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¿Qué implica la cesión de remate?

9 de noviembre de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 2 minutos

 

Qué es la cesión de remate

La cesión de remate es una figura jurídica que se produce en el contexto de una subasta judicial o ejecución hipotecaria. Se trata de la posibilidad que tiene el postor adjudicatario (quien ha resultado ganador en la subasta) de ceder los derechos de su adjudicación a un tercero, antes de que se formalice la entrega del bien por parte del juzgado.

Este mecanismo está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y permite una mayor flexibilidad en las operaciones judiciales, especialmente en casos donde el adjudicatario actúa en nombre propio pero en interés de otro comprador.

Requisitos y procedimiento

Para que la cesión de remate sea válida, deben cumplirse una serie de condiciones legales:

  • La cesión debe realizarse por escrito y presentarse ante el Letrado de la Administración de Justicia antes de que finalice el plazo para consignar el precio del remate.

  • El cesionario (quien recibe los derechos) debe aceptar expresamente la cesión y asumir las obligaciones económicas derivadas.

  • Es necesario abonar los impuestos y gastos asociados a la operación, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o los aranceles notariales.

Si no se cumplen estos requisitos, el juzgado no admitirá la cesión y el adjudicatario original continuará siendo el responsable de completar la adquisición.

Ventajas y consideraciones legales

La cesión de remate puede resultar ventajosa cuando el adjudicatario inicial desea transferir la propiedad sin necesidad de una segunda compraventa, evitando así duplicar gastos. Sin embargo, también conlleva ciertos riesgos, especialmente si no se formaliza correctamente o si existen terceros interesados en el procedimiento.

Por ello, desde Santamaría Baeza Abogados recomendamos que este tipo de operaciones se realicen con asesoramiento jurídico especializado, garantizando que se respeten los plazos y formalidades exigidas por la ley.

Conclusión

En definitiva, la cesión de remate es una herramienta útil en el ámbito de las ejecuciones judiciales, pero requiere un conocimiento profundo de su regulación y efectos. Si necesitas orientación sobre cómo realizar una cesión de remate o participar en una subasta judicial, nuestro equipo puede asesorarte durante todo el proceso.

Publicado en: Derecho Civil Etiquetado como: Abogado, Abogado Alicante, Asesoramiento Jurídico, Noticia

El Tribunal Constitucional valida la Ley Estatal de Vivienda y elimina la figura de la vivienda protegida autonómica

5 de abril de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 2 minutos

 

El Tribunal Constitucional respalda la Ley Estatal de Vivienda

El Tribunal Constitucional ha respaldado la mayor parte de la Ley Estatal de Vivienda, anulando únicamente algunos artículos relacionados con las competencias autonómicas. Esta decisión implica la supresión de la figura de la vivienda protegida autonómica, un modelo que hasta ahora permitía a las comunidades establecer sus propios criterios de acceso, precios y regulación.

Con esta resolución se refuerza el marco jurídico estatal y se unifica la regulación del mercado de la vivienda en todo el territorio nacional. No obstante, algunos expertos señalan que esta medida podría generar incertidumbre en programas autonómicos ya existentes.

Competencias estatales y autonómicas

La sentencia del Constitucional establece que el Estado tiene competencias para fijar las bases de la política de vivienda y la función social del derecho a la propiedad, pero no para intervenir directamente en los mecanismos autonómicos de gestión y promoción.

Desde Santamaría Baeza Abogados destacamos la relevancia de esta decisión para quienes están afectados por procesos de adquisición, alquiler o ayudas públicas en vivienda protegida. Si tienes dudas sobre cómo puede afectarte este cambio legislativo, nuestro equipo jurídico puede orientarte en la interpretación y aplicación de la nueva normativa estatal.

Puntos clave de la resolución

  • El Constitucional valida la mayor parte de la Ley Estatal de Vivienda.

  • Se elimina la figura autonómica de vivienda protegida.

  • Se unifica la regulación bajo criterios estatales.

  • Posibles efectos sobre ayudas, precios y adjudicaciones.

