideas de los hechos que están prohibidos y su sanción

Las cuales las recogemos en el presente post:

 

  • Alcohol y drogas. Los usuarios de vehículos de movilidad personal tienen la obligación de someterse a las pruebas de alcohol y drogas, siendo sancionados, con la misma cuantía económica que si condujeran otro vehículo, en caso de sobrepasar las tasas de alcohol (500 o 1.000 € en función de la tasa) o en caso de que haya presencia de drogas en el organismo del conductor (1.000 €).
  • En caso de negarse a someterse a dichas pruebas,  serán denunciados como infracción administrativa.
  • Si el conductor da positivo a alcohol o droga, el VMP se inmoviliza, tal y como ocurre con el resto de vehículos.
  • Uso de teléfono móvil. Al tratarse de conductores de vehículos, tienen prohibido conducir haciendo uso manual del teléfono móvil o de cualquier otro sistema de comunicación. La sanción sería de 200 € (artículo 12.2.5B del RGC).
  • Auriculares. También tienen prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. En caso de ser detectados se les denunciará por este precepto con 200 € (artículo 12.2.5A del RGC).
  • Casco y otros elementos de protección. A falta en estos momentos de una regulación en el Reglamento General de Circulación, el uso de estos elementos se regirá por lo que disponga la correspondiente Ordenanza Municipal. En el caso de que la Ordenanza regule el uso obligatorio de casco, el agente sancionará con 200 € (art 118.1 del RGC) y procederá a la inmovilización del vehículo de acuerdo con el artículo 104.1.c) del texto refundido de la Ley de Seguridad Vial.
  • Tienen prohibido la circulación por aceras y zonas peatonales, ya que el artículo 121 del RGC prohíbe la circulación de cualquier vehículo por las aceras (excepto a monopatines, patines o aparatos similares que lo hagan exclusivamente a paso de persona) siendo sancionable con 200 €, con las matizaciones que puedan establecer las Ordenanzas Municipales.
  • Sin pasajero. Los VMP y demás vehículos ligeros propulsados eléctricamente sólo autorizan para transportar a una persona, por lo que la circulación de dos personas en VMP es sancionable con 100 € de multa (artículo 9.1.5.E del RGC).
  • Prendas reflectantes o sistema de alumbrado. Se considerará conducción negligente y por tanto punible cuando se realice conducción nocturna sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes, ya que en estos casos, el conductor no adopta la diligencia necesaria para ser visto por el resto de conductores ni la precaución necesaria para evitar ponerse en peligro. La sanción correspondiente es de 200 € (artículo 3.1 del RGC)
  • Paradas y estacionamientos. Las ordenanzas municipales son las que establecen las prohibiciones relativas a las paradas y estacionamientos de estos vehículos. Desde la DGT, se aboga para que la acera sea del peatón, pero su regulación es exclusivamente municipal.
  • Sanciones a menores. En los casos de infracciones cometidas por menores de 18 años, los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, responderán solidariamente de la infracción cometida por el menor.

 

Se espera que en los próximos meses se publique la normativa local de cada ayuntamiento pero de momento estas sanciones son de plena aplicación.

Para cualquier aclaración estamos a su disposición en Alicante y Elche.

SANTAMARIA BAEZA ABOGADOS