Santamaría Baeza

Abogados en Alicante: accidentes de tráfico, grandes lesionados y herencias

Mudarte de ciudad con tu hijo tras el divorcio: cuándo necesitas autorización del otro progenitor

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Tiempo de lectura: 7 minutos
Cajas de mudanza en un salon que ilustra el traslado de ciudad con el hijo tras el divorcio

Te ha salido un trabajo en otra provincia, o quieres volver a tu ciudad de origen. La duda llega enseguida: ¿puedes trasladarte de ciudad con el hijo tras el divorcio sin pedir permiso a nadie? La respuesta corta es que no, y conviene saberlo antes de firmar un contrato o un alquiler.

Patria potestad

Trasladarse de ciudad con el hijo tras el divorcio es una decisión conjunta

Mucha gente da por hecho que, si tiene la custodia, decide sola dónde vive el menor. No es así. La custodia regula el día a día; la patria potestad —el conjunto de derechos y deberes sobre el hijo— sigue siendo compartida salvo que una sentencia diga lo contrario.

Y el lugar de residencia habitual del menor es una de las decisiones que corresponden a esa patria potestad compartida. El cambio de domicilio del menor no lo decide el progenitor custodio: lo deciden los dos, o lo decide un juez.

En nuestro despacho vemos este conflicto con frecuencia en Alicante y en Elche, sobre todo cuando uno de los progenitores encuentra trabajo fuera de la Comunidad Valenciana y el otro se queda aquí. Es una de las situaciones que más atendemos desde nuestra área de derecho de familia.

Marco legal

Qué cambió en 2021: el artículo 154 del Código Civil

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, añadió al artículo 154 del Código Civil una facultad expresa dentro de la patria potestad: decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por autorización judicial.

Antes de la reforma el resultado era parecido, pero había que construirlo por vía interpretativa. Ahora está en la ley, y eso deja poco margen de discusión.

El artículo 156 del Código Civil completa el cuadro: la patria potestad se ejerce conjuntamente y, en caso de desacuerdo, cualquiera de los progenitores puede acudir al juez. El juez escucha a ambos y también al hijo, si tiene suficiente madurez y en todo caso si es mayor de doce años, y atribuye a uno de ellos la facultad de decidir.

  • La patria potestad compartida incluye decidir dónde reside habitualmente el menor.
  • El consentimiento del otro progenitor puede ser expreso o tácito, pero debe existir.
  • Tener la guarda y custodia no equivale a tener la última palabra sobre el domicilio.
  • Empadronar al menor en la nueva ciudad no legaliza por sí solo un traslado no consentido.

Vía judicial

Cómo se pide la autorización judicial del traslado del menor

Cuando el otro progenitor se niega, el camino habitual es el expediente de jurisdicción voluntaria por desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, del artículo 86 de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria. Está pensado para resolver un punto concreto de discrepancia, no para rediscutir toda la sentencia.

  1. Intenta el acuerdo por escrito. Un correo o un burofax con fechas, colegio, nuevo régimen de visitas y reparto de gastos de desplazamiento. Si se niega, ese escrito acredita que lo intentaste.
  2. Presenta la solicitud en el juzgado competente. El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del menor o, en su defecto, el de su residencia. Si el menor vive en Alicante, el expediente se tramita en Alicante.
  3. Acredita el motivo. Contrato u oferta firmada, condiciones económicas, informe del nuevo centro escolar, vivienda y apoyo familiar en destino. Un traslado alegado y no documentado se cae solo.
  4. Propón un plan de parentalidad alternativo. Es la pieza que más pesa: visitas más largas y agrupadas, reparto del coste de los viajes, videollamadas y vacaciones ampliadas.
  5. Comparecencia y resolución por auto. Se celebra la vista con ambos progenitores y, cuando procede, se oye al menor. El auto puede recurrirse en apelación.

Dos advertencias prácticas: abogado y procurador no son preceptivos para iniciar el expediente, pero sí en cuanto hay oposición; y si alguna parte plantea un procedimiento contencioso sobre el mismo objeto, el expediente se archiva.

Cuando el traslado obliga a replantear la custodia entera —no solo el domicilio— la vía adecuada suele ser la modificación de medidas por alteración sustancial de circunstancias, con la demanda del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Criterios del juez

Qué valora el juez antes de autorizar o denegar

El criterio decisivo es el interés superior del menor, recogido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. No se trata de premiar o castigar a nadie, sino de decidir qué conviene al niño.

El Tribunal Supremo lo ha repetido con claridad. La STS 536/2014, de 20 de octubre, admite que el progenitor custodio cambie de residencia siempre que ello redunde en beneficio de los hijos que se trasladan con él. La STS de 11 de diciembre de 2014 (recurso 30/2014) añade un matiz: el cambio de residencia no es por sí solo determinante; lo determinante es su efecto sobre el menor. Y la STS 980/2024, de 10 de julio, autorizó el traslado de una madre con su hijo de Córdoba a Madrid, atribuyéndole la guarda con patria potestad compartida y descartando la custodia compartida por la distancia.

Los factores que se ponderan en la práctica forense son estos:

  • Arraigo del menor en su entorno actual: colegio, amigos, actividades, atención sanitaria.
  • Red familiar disponible en origen y en destino.
  • Motivo real del traslado: una oferta laboral concreta pesa más que una expectativa.
  • Viabilidad del régimen de visitas: distancia, coste y tiempo de los desplazamientos.
  • Edad y opinión del menor, puesta en relación con su madurez.
  • Momento del curso escolar en que se plantea el cambio.
Caso tipo: de Alicante a Bilbao con una niña de ocho años

Madre con custodia, oferta laboral indefinida con mejora salarial y abuelos en destino. El padre tiene fines de semana alternos y mitad de vacaciones. La solicitud se presenta en marzo para un traslado efectivo en septiembre, con un plan que sustituye los fines de semana por puentes completos y vacaciones ampliadas, y los viajes a cargo de la madre. Ese expediente tiene recorrido. El mismo traslado planteado en enero, a mitad de curso y sin plan de visitas, se deniega con frecuencia.

Sin acuerdo

Qué pasa si te trasladas sin consentimiento ni autorización

Irse por la vía de hecho es el error más caro de esta materia, y sus consecuencias se mueven en tres planos.

En el civil, el otro progenitor puede pedir medidas al amparo del artículo 158 del Código Civil, que permite al juez adoptar las disposiciones oportunas para proteger al menor, incluido el sometimiento a autorización judicial de cualquier cambio de domicilio. También puede instar una modificación de medidas y solicitar el cambio de guarda.

En el probatorio, haberse ido sin pedir permiso debilita cualquier petición posterior: es difícil sostener que se busca el interés del menor cuando se ha prescindido del procedimiento previsto para protegerlo.

Y hay un plano penal que conviene explicar sin alarmismo. El artículo 225 bis del Código Penal castiga la sustracción de menores por un progenitor sin causa justificada, y considera sustracción el traslado del menor desde su lugar de residencia habitual sin consentimiento del otro progenitor o de quien tenga su guarda. Las penas son de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de cuatro a diez años, en su mitad superior si el menor sale de España o se exige alguna condición para su restitución. El propio precepto prevé la exención de pena si se comunica el paradero en las veinticuatro horas siguientes con compromiso de devolución inmediata efectivamente cumplido.