Consulta con nuestros abogados especialistas en derecho inmobiliario y administrativo si te encuentras en una situación afectada por esta modificación legislativa.

Publicado en: Actualidad Jurídica y Cambios Legislativos Etiquetado como: Abogado, Abogado Alicante, Derecho Inmobiliario, Noticia, Tribunal Constitucional

El TJUE amplía el plazo para reclamar los gastos hipotecarios porque las normas nacionales no pueden reducir el derecho a reclamar

31 de enero de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 7 minutos

TJUE Amplía Plazo para Reclamar Gastos Hipotecarios: Nuevas Perspectivas

Las primeras reacciones sobre esta sentencia sobre gastos hipotecarios del TJUE parece modificar el criterio seguido hasta ahora por el Tribunal Supremo y da más tiempo a los clientes para reclamar a la banca la devolución de los gastos hipotecarios. Ese plazo de prescripción comienza una vez que el consumidor conoce que la cláusula de su contrato es abusiva y los derechos que tiene.

Con esta postura, corrige al Supremo, que determinó que el plazo de prescripción para reclamar se inició con su sentencia del 24 de enero de 2019, que estableció el reparto de los gastos hipotecarios entre bancos y clientes y, por tanto, cómo el Código Civil da cinco años para reclamar (el catalán, da 10 años), la posibilidad de actuar contra los bancos habría prescrito este jueves 24 de enero.

Con este fallo, cuya relevancia ya anunciaba Manuel Jesús Marín, catedrático de derecho civil de la Universidad Castilla -La Mancha hace unos días, en este medio el TJUE abre la puerta a que más consumidores logren la devolución. Según estimaciones de algunos expertos,  habría unos ocho millones de clientes potenciales a reclamar la devolución de los gastos, por una media aproximada de 1.500 euros.

Hay que declarar nula la cláusula de gastos

Francisco Javier Jiménez, abogado y árbitro de consumo, colaborador de Adicae y vicepresidente del Grupo Derecho de Consumo del Icagr,  explica la evolución de las sentencias de gastos a lo largo de estos años.  Asi  recuerda que una sentencia de 23 de enero del 2019 del Supremo indicaba que los gastos reclamables eran todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales.

En este contexto, recuerda que surgió la duda de si existía o no un plazo para una vez declarada la nulidad de la cláusula, qué plazo había para la restitución de esos gastos: “En nuestro derecho nacional todo perjuicio tiene un plazo para reclamación y en el caso de este pago indebido se situaba en diez años luego en el Código Civil en el 2015 se redujo a cinco años”.

Este jurista recuerda la cuestión prejudicial interpuesta por el Supremo que, intentando unificar los criterios de las distintas Audiencias Provinciales “donde estableció dos posibles vías sobre las que el TJUE debe resolver, la cuestión no es el plazo sino cuando se empieza contar. Planteaba si se empieza a contar desde que el tribunal declara la nulidad de esa cláusula abusiva, con lo cual en la práctica no habría plazo porque si la nulidad de cláusula no tengo plazo para pedirla, también se pide la devolución de esos gastos, o que esos gastos empiezan a contar desde aquella sentencia de 23 de enero del 2019 donde dijeron por vez primera que gastos había que devolver al consumidor”, subraya.

De ahí que uno de los rumores que corría estos días es que “el plazo acababa este 23 de enero del 2024 si el TJUE se pronunciaba en ese sentido. De alguna forma, la sentencia del TJUE resuelve dichas cuestiones. Este fallo judicial responde a una cuestión prejudicial de la Audiencia Provincial de Barcelona donde en Cataluña el Código Civil da un plazo de diez años que se ha mantenido esos años Tenía una serie de recursos contra varias entidades bancarias y pregunta si ese plazo empieza a contar desde que se agota el prejuicio, desde el pago de esos gastos o si había esperar a que hubiera una jurisprudencia consolidada para el consumidor tuviera un conocimiento previo y empezar a contar”.

Para Jiménez, el TJUE responde que ninguna legislación nacional puede restringir el derecho a reclamar del consumidor: “No es suficiente con tener una jurisprudencia consolidada que diga que gastos se puede recuperar, sino que el consumidor en su caso concreto debe conocer que la cláusula es nula y eso es lo que da derecho la recuperación de esos gastos. Al final el papel del juez nacional es clave para indicar qué clausula es nula y a partir de ahí podremos contar el plazo que haya, de diez, cinco o tres años, como sucede en otros países”.

Para este experto, “se critica a veces la poca claridad del TJUE en sus sentencias, pero no se tiene en cuenta que este tipo de sentencias se aplica en todos los países de la UE donde hay que respetar como marco supremo las directivas comunitarias, entre ellas la directiva 93/13 que es la que regula las cláusulas abusivas en el derecho europeo. Eso hace que se den pautas genéricas donde hay un refuerzo de la protección europea del consumidor por encima de la legislación nacional”.

En definitiva, la sentencia resuelve que no es suficiente con que haya una jurisprudencia consolidada del Supremo como es la sentencia de 23 de enero del 2019 donde ya dice los gastos que debe pagar sino que el consumidor debe tener la certeza jurídica de que su cláusula se declara nula. De eso se trasluce que el dies a quo es el momento en el que la cláusula se declara nula por el tribunal competente, cuestión que pregunta el Supremo en su cuestión prejudicial al TJUE aun por resolver.

A su juicio, “este criterio está siendo seguido por muchas Audiencias provinciales, existe un plazo que comienza cuando el juzgado declare la nulidad de esa cláusula genérica de gastos. A partir de ahí hay cinco años para reclamar dicha devolución de los gastos  si se pide a la vez en la demanda la nulidad de esa cláusula y el cobro indebido de esos gastos estamos en una situación donde se puede hablar que no hay plazo. A partir de aquí esa cuestión prejudicial del Supremo prácticamente esta ya respondida con esta sentencia”.

No queda claro cuál es el dies a quo

Edmundo Rodriguez, magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, cree que lo que le dice el TJUE a la Audiencia Provincial de Barcelona, que da varias alternativas para establecer el dies a quo, inicial para inicial el computo del periodo de prescripción y a todas dice que “habla que la directiva 93/13  de protección de los consumidores y el principio de eficiencia obliga a una interpreta más favorable a los consumidores”.

Edmundo Rodríguez cree que la sentencia no aclara cuando se inicia ese computo y cree que habrá que esperar a como resuelve el TJUE la prejudicial del Supremo (Foto: cesión propia)

Desde esta perspectiva, este jurista “descarta el plazo del pago  de la primera cuota hipotecaria, en la primera cuestión que contesta y en la segunda la tesis que se manejaba por mucha gente y también por el Supremo cuando planteo la cuestión prejudicial era el plazo seria en relación con las sentencias dictadas por el Supremo fundamentalmente la de 23 de enero del 2019, y también dice que no”.

Para este magistrado, “el TJUE señala que el consumidor no tiene porque conocer esa jurisprudencia del Supremo y que por lo tanto la interpretación que se hace  es que este tipo de reclamaciones se mantengan que no van a prescribir a partir de ese momento. Hay que ir al caso concreto, si en ese caso el consumidor no tuviera conocimiento de esa sentencia es posible que el plazo sea más amplio”.

A su juicio, “esta sentencia está mas en la línea de aquellos que defendían que el plazo no acababa. Las posibilidades de la AP de Barcelona se descartan. Lo que se podría desprender de la sentencia del TJUE es que ese computo seria en cada caso concreto donde el consumidor pudiera saber que la cláusula era abusiva, podría ser un momento posterior a la jurisprudencia. La fecha concreta es complicada hace una valoración”.

Para Rodríguez, “lo que sí esta claro es que tumba la tesis de la AP de Barcelona que señalaba que estos asuntos estuvieran prescritos no la acogen, ahora el plazo es de cinco años para reclamar, de diez lo dice en el Código Civil catalán. La sentencia no aclara el inicio de ese computo. Habrá que ver si cuando resuelva la cuestión prejudicial del Supremo se pueda aclarar esta cuestión y ofrece otras alternativas. El Supremo en su auto planteaba que fuera su jurisprudencia rechazada ahora por el TJUE y desde alguna sentencia que el propio TJUE dijo que pudiera ser así, veremos realmente si se aclara en la próxima sentencia del TJUE».