No existe automatismo alguno: los tribunales reservan este delito para supuestos de verdadera ocultación, y cada caso exige valorar sus circunstancias. Lo prudente es no ponerse en esa situación.

Consejo profesional

Si está valorando un traslado, prepare el expediente antes de aceptar el empleo, no después. Los juzgados atienden mejor a quien llega con un plan de visitas completo, el motivo documentado y una propuesta de reparto de los gastos de viaje, que a quien comunica un hecho consumado.

Y si lo que se discute de fondo es el modelo de convivencia, y no solo la ciudad, conviene revisar primero los requisitos de la custodia compartida en Alicante, porque la distancia es uno de los factores que más condiciona ese régimen.

Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre el cambio de domicilio del menor

¿Puedo mudarme dentro de la provincia de Alicante sin pedir autorización?

Depende del impacto real. Un cambio de barrio, o de Alicante a San Vicente del Raspeig sin alterar colegio ni visitas, rara vez genera conflicto. Un traslado de Alicante a Elche que obligue a cambiar de centro escolar y a rehacer las entregas sí afecta a la patria potestad, y conviene acordarlo por escrito o pedir autorización judicial.

¿Cuánto tarda un expediente de autorización judicial de traslado?

No hay un plazo legal cerrado. Sin oposición puede resolverse en pocos meses; con oposición, y según la carga del juzgado, es razonable contar con varios meses más. Por eso recomendamos iniciarlo con antelación al curso escolar y no en vísperas del traslado.

¿Se escucha al niño en estos procedimientos?

Sí cuando tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce años. Su opinión se valora, pero no decide: el juzgado resuelve conforme a su interés superior, que puede no coincidir con lo que manifiesta en ese momento. En menores de corta edad es frecuente el informe del equipo psicosocial.

Conclusión

Prepara el traslado, no lo improvises

Trasladarse de ciudad con el hijo tras el divorcio es posible, y los tribunales lo autorizan cuando el cambio beneficia al menor y el contacto con el otro progenitor queda garantizado. Lo que no admite la ley es la decisión unilateral: el lugar de residencia del menor forma parte de la patria potestad compartida y solo se modifica con el consentimiento de ambos progenitores o con autorización judicial. Un expediente bien preparado, con el motivo acreditado y un plan de visitas realista, cambia por completo las probabilidades de éxito.

Hablemos de su caso

¿Necesita trasladarse con su hijo y el otro progenitor se niega?

En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso con presupuesto cerrado.

654 58 14 93 (también WhatsApp) · vsantamaria@santamariaabogados.es

Este artículo ofrece información general y no sustituye al asesoramiento jurídico individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

Modificación de medidas: cuándo se puede cambiar la custodia o la pensión

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Tiempo de lectura: 6 minutos

La sentencia de divorcio no es una lápida. Si lo que se decidió hace tres años ya no encaja con la vida real de tus hijos, la ley prevé una salida: la modificación de medidas de custodia. Pero no basta con estar descontento, y conviene saber qué pide un juzgado para tocar un régimen ya firme.

Punto de partida

Qué es exactamente una modificación de medidas

Cuando un juzgado aprueba un convenio regulador o dicta sentencia de divorcio fija las medidas definitivas: con quién viven los hijos, qué visitas tiene el otro progenitor, quién usa la vivienda y cuánto se paga de alimentos. «Definitivas» no es eternas: vinculan mientras no se modifiquen por el mismo cauce por el que nacieron.

La base legal es doble. El artículo 91 del Código Civil cierra la enumeración de medidas con una frase decisiva: «Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias». El artículo 90.3 añade que lo acordado puede cambiarse judicialmente, o por nuevo convenio aprobado por el juez, cuando lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de circunstancias de los progenitores.

En lo procesal manda el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: pueden pedirla los cónyuges y, cuando hay hijos menores o con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, también el Ministerio Fiscal, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al acordarlas. Aquí nos centramos en la custodia y las visitas; para la parte económica, consulta nuestra guía sobre cómo se calcula la pensión de alimentos y cuándo se puede modificar.

El requisito clave

La alteración sustancial de circunstancias: los cuatro filtros

Aquí está el cuello de botella. La alteración sustancial de circunstancias no es un concepto abierto: la jurisprudencia de familia exige, de forma consolidada, cuatro características. Si falla una, la demanda suele caer.

  • Sobrevenida. El hecho debe haber ocurrido después de la resolución que fijó las medidas. Lo que ya existía y se pudo alegar entonces no sirve.
  • Sustancial. Debe afectar al núcleo de la medida, no a un detalle: si el juez lo hubiera sabido entonces, habría resuelto de otro modo.
  • Permanente. Estable y duradera. Un bache de tres meses, un cambio de turno temporal o una discusión puntual no bastan.
  • No provocada. No puede ser un cambio buscado a propósito por quien pide la modificación para situarse en mejor posición.

A esos filtros se suma el principio que lo ordena todo: el interés superior del menor. El artículo 92.2 del Código Civil obliga al juez a velar por el derecho de los hijos a ser oídos y a resolver motivadamente en su interés. No se premia ni se castiga a nadie: se comprueba si el modelo actual sigue siendo el mejor para el niño.

Un ejemplo que vemos en el despacho

Custodia materna fijada en 2022, con visitas de fines de semana alternos. En 2026 la madre acepta un puesto que la obliga a viajar tres semanas al mes y el menor, de 13 años, pasa ese tiempo con los abuelos en Elche, mientras el padre vive a diez minutos del colegio. Cambio sobrevenido, estable y ajeno a la voluntad del padre: escenario típico de modificación viable.

Supuestos reales

Modificación de medidas: custodia y visitas que sí se revisan

Estos son los motivos que, bien documentados, abren la puerta a cambiar la custodia de una sentencia de divorcio en los juzgados de la provincia de Alicante:

  • Cambio de disponibilidad. Nuevos horarios, turnos rotativos, viajes continuos o pérdida de la red de apoyo que sostenía el régimen anterior.
  • Traslado de domicilio. Una mudanza que altera el centro de vida del menor, su colegio o la distancia entre las dos casas.
  • Edad y voluntad del menor. Un niño de 6 años y un adolescente de 14 no necesitan lo mismo: la madurez sobrevenida es, por sí misma, un cambio de circunstancias.
  • Incumplimiento reiterado. Visitas que no se recogen, entregas sistemáticamente tardías o decisiones unilaterales sobre el menor.
  • Modelo que no funciona. Una custodia compartida que en la práctica genera más conflicto que cuidado, o una custodia exclusiva que ya no responde a la realidad.

Sobre la voluntad del hijo conviene ser preciso, porque es donde más expectativas se rompen. El artículo 770, regla 4.ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los hijos serán oídos si tuvieren suficiente juicio y, en todo caso, si fueren mayores de doce años, con garantías para que se expresen sin interferencias; el artículo 92.6 del Código Civil suma el informe del Ministerio Fiscal antes de acordar la guarda. Ser oído es un derecho del menor; decidir sigue siendo del juez.

Si valoras pasar a un régimen compartido, repasa antes los requisitos en nuestra guía sobre la custodia compartida en Alicante y sus requisitos legales. El artículo 92.8 del Código Civil permite acordarla a instancia de una sola parte, con informe del Ministerio Fiscal, cuando solo así se protege el interés del menor; el Tribunal Constitucional, en su sentencia 185/2012, declaró inconstitucional que ese informe tuviera que ser favorable.