En este contexto, parece que lo lógico seria que los consumidores afectados pudieran presentar una reclamación extrajudicial para interrumpir la prescripción. Y esperar a que lo diga el TJUE sobra la cuestión prejudicial del Supremo. Parece que el Tribunal de Luxemburgo esté dispuesto a dar facilidades al consumidor para reclamar. La sentencia le dice a la Audiencia Provincial de Barcelona que esos asuntos no están prescritos sobre los que planteó su cuestión prejudicial No es descartable que esta Audiencia espere a la resolución cuestión de prejudicial del Supremo para resolver ese asunto”.

Se amplia el plazo al consumidor

Almudena Velázquez, socia directora de Elcano Asesores, despacho integrado en la  Red Abafi, cree que «esta sentencia del TJUE ha puesto claro el asunto y aclara alguna de las cuestiones que le pregunta expresamente el Tribunal Supremo. Para este tribunal el dies a quo podría ser desde la fecha de conocimiento de la jurisprudencia o desde que se declara la nulidad de la cláusula de un juzgado. Esta es la postura de la Audiencia Provincial de Madrid, que señala que no puede comenzar a contar la acción de restitución hasta que se declara la nulidad de la cláusula por el juez”.

Almudena Velázquez, como abogada cree que el plazo de restitución de esos gastos cuenta a partir de que el juez declara nula la cláusula de gastos (Foto: Red Abafi)

Esta experta habla de lógica jurídica: “Un contrato hipotecario es válido hasta que un juez no diga la contrario. El Tribunal Supremo si metió esa cuestión prejudicial y lo que dice esta sentencia no expresamente, pero sí insiste mucho en que el consumidor tiene que conocer las consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad ya abusividad, con lo cual orienta ese fallo que abre la puerta a los cinco o diez años de prescripción, en cuanto a si es derecho nacional o catalán para empezar a computarlo”.

En su opinión, “el cómputo del plazo queda descartado desde el plazo del cómputo del contrato. Creo que es un fallo para ser optimista, aquí no se le han preguntado, pero con la cuestión del Supremo se va a mojar e indiciara que la acción de nulidad lo primero que debe hacer es establecerla un juez”.

En este contexto, “al consumidor no se le puede limitar el plazo de reclamación de los gastos porque no sepa que su cláusula es nula. “La cláusula puede ser genéricamente nula, pero si no se le declara nula en su caso concreto no tiene porque empezar a contar el plazo. Se declara nula cuando se ha presentado la demanda en un juzgado o cuando el propio banco lo reconoce, últimamente se dan casos que presentas la reclamación extrajudicial y tienen una postura ambivalente, te dicen que reconocen la nulidad pero no devuelven cantidades”.

Fuente : https://www.economistjurist.es/

Publicado en: Actualidad Jurídica y Cambios Legislativos Etiquetado como: Noticia

Absuelven a un conductor que dio positivo en alcohol al no probarse que conducía él

8 de diciembre de 2019 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 4 minutos

Prueba alcoholímetro a conductor

En el presente port nos hacemos eco de una reciente sentencia dictada por el

Juzgado de lo Penal N°. 5 de Getafe, Sentencia 150/2019 de 16 Mayo 2019 donde absuelven a un acusado de ir conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas al no quedar probado que quien conducia era él.

 

El el presente caso se enjuicio a un joven de 21 años que tuvo un accidente contra una valla y al personarse la policía al lugar del accidente le practicaron la prueba y dio positivo, por ello los hechos serían constitutivos de un delito de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas recogido en el artículo 379.2 del Código Penal, que impone una pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses.

Es muy interesante la prueba, pues el acusado en el momento de que se personó la policía, el acusado reconoció que él conducía pero posteriormente dijo que conducía su novia.