El procedimiento

Cómo se tramita, paso a paso

  1. Reúne la prueba antes de nada. Nóminas, cuadrantes de turnos, informes escolares, cambios de domicilio, comunicaciones entre progenitores. Sin prueba del cambio no hay modificación, por razonable que suene el relato.
  2. Intenta primero el acuerdo. Si ambos progenitores están conformes, el artículo 775.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil remite al procedimiento del artículo 777: se presenta la propuesta de nuevo convenio y la tramitación es mucho más corta y barata.
  3. Presenta la demanda. Sin acuerdo, la petición se sustancia por el cauce del artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con abogado y procurador, y con la documentación que acredite el derecho y la situación económica.
  4. Pide medidas provisionales si no puede esperar. El artículo 775.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite solicitar en la demanda o en la contestación la modificación provisional de las medidas definitivas, que se tramita conforme al artículo 773.
  5. Vista, informe del Fiscal y audiencia del menor. Comparecen las partes en persona y, cuando hay menores, interviene el Ministerio Fiscal.
  6. Sentencia. Sustituye a la anterior en lo modificado; lo que no se cambia expresamente sigue vigente.
Dato práctico sobre plazos

No hay plazo de caducidad: se puede pedir en cuanto el cambio se consolide. El riesgo real es el contrario, pedirla demasiado pronto, cuando la alteración aún no es permanente y el juzgado la lee como coyuntural. Eso suele costar una sentencia desestimatoria y una espera larga.

Novedad 2026

¿Hay que intentar una negociación previa antes de demandar?

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde el 3 de abril de 2025, introdujo en el ámbito civil un requisito de procedibilidad: intentar antes un medio adecuado de solución de controversias (los MASC: mediación, conciliación, negociación entre abogados u oferta vinculante). El artículo 264.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige aportar con la demanda el documento que lo acredite o una declaración responsable.

El artículo 5 de esa ley excluye varias materias, entre ellas las medidas del artículo 158 del Código Civil, la filiación y la tutela civil de derechos fundamentales. La duda es si la modificación de medidas con hijos menores queda dentro o fuera, y hoy es un criterio discutido: algunos juzgados de familia lo exigen en todos los procesos especiales de familia y menores, mientras un sector relevante de la doctrina sostiene lo contrario. En septiembre de 2026 el Congreso tomó en consideración una proposición de ley que excluiría expresamente la demanda de modificación de medidas cuando se pidan medidas que afecten a menores; a fecha de este artículo sigue en tramitación y no es derecho vigente.

En la práctica, hasta que la reforma se apruebe, lo prudente en los juzgados de Alicante y de la Comunidad Valenciana es documentar un intento previo de negociación. Rara vez sobra: un acuerdo parcial sobre visitas o vacaciones acorta el pleito.

Consejo profesional

En nuestra experiencia, estos pleitos se ganan o se pierden en los seis meses anteriores a la demanda, no en la vista. El error más repetido es dejar de cumplir el régimen vigente «porque ya no funciona»: ese incumplimiento unilateral se vuelve contra quien lo comete. Lo correcto es seguir cumpliendo, documentar cada incidencia por escrito y plantear primero una propuesta razonada por conducto de abogado.

Si quiere que revisemos su sentencia y le digamos si hay base suficiente, consúltenos a través de nuestro área de derecho de familia en Alicante.

Dudas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre la modificación de medidas

¿Puedo cambiar la custodia porque mi hijo me lo pide?

Por sí sola no basta. Será oído si tiene suficiente juicio y, en todo caso, si es mayor de doce años, y su opinión pesa. Pero decide el juez conforme a su interés superior, ponderando estabilidad, escolarización, arraigo y disponibilidad de cada progenitor.

¿Cuánto tarda un procedimiento de modificación de medidas?

Depende de la carga del juzgado y de si hay acuerdo. Con conformidad de ambos progenitores, por la vía del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los plazos son bastante más breves. Sin acuerdo hay demanda, contestación, vista, informe del Fiscal y, a menudo, informe psicosocial, el trámite que más dilata todo.

¿Y si el otro progenitor se niega a todo?

La negativa no bloquea nada: para eso existe el procedimiento contencioso del artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Conviene llegar con la prueba del cambio preparada y, si la situación es urgente, pedir medidas provisionales al amparo del artículo 775.3 para no esperar a la sentencia.

Conclusión

Una sentencia de familia se revisa, pero con argumentos

La modificación de medidas no es una segunda oportunidad para discutir el divorcio: es el cauce para ajustar la custodia y las visitas cuando la vida ha cambiado de verdad. Si tu caso reúne una alteración sobrevenida, sustancial, permanente y ajena a tu voluntad, y puedes acreditarla, la ley está de tu lado; si no, lo honesto es decírtelo antes de pleitear. El texto oficial del procedimiento está disponible en la Ley de Enjuiciamiento Civil publicada en el BOE.

Hablemos de su caso

¿Ha cambiado tu situación y la custodia ya no encaja?

En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso con presupuesto cerrado.

654 58 14 93 (también WhatsApp) · vsantamaria@santamariaabogados.es

Este artículo ofrece información jurídica general y no sustituye al asesoramiento individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

Impago de la pensión de alimentos: cómo reclamar y cuándo es delito

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El impago de la pensión de alimentos deja a muchas familias de Alicante sosteniendo solas unos gastos que una sentencia ya repartió. No estás ante un favor que haya que pedir: tienes un título judicial y la ley te da herramientas para cobrar, desde el embargo de la nómina hasta la vía penal. Te explicamos cuáles son y en qué orden se usan.

Punto de partida

Tienes una sentencia: eso ya es un título ejecutivo

Cuando un convenio regulador aprobado judicialmente o una sentencia de divorcio, separación o guarda y custodia fija una cantidad mensual, ese documento es un título ejecutivo: no hay que volver a pleitear sobre si procede la pensión ni sobre su importe, basta con pedir al juzgado que la haga cumplir.

Dos plazos conviene tener claros. El artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) impone una espera de veinte días: no se despacha ejecución dentro de los veinte días posteriores a la firmeza de la resolución de condena o a la notificación del decreto que aprueba el convenio. Y el artículo 518 LEC fija una caducidad de cinco años desde la firmeza para interponer la demanda ejecutiva. Hay un breve margen de cortesía al principio, pero el tiempo no juega a tu favor.

El error que más vemos en Alicante, Elche y el resto de la provincia es esperar meses «a ver si se arregla solo»: el obligado gana tiempo para cambiar de empleo, vaciar cuentas o poner bienes a nombre de terceros.

Vía civil

Cómo reclamar la pensión de alimentos impagada: la ejecución de sentencia

Para reclamar la pensión de alimentos impagada se acude a la ejecución forzosa del Libro III de la LEC, con las especialidades que el artículo 776 LEC prevé en familia. En la práctica, estos pasos:

  1. Liquida la deuda. Se calcula mes a mes lo impagado, con las actualizaciones que la sentencia prevea (normalmente por IPC) y sin mezclar la pensión ordinaria con los gastos extraordinarios, que siguen reglas distintas.
  2. Presenta la demanda ejecutiva. Con abogado y procurador, ante el mismo órgano judicial que dictó la resolución. Novedad de 2025: el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 1/2025, en vigor desde el 3 de abril de 2025, exime a la demanda ejecutiva de acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias (MASC). No hay que negociar antes para poder ejecutar.
  3. Pide la ampliación automática. El artículo 578 LEC permite solicitar, ya en la propia demanda, que la ejecución se amplíe a los vencimientos futuros que se vayan dejando de pagar. Es clave: evita presentar una ejecución nueva cada pocos meses.
  4. Solicita la investigación patrimonial y el embargo. El juzgado puede consultar las bases de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Catastro para localizar nómina, cuentas, devoluciones, vehículos e inmuebles.
  5. Insta las multas coercitivas. La regla 1.ª del artículo 776 LEC permite imponer multas coercitivas al cónyuge o progenitor que incumple de forma reiterada sus obligaciones de pago, además de cobrar lo debido con cargo a su patrimonio.

Si lo impagado son gastos extraordinarios no previstos en la sentencia, la regla 4.ª exige un paso previo: pedir al juzgado que los declare como tales, con oposición de la otra parte en cinco días y resolución por auto. Lo detallamos en nuestro artículo sobre qué gastos son extraordinarios y quién los paga.

Embargo

Embargo de nómina: los límites ordinarios no se aplican a los alimentos

Aquí está la ventaja más desconocida y más potente. En un embargo común, el artículo 607 LEC protege el salario mínimo interprofesional y permite retener solo un porcentaje creciente del exceso, según una escala legal. Pero el artículo 608 LEC dispone que esa protección «no será de aplicación cuando se proceda por ejecución de sentencia que condene al pago de alimentos» —incluidos los alimentos debidos al cónyuge o a los hijos en procesos de nulidad, separación o divorcio, y los fijados en decretos o escrituras públicas que formalicen el convenio regulador—. En esos casos, añade el precepto, «el tribunal fijará la cantidad que puede ser embargada».

Es decir: no hay un porcentaje automático que blinde el sueldo del deudor. El juzgado decide cuánto se retiene valorando las circunstancias del caso. Para la pensión compensatoria la regla es distinta: los límites también se excluyen, pero solo si la parte ejecutante lo solicita y acredita una necesidad económica que lo justifique. Si quieres profundizar en las retenciones, puedes leer nuestro análisis sobre el embargo del salario y la pensión de alimentos.

Más allá de la nómina, en la práctica se embargan:

  • Saldos de cuentas corrientes y de ahorro, y traba sucesiva de los ingresos que vayan entrando.
  • Devoluciones de la declaración de la renta y otras devoluciones tributarias.
  • Prestaciones y pensiones públicas, con el mismo tratamiento reforzado del artículo 608 LEC.
  • Vehículos, inmuebles y participaciones sociales, con anotación preventiva en el registro correspondiente.
  • Créditos frente a terceros: facturas pendientes de cobro si es autónomo.
Ejemplo práctico

Pensión fijada en sentencia: 300 euros al mes por un hijo. El progenitor deja de pagar en marzo y la madre presenta demanda ejecutiva en octubre: la deuda liquidada es de 2.100 euros (siete mensualidades). Al pedir la ampliación del artículo 578 LEC en la propia demanda, cada mes que siga sin abonarse se incorpora a la misma ejecución sin iniciar un procedimiento nuevo. Y como el deudor es asalariado, el juzgado puede fijar la retención sin ceñirse a la escala del artículo 607 LEC.

Fondo estatal

El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos: hasta 100 euros al mes

Cuando el embargo no da resultado porque el obligado no tiene bienes conocidos, existe un anticipo público. Lo regula el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, cuya gestión corresponde desde octubre de 2020 a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

  • Beneficiarios: menores de edad titulares de un derecho de alimentos reconocido judicialmente e impagado, y también hijos mayores de edad con discapacidad en grado igual o superior al 65 % (disposición adicional primera).
  • Cuantía: un máximo de 100 euros mensuales por beneficiario; si la resolución judicial fijó una cantidad inferior, se abona esa cantidad (artículo 8).
  • Duración: hasta dieciocho mensualidades por beneficiario, de forma continua o discontinua (artículo 9).
  • Requisito imprescindible: haber instado la ejecución judicial y acreditar su resultado infructuoso mediante certificación del juzgado (artículo 14.2).
  • Procedimiento de urgencia: basta acreditar que se instó la ejecución y que han transcurrido dos meses sin pago (artículo 16.3).
  • Límite de recursos económicos de la unidad familiar (artículo 6).

Es un colchón mínimo, no una solución. Y el artículo 14.2 confirma la idea central: sin ejecución previa, no hay anticipo.

Consejo profesional

Nuestro criterio es ejecutar pronto y pedir la ampliación del artículo 578 LEC desde el primer escrito: cuando una familia llega con dieciocho meses acumulados, la deuda es mayor pero el patrimonio localizable suele ser menor. Antes comprobamos siempre si procede ejecutar o revisar la cuantía, porque una pensión desajustada a los ingresos reales acaba impagada: conviene conocer cómo se calcula la pensión de alimentos y cuándo se puede modificar.

Vía penal

Cuándo el impago es delito: el artículo 227 del Código Penal

El delito de impago de pensión de alimentos existe y está tipificado en el artículo 227 del Código Penal. El apartado 1 castiga a quien «dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica» establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en procesos de separación, divorcio, nulidad, filiación o alimentos a favor de los hijos. La pena es de «prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses». El apartado 2 extiende la misma pena al impago de otras prestaciones fijadas de forma conjunta o única en esos mismos supuestos.

Hay un apartado que a menudo decide la estrategia: el artículo 227.3 dispone que «la reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas». La vía penal, por tanto, no sustituye al cobro, lo refuerza.

Dos matices. El tipo exige dolo, de modo que la imposibilidad real y acreditada de pagar puede llevar a la absolución: es un terreno discutido, valorado caso por caso. Y en los juzgados de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana la vía penal funciona mejor como complemento de la ejecución civil que como atajo para cobrar.

Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre el impago de la pensión de alimentos

¿Puedo reclamar si nunca hubo sentencia, solo un acuerdo privado?

Un acuerdo privado no es título ejecutivo y no permite ejecutar directamente. Habría que obtener primero una resolución judicial que fije la pensión, o elevar el acuerdo a convenio aprobado judicialmente. A partir de ahí se abre la vía ejecutiva y, si se dan los requisitos, la penal.

¿Puedo dejar de facilitar las visitas si no paga la pensión?

No. Son obligaciones independientes: suspender las visitas por el impago puede volverse en tu contra en la ejecución y en cualquier procedimiento posterior sobre custodia. La respuesta correcta es la ejecución judicial de la pensión, no la retención del régimen de visitas.

¿Qué pasa si el obligado vive fuera de España?

Sigue siendo exigible. Existen mecanismos de cooperación para el cobro transfronterizo de alimentos y, dentro de la Unión Europea, instrumentos de reconocimiento y ejecución. El procedimiento es más lento y conviene plantearlo con asistencia técnica desde el principio.

Conclusión

Lo que de verdad marca la diferencia

Frente al impago de la pensión de alimentos tienes tres palancas que se complementan: la ejecución civil, que con el artículo 608 LEC permite embargar sin los límites ordinarios del salario; el Fondo de Garantía, que exige haber ejecutado antes; y el artículo 227 del Código Penal, que convierte en delito el impago de dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos. La variable decisiva no es jurídica, sino de tiempo: cuanto antes se ejecuta, más patrimonio hay donde cobrar.