Por eso, en el presente supuesto de hecho la prueba practicada resulta insuficiente para enervar la presunción de inocencia del artículo 24.2 CE.

En este caso, se practicó la prueba consistente en la declaración del acusado, quien manifestó que el día de los hechos no conducía él, sino su novia, pero indicó en el momento en que fue preguntado por los agentes que había sido él porque su pareja no tenía carnet de conducir.

Los agentes manifestaron que cuando llegaron vieron en el coche a tres personas, y que una de las chicas empezó a llorar diciendo que “no quería problemas”, y que ante esta situación el acusado dijo que él era quien conducía, por lo que únicamente se le realizó a él la prueba de alcoholemia.

 

En la sentencia se recoge como hechos probados:

Sobre las 05:48 horas del 4 de febrero del 2018, por la Avda de la Lengua Española, sita en la localidad de Leganés, circulaba el vehículo Renault Laguna, matrícula NUM001, asegurado en la Compañía Mutua Madrileña Automovilística, haciéndolo de forma irregular, de tal modo que al llegar a la intersección con las calles Beatriz Galindo y Bárdenas, el conductor perdió el control del mismo colisionando contra la valla ornamental.

Presentes Agentes de la Policía Local de Leganés en el lugar de los hechos, observaron en el acusado DARÍO, nacido en Ecuador, el … de junio de 1997, con DNI n° NUM002, y sin antecedentes penales tenía síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas, ante lo cual, le requirieron, apercibiéndole de las consecuencias de su negativa, para que se sometiera a la prueba de alcoholemia; sometido a la misma arrojó como resultado 0,68mgr/1 en la primera prueba a las 06:32, y 0,66 mgr/1 en la segunda a las 06:47 horas. No se ha acreditado que el acusado DARÍO fuese el conductor del vehículo.

 

Por ello, la juez declara en su sentencia:

En el presente caso, a la vista de la prueba practicada, no puede asegurarse que el acusado, fuese el conductor del vehículo en el momento en el que se produjo el accidente.

En el caso enjuiciado se practicó la prueba interesada por la defensa y el Ministerio Fiscal, consistente, en primer lugar, en la declaración del acusado, quien en el acto del juicio manifestó a preguntas de su defensa ya que no quiso contestar a las preguntas de la acusación que el día de los hechos no conducía él, sino que quién conducía era su novia diciendo que había sido él porque su novia no tenía carnet de conducir. El agente de la policía local de Leganés nº NUM003 manifestó que acudieron al lugar porque alguien avisó de que se había producido un accidente, pero no les dijeron si quien conducía era un varón o una mujer. Cuando llegaron vieron a tres personas y les preguntaron y una chic empezó a decir que no quería problemas y empezó a llorar y el señor dijo que conducía él, pero que no había atropellado a nadie. Como el señor reconoció que era el conductor le hicieron a él la prueba a las chicas no. El agente de la policía local de Leganés nº NUM004 manifestó que acudió al lugar del accidente y vieron a tres personas que estaban como a unos 60 metros del lugar. Las chicas dijeron que conducía él y él lo reconoció, sólo se le hizo la prueba a él. No recuerda si comprobaron que los tres tenían carnet de conducir, las llaves las tenía el acusado. El agente de la policía local nº NUM005 manifestó que hizo la prueba de alcoholemia, la diligencia de síntomas y la inspección ocular, ratifica el atestado. Fueron al lugar porque había habido un accidente y Darío les contó cómo se había producido el mismo diciendo que entró rápido en una rotonda y como había llovido perdió el control del vehículo. No le leyeron sus derechos. El agente de la policía local nº NUM006 manifestó que hizo la prueba de alcoholemia, la inspección ocular y la diligencia de síntomas. Darío dijo que era el conductor, le preguntaron cómo fue el accidente y les explicó lo sucedido, que entró muy rápido en la glorieta y se le fue el coche.

 

El Juzgado dictamina que debe absolverse al acusado del delito.

Publicado en: Curiosidades Jurídicas y Casos Inusuales Etiquetado como: Noticia

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