Hablemos de su caso

¿Llevas meses sin cobrar la pensión de alimentos de tus hijos?

En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso con presupuesto cerrado. Revisamos su sentencia, liquidamos la deuda y le decimos con claridad qué vía conviene iniciar primero. Puede consultar también nuestro área de derecho de familia.

654 58 14 93 (también WhatsApp) · vsantamaria@santamariaabogados.es

Este artículo ofrece información general con fines divulgativos y no sustituye al asesoramiento jurídico individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

Uso de la vivienda familiar tras el divorcio: qué cambió con la reforma del artículo 96

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Cuando un matrimonio se rompe, la primera pregunta casi nunca es jurídica: es «¿quién se queda en casa?». El uso vivienda familiar divorcio es el punto que más angustia genera y también el que más ha cambiado en los últimos años. Te explicamos qué dice hoy el artículo 96 del Código Civil, hasta cuándo dura ese derecho y por qué la custodia compartida lo ha transformado todo.

Punto de partida

Qué es la vivienda familiar y por qué se decide aparte

La vivienda familiar es el inmueble donde la familia ha convivido de forma estable y con vocación de permanencia. No es necesariamente la que figura en el DNI ni la que más vale.

Conviene separar dos cosas que se confunden a diario. Una es la propiedad: quién figura en la escritura. Otra es el uso: quién tiene derecho a vivir allí tras la ruptura. La sentencia de divorcio no reparte la propiedad —eso se hace al liquidar el régimen económico matrimonial—, solo atribuye el uso. Por eso la vivienda puede ser privativa de uno y usarla el otro durante años.

La norma aplicable

El artículo 96 del Código Civil tras la reforma de la Ley 8/2021

El artículo 96 del Código Civil sobre la vivienda se reformó por el artículo 2.11 de la Ley 8/2021, de 2 de junio, con efectos desde el 3 de septiembre de 2021. No fue un cambio cosmético: reescribió el precepto e incorporó de forma expresa la situación de discapacidad.

Su regla principal, cuando hay acuerdo de los cónyuges aprobado judicialmente, es que manda ese acuerdo. En su defecto, el artículo 96.1 establece que el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario corresponde a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad.

Esa última precisión es la clave que muchos desconocen: el derecho de uso tiene fecha de caducidad legal. No es vitalicio.

  • Con hijos menores: el uso se atribuye a los hijos y al progenitor custodio hasta la mayoría de edad del último de ellos.
  • Con hijo en situación de discapacidad: el juez fija el plazo según las circunstancias concurrentes, y los hijos mayores que ya estuvieran en esa situación al tiempo del divorcio se equiparan a los menores.
  • Sin hijos: el artículo 96.2 permite atribuir el uso al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije, siempre que las circunstancias lo aconsejen y su interés sea el más necesitado de protección.
  • Hijos repartidos entre ambos progenitores: la autoridad judicial resuelve lo procedente, sin regla automática.
  • Al extinguirse el uso: las necesidades de vivienda de quien carezca de independencia económica se atienden por la vía de los alimentos entre parientes, no prorrogando el uso.

Hay además una cautela registral: el artículo 96.3 exige el consentimiento de ambos cónyuges —o autorización judicial— para disponer de la vivienda cuyo uso se ha atribuido, y ordena hacer constar esa restricción en el Registro de la Propiedad. Enlaza con el artículo 1320 CC, que ya durante el matrimonio impide vender o hipotecar la vivienda habitual sin consentimiento del otro, aunque sea privativa.

Fechas que conviene tener en el calendario

La redacción vigente del artículo 96 CC procede de la Ley 8/2021, de 2 de junio, y produce efectos desde el 3 de septiembre de 2021. Los divorcios anteriores conservan sus medidas, pero pueden revisarse por la vía de la modificación de medidas.

El gran cambio

Vivienda familiar y custodia compartida: por qué el uso ya no es indefinido

El binomio vivienda familiar custodia compartida es hoy el terreno más movido. El artículo 96.1 está pensado para la custodia individual: hay un progenitor «en cuya compañía» quedan los hijos y a él se atribuye el uso. Con custodia compartida ese encaje se rompe.

El Tribunal Supremo ha construido doctrina para llenar ese hueco y la línea es constante: en custodia compartida el uso debe ser temporal, no puede prolongarse automáticamente hasta la mayoría de edad de los hijos y ha de ponderar el interés más necesitado de protección junto a la titularidad del inmueble. En la práctica se fijan plazos de pocos años.

La lógica es clara: si la vivienda es privativa de uno y ambos ejercen la custodia por igual, dejar al titular fuera quince años resulta desproporcionado.

Si tu situación es esta, te interesa leer también nuestra guía sobre custodia compartida en Alicante y sus requisitos legales, porque el régimen de custodia condiciona directamente la decisión sobre la casa.

Ejemplo práctico

Matrimonio en Alicante con dos hijos de 8 y 11 años y vivienda privativa del padre, comprada antes del matrimonio. Con custodia compartida por semanas alternas, lo previsible no es atribuir el uso a la madre hasta que el pequeño cumpla 18 años, sino fijar un plazo limitado tras el cual el inmueble vuelve a su titular.

Causas de extinción

Cuándo se pierde el derecho de uso antes de tiempo

El derecho de uso no es inamovible. Existe mientras la vivienda conserva su carácter familiar, y hay circunstancias que lo hacen decaer antes del plazo previsto.

  1. Mayoría de edad del último hijo. Es el límite legal del artículo 96.1. A partir de ahí, la necesidad de vivienda de los hijos que no se sostengan por sí mismos se canaliza por los alimentos entre parientes, no por el uso del inmueble.
  2. Entrada de una nueva pareja en la vivienda. El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia 641/2018, de 20 de noviembre, declaró que la convivencia del progenitor custodio con un tercero en la vivienda hace que esta pierda su naturaleza de vivienda familiar, lo que determina la extinción del derecho de uso.
  3. Cambio sustancial de circunstancias. Una mejora relevante de la capacidad económica de quien usa la vivienda, o un empeoramiento grave de la del titular, puede justificar una modificación de medidas conforme a los artículos 90 y 91 del Código Civil.
  4. Liquidación del régimen económico matrimonial. Cuando la vivienda ganancial se vende o se adjudica a uno de los cónyuges, el uso atribuido se replantea necesariamente.

Consejo profesional

En nuestra experiencia en los juzgados de familia de Alicante y Elche, el error más caro es firmar un convenio regulador que atribuye el uso «hasta la mayoría de edad de los hijos» sin pactar a la vez cómo y cuándo se liquidará la vivienda. Pasan diez años, el inmueble sigue indiviso, la hipoteca se paga a medias y nadie puede vender. Atribución del uso y liquidación del régimen económico deben negociarse en el mismo acto, no en dos procedimientos separados con años de distancia.

Si necesita revisar su convenio o plantear una modificación de medidas, consulte nuestros servicios de derecho de familia.

Cómo actuar

Qué hacer si el uso de la vivienda está en discusión

  • Reúne la documentación de titularidad: escritura, nota simple del Registro de la Propiedad y cuadro de amortización de la hipoteca.
  • Acredita tu capacidad económica real y la del otro cónyuge: son la base de la ponderación del «interés más necesitado de protección».
  • Valora la alternativa habitacional de cada uno: pesa mucho en la decisión judicial.
  • Plantea la liquidación del régimen económico matrimonial en paralelo, no después.
  • Si ya hay sentencia y las circunstancias han cambiado, estudia la modificación de medidas antes de dejar de cumplir: incumplir por tu cuenta agrava tu posición.

En la provincia de Alicante y en el resto de la Comunidad Valenciana se aplica el Código Civil estatal, así que estos criterios rigen igual en Alicante capital, Elche o Torrevieja. Lo que sí varía es la práctica de cada juzgado al fijar plazos.

Y si todavía estás decidiendo cómo enfocar el procedimiento, esta guía sobre cuándo y cómo contratar un abogado de familia en Alicante te ayudará a ordenar las prioridades.

Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre el uso de la vivienda familiar

¿Puedo vender mi casa si el uso se lo han atribuido a mi ex?

No de forma unilateral. El artículo 96.3 del Código Civil exige el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial para disponer de la vivienda cuyo uso ha sido atribuido. Esa restricción se hace constar en el Registro de la Propiedad. La manifestación errónea o falsa del disponente no perjudica al adquirente de buena fe.

¿Quién paga la hipoteca y los gastos mientras dura el uso?

La hipoteca suele seguir pagándose conforme al título de adquisición, con independencia de quién ocupe la vivienda. Los suministros corresponden normalmente a quien la habita, y el IBI y las derramas extraordinarias al propietario. Conviene pactarlo en el convenio.

¿El uso se extingue solo cuando mi ex se va a vivir con otra persona?

No es automático. Hay que acreditar la convivencia estable del tercero en la vivienda y pedir la modificación de medidas ante el juzgado. La sentencia 641/2018 del Pleno del Tribunal Supremo funda la extinción en que el inmueble pierde su carácter familiar, pero la prueba recae en quien lo alega.

Conclusión

Una decisión que condiciona los diez años siguientes

La atribución del uso de la vivienda familiar es, casi siempre, la medida del divorcio con mayor impacto patrimonial y emocional. La reforma del artículo 96 y la consolidación de la custodia compartida han desplazado el centro de gravedad hacia soluciones temporales, y eso abre margen de negociación donde antes había automatismos. Aprovecharlo exige plantear bien el caso desde el principio.

Hablemos de su caso

¿Quiere saber qué ocurrirá con su vivienda tras el divorcio?

En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso con presupuesto cerrado.

654 58 14 93 (también WhatsApp) · vsantamaria@santamariaabogados.es

Este artículo ofrece información general de carácter divulgativo y no sustituye al asesoramiento jurídico individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

Vuelta al cole y pensión de alimentos: qué gastos son extraordinarios y quién los paga

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Tiempo de lectura: 6 minutos

Cada septiembre se repite la misma conversación: llegan los libros, la matrícula, el chándal y las clases de inglés, y con ellos la discusión sobre quién paga qué. Distinguir los gastos extraordinarios de la pensión de alimentos de aquellos que ya están incluidos en ella evita la mayor parte de estos conflictos. Se lo explicamos con la doctrina del Tribunal Supremo y el criterio que se aplica en los juzgados de familia de Alicante.

Punto de partida

Qué cubre ya la pensión de alimentos según el Código Civil

El artículo 142 del Código Civil define los alimentos como todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica, y añade de forma expresa que comprenden también la educación e instrucción del hijo mientras sea menor de edad, e incluso después si no ha terminado su formación por causa que no le sea imputable.

La consecuencia práctica es importante y muchos progenitores la desconocen: la educación no es un añadido que se suma a la pensión, sino una parte de ella. El artículo 93 del mismo texto legal obliga además al juez a determinar la contribución de cada progenitor al sostenimiento de los hijos, a adoptar las medidas necesarias para asegurar su efectividad y a acomodar las prestaciones a las circunstancias económicas de cada momento.

En la Comunidad Valenciana no existe hoy una regulación civil propia en materia de relaciones familiares tras la ruptura, de modo que estos preceptos del Código Civil son los que aplican los juzgados de Alicante, Elche y el resto de la provincia. Si quiere repasar cómo se fija la cuantía y en qué supuestos puede revisarse, hemos analizado en detalle cómo se calcula la pensión de alimentos y cuándo se puede modificar.

La frontera

Gastos ordinarios y extraordinarios: dónde está la línea

La ley no define qué es un gasto extraordinario. La distinción la ha construido la jurisprudencia sobre dos criterios muy sencillos: la previsibilidad y la periodicidad.

Un gasto es ordinario cuando puede preverse y se repite con regularidad a lo largo del año; en ese caso está dentro de la pensión y se cubre con la mensualidad que se fijó en su día. Es extraordinario cuando resulta imprevisible y no periódico; entonces se abona aparte, por regla general al 50 % entre ambos progenitores, salvo que la sentencia o el convenio regulador establezcan otro porcentaje.

  • Ordinarios (dentro de la pensión): alimentación, ropa y calzado, transporte, libros de texto, uniforme, material escolar, matrícula en centro público o concertado y comedor.
  • Extraordinarios necesarios (al 50 %, sin consentimiento previo): ortodoncia, gafas graduadas, tratamientos médicos no cubiertos por la sanidad pública o el seguro, terapia psicológica prescrita.
  • Extraordinarios no necesarios (exigen acuerdo): actividades extraescolares lúdicas o deportivas, viaje de estudios, campamentos de verano, clases de refuerzo no imprescindibles.

Conviene retener un matiz: que un gasto sea elevado no lo convierte en extraordinario. Lo determinante no es el importe, sino si era previsible.

Vuelta al cole

Libros y material escolar en la pensión de alimentos: qué dice el Tribunal Supremo

Aquí se concentra el error más frecuente. Muchos progenitores dan por hecho que la factura de septiembre —libros, mochila, uniforme, matrícula— es un gasto extraordinario que debe repartirse por mitad. El Tribunal Supremo sostiene justo lo contrario.

La Sentencia del Tribunal Supremo 579/2014, de 15 de octubre (recurso 1983/2013) fijó doctrina al respecto: los gastos de inicio del curso escolar son gastos ordinarios, porque resultan necesarios para la educación del menor —incluida en el concepto legal de alimentos— y son perfectamente previsibles. Se sabe que llegan cada septiembre y se sabe, con bastante aproximación, cuánto cuestan. Esa doctrina se ha reiterado después, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo 500/2017, de 13 de septiembre (recurso 2950/2016).

Cómo se traduce esto en la práctica

Si el gasto de vuelta al cole ronda los 600 euros anuales, lo correcto no es reclamar 300 euros cada septiembre, sino que esos 600 euros estén prorrateados dentro de las doce mensualidades de la pensión: unos 50 euros al mes. Cuando la pensión se fijó sin contemplar ese concepto, la vía no es la reclamación puntual, sino la modificación de medidas.

Actividades extraescolares

Quién paga las extraescolares tras el divorcio

Las actividades extraescolares de carácter lúdico, deportivo o musical —fútbol, música, natación, robótica— no son necesarias para la formación reglada del menor. La jurisprudencia las encuadra entre los gastos extraordinarios no necesarios, y de ahí nace la regla que más discusiones genera: no puede imponerse al otro progenitor un gasto que no ha consentido.

Dicho de otro modo: apuntar al niño a una actividad y presentar después la factura no obliga al otro a pagar la mitad. Hace falta su consentimiento previo o, si se niega sin motivo razonable, la autorización del juzgado.

  1. Comunique el gasto por escrito antes de contratar la actividad, detallando en qué consiste, el centro, la duración y el coste exacto.
  2. Pida una respuesta expresa. El criterio que viene aplicando la Audiencia Provincial de Alicante es que el progenitor que acepta lo haga constar por escrito y firme su conformidad.
  3. Controle el plazo. Numerosas resoluciones entienden prestado el consentimiento de forma tácita si, transcurridos diez días naturales desde una comunicación fehaciente, el otro progenitor no se ha opuesto expresamente.
  4. Conserve el soporte. Burofax, correo electrónico o mensajería con acuse de recibo: sin prueba de la comunicación, la reclamación posterior se cae.
  5. Si la negativa es injustificada, acuda al juzgado. El juez puede autorizar el gasto cuando responde al interés del menor y a la capacidad económica de ambos progenitores.

Impagos

Cómo reclamar los gastos extraordinarios que el otro progenitor no abona

Cuando el desembolso ya se ha realizado y el otro progenitor no paga su parte, la vía es la ejecución de la sentencia o del convenio regulador. La regla 4.ª del artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula un incidente previo destinado precisamente a determinar si un gasto concreto tiene o no naturaleza extraordinaria.

Ese incidente no siempre es necesario. Se reserva para los supuestos en los que existe una duda razonable sobre la naturaleza del gasto. Quedan fuera los conceptos que ya aparecen expresamente detallados en la sentencia o el convenio y aquellos cuyo carácter extraordinario está consolidado por la jurisprudencia, que pueden ejecutarse directamente.

Ejemplo práctico

Un tratamiento de ortodoncia de 2.400 euros, con presupuesto comunicado por burofax y sin oposición del otro progenitor, puede reclamarse por vía de ejecución sin necesidad del incidente previo: es un gasto extraordinario necesario y su naturaleza no ofrece dudas. Distinto sería un campamento de verano de 900 euros contratado sin avisar a nadie.

Consejo profesional

Por nuestra experiencia ante los juzgados de familia de Alicante y Elche, la mayoría de estos pleitos se evitan con una regla muy simple: comunicar siempre por escrito y con presupuesto antes de gastar. Y si su sentencia es antigua y no distingue con claridad los conceptos, revísela: con frecuencia la solución no está en discutir factura a factura, sino en actualizar el título judicial. En nuestro departamento de derecho de familia en Alicante analizamos primero qué dice exactamente su sentencia antes de plantear cualquier reclamación.

Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre los gastos extraordinarios

¿Los libros de texto son un gasto extraordinario?

No. El Tribunal Supremo los considera gastos ordinarios porque son previsibles y se repiten cada curso, de modo que deben estar incluidos en la pensión de alimentos y prorrateados en las mensualidades. Si la pensión que se fijó no contemplaba ese importe, la vía correcta es solicitar una modificación de medidas, no reclamar la factura de septiembre.

¿Puedo apuntar a mi hijo a extraescolares sin avisar al otro progenitor?

Puede hacerlo, pero asumiendo el coste. Al tratarse de un gasto extraordinario no necesario, sin consentimiento previo del otro progenitor o autorización judicial no podrá reclamarle después la mitad. Lo recomendable es comunicar la actividad y su precio por escrito y guardar el acuse de recibo antes de formalizar la matrícula.

¿Los gastos extraordinarios se pagan siempre al 50 %?

Es el reparto más habitual, pero no es automático. La sentencia o el convenio regulador pueden fijar otro porcentaje atendiendo a la diferencia de ingresos entre los progenitores. Antes de reclamar conviene releer el título judicial: en él está el porcentaje aplicable y, muchas veces, una lista cerrada de conceptos.

Conclusión

Lo previsible es ordinario; lo imprevisible, extraordinario

La vuelta al cole no es, salvo excepciones, un gasto extraordinario: los libros, el material y la matrícula forman parte de la pensión de alimentos. La ortodoncia, las gafas o un tratamiento médico no cubierto sí lo son. Y las extraescolares lúdicas exigen acuerdo previo. Tener claro ese esquema —y dejarlo todo por escrito— ahorra procedimientos, tensión y dinero. Si su sentencia es ambigua o el otro progenitor no responde, puede resultarle útil saber qué valorar antes de contratar a un abogado de familia en Alicante.

Hablemos de su caso

¿Discute con el otro progenitor quién paga los gastos del colegio?

En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso con presupuesto cerrado.

654 58 14 93 (también WhatsApp) · vsantamaria@santamariaabogados.es

Este artículo ofrece información general con fines divulgativos y no sustituye al asesoramiento jurídico individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

Pensión de alimentos a hijos mayores de edad que estudian: hasta cuándo hay que pagarla

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Tiempo de lectura: 6 minutos

Tu hijo ha cumplido dieciocho años, sigue estudiando y tú sigues pagando. Es una de las preguntas que más nos llegan al despacho: la pensión alimentos hijo mayor de edad no se extingue sola el día del cumpleaños, y tampoco se paga de por vida. Entre esos dos extremos hay un criterio jurídico bastante definido que conviene conocer antes de dejar de ingresar nada.

El punto de partida

Cumplir 18 años no extingue la pensión de alimentos

Es el error más frecuente. Ni la mayoría de edad ni la extinción de la patria potestad hacen desaparecer por sí solas la obligación de pagar. El artículo 93 del Código Civil, en su párrafo segundo, lo dice con claridad: si en el domicilio familiar conviven hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el juez fijará en la misma resolución los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes.

De ahí salen los dos requisitos que sostienen la pensión alimentos hijo mayor de edad. Son acumulativos: si falla uno, la pensión decae.

  • Convivencia en el domicilio familiar con el progenitor que la percibe.
  • Carencia de ingresos propios suficientes para atender su propia subsistencia.

Pero hay un matiz que cambia todo el enfoque del asunto. Cuando el hijo es menor, los alimentos son un deber inherente a la filiación, prácticamente incondicional. Cuando ya es mayor, el Tribunal Supremo viene sosteniendo que el fundamento pasa a ser el principio de solidaridad familiar, y que el contenido de la obligación se integra solo por situaciones de verdadera necesidad. No es lo mismo. La pensión deja de ser automática y empieza a medirse.

Qué se debe

Qué cubre exactamente la pensión de un hijo mayor

Al remitirse el artículo 93 a los artículos 142 y siguientes, el contenido se estrecha. Por alimentos se entiende «todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica», y comprenden además la educación e instrucción «aun después [de la mayoría de edad] cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable».

Fíjate en esa última frase, porque es la bisagra de todo el debate: la formación se cubre mientras el retraso en terminarla no sea culpa del propio hijo. Si lo es, el argumento se da la vuelta.

La cuantía, por su parte, se rige por el artículo 146 CC: será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. Y el artículo 147 permite que suba o baje conforme varíen esas dos magnitudes. Si lo que necesita es revisar el importe y no extinguirlo, le interesa nuestra guía sobre cómo se calcula la pensión de alimentos y cuándo se puede modificar.

Hasta cuándo

Hasta cuándo se paga la pensión de alimentos: el artículo 152 CC

La ley no fija una edad tope. No existe el «hasta los 25» ni el «hasta los 26» que circula por los foros. Lo que existe es una lista tasada de causas de cese en el artículo 152 del Código Civil, y las que de verdad se discuten en los juzgados de familia de Alicante y Elche son estas:

  • Independencia económica del hijo (causa 3.ª): cuando puede ejercer un oficio, profesión o industria, o ha mejorado de fortuna, de modo que la pensión ya no le es necesaria para subsistir.
  • Reducción de la fortuna del obligado (causa 2.ª): cuando el progenitor no puede pagar sin desatender sus propias necesidades y las de su familia.
  • Conducta que daría lugar a desheredación (causa 4.ª), en relación con el artículo 853 CC.
  • Mala conducta o falta de aplicación al trabajo del descendiente (causa 5.ª), mientras subsista esa causa.
  • Muerte del alimentista (causa 1.ª).

Conviene subrayar una palabra de la causa 5.ª: mientras subsista. No es una extinción irreversible. Si las circunstancias cambian, la obligación puede renacer.

Un caso real: hija de 30 años y padre con 426 euros de subsidio

El Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de mayo de 2018 (recurso 2845/2015), extinguió la pensión de una alimentista que llevaba recibiéndola desde 2007, seguía estudiando sin previsión cierta de terminar, había desempeñado trabajos remunerados y tenía posibilidad de incorporación inmediata al mercado laboral, frente a un padre que percibía 426 euros mensuales de subsidio de desempleo y tenía a su cargo otro hijo de siete años. La Sala apreció los artículos 142 y 152.5.º CC: escaso aprovechamiento académico acreditado y capacidad laboral real.

Los tres frentes

Estudios, negativa a trabajar y ruptura de la relación

En la práctica, casi todas las demandas para extinguir la pensión de alimentos de un hijo mayor se apoyan en uno de estos tres argumentos. No pesan lo mismo.

Falta de aprovechamiento en los estudios. Es el más eficaz cuando está documentado. No basta con un curso malo ni con haber cambiado de carrera: los tribunales exigen una conducta acreditada y prolongada de escaso rendimiento, sin horizonte razonable de finalización. Matricularse indefinidamente no equivale a formarse.

Negativa injustificada a trabajar. Encaja en la falta de aplicación al trabajo del artículo 152.5.º. Se valora la aptitud real del hijo para el empleo y si ha rechazado oportunidades a su alcance, no la simple dificultad del mercado laboral.

Ruptura de la relación con el progenitor obligado. Aquí el criterio es más exigente de lo que muchos creen.

STS 502/2019, de 19 de febrero: la falta de relación sí puede extinguir la pensión

El Supremo admitió, por vía de interpretación flexible de las causas de desheredación (art. 152.4.º en relación con el art. 853 CC), que la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar extinga los alimentos del hijo mayor. Pero impuso una interpretación rigurosa y restrictiva de la prueba: debe acreditarse que esa falta de relación es imputable «de modo principal y relevante» al hijo. Si no queda probado a quién es achacable el distanciamiento, la pensión se mantiene.

Consejo profesional

El error que más veces vemos: dejar de pagar por cuenta propia porque «ya tiene edad de trabajar». Mientras no haya resolución judicial que modifique la medida, la sentencia anterior sigue siendo ejecutable y esos impagos se acumulan, se reclaman con intereses y pueden llegar a tener consecuencias penales. La vía correcta es siempre la demanda de modificación de medidas.

Antes de demandar, dedique un trimestre a construir la prueba: expedientes académicos, vida laboral, mensajes. Un procedimiento bien preparado ahorra dos. Consulte con nuestro equipo de derecho de familia.

El procedimiento

Cómo pedir la extinción paso a paso

El cauce es la modificación de medidas del artículo 775 LEC, que exige que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al acordarlas. Este es el recorrido habitual:

  1. Reúna la prueba. Expediente académico completo con matrículas y créditos superados por curso, informe de vida laboral del hijo, y prueba de su propia situación económica actual (nóminas, declaración de la renta, cargas familiares sobrevenidas).
  2. Documente la falta de convivencia si la hay. El empadronamiento, un contrato de arrendamiento a nombre del hijo o su traslado a otra ciudad debilitan el requisito del artículo 93 II CC.
  3. Intente el acuerdo. Si ambos progenitores lo firman, el convenio se tramita por la vía del artículo 777 LEC: más rápido y mucho más barato que el contencioso.
  4. Presente la demanda de modificación de medidas ante el juzgado que dictó las medidas definitivas, con abogado y procurador.
  5. Siga pagando hasta la resolución. La extinción no opera de forma retroactiva por decisión unilateral: pague hasta que haya sentencia y solicite, si procede, medidas provisionales.

Un apunte procesal que sorprende a muchos padres: cuando el hijo ya es mayor de edad, es él quien tiene legitimación propia para reclamar sus alimentos, aunque el artículo 93 II CC permita fijarlos en el procedimiento matrimonial mientras conviva en el domicilio familiar.

Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre los alimentos a hijos mayores

¿Puedo dejar de pagar si mi hijo se ha ido de casa?

No de forma automática. La convivencia es uno de los dos requisitos del artículo 93 II CC, de modo que su desaparición es un argumento sólido, pero necesita una resolución judicial que extinga la medida. Si deja de pagar antes, sigue debiendo esas mensualidades y se expone a una ejecución de sentencia.

¿Hasta cuándo se paga la pensión de alimentos si sigue estudiando?

Mientras no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable, según el artículo 142 CC. No hay edad legal de corte. Lo determinante es el aprovechamiento real y que exista una previsión razonable de finalizar los estudios, no el número de años matriculado.

¿Y si mi hijo trabaja a tiempo parcial o hace prácticas remuneradas?

Depende de la suficiencia de esos ingresos. Trabajos esporádicos o becas de escasa cuantía no suelen bastar para extinguir la pensión, aunque sí pueden justificar una reducción del importe por la vía de los artículos 146 y 147 CC. Un empleo estable que cubra su subsistencia sí encaja en el artículo 152.3.º.

Conclusión

Ni automática ni eterna

La pensión alimentos hijo mayor de edad se mueve en un terreno de hechos, no de fechas. Nadie deja de pagar por cumplir años y nadie cobra indefinidamente por seguir matriculado. Lo que decide el resultado es la prueba: qué ingresos hay, dónde vive cada uno, qué se ha estudiado y con qué rendimiento, y a quién es imputable lo que ha cambiado. Puede consultar el texto vigente del Código Civil en el BOE. En Alicante, Elche y el resto de la provincia llevamos años planteando y defendiendo estos procedimientos, y la diferencia entre ganarlos y perderlos casi siempre está en la documentación que se aporta el primer día. Si busca contratar un abogado de familia en Alicante, hablemos de su caso concreto.

Hablemos de su caso

¿Quiere saber si puede extinguir o reducir la pensión de su hijo mayor?

En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso con presupuesto cerrado.

654 58 14 93 (también WhatsApp) · vsantamaria@santamariaabogados.es

Este artículo ofrece información general de carácter divulgativo y no sustituye al asesoramiento jurídico individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

Pensión de alimentos: cómo se calcula y cuándo se puede modificar

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Tiempo de lectura: 5 minutos

Cuando una pareja con hijos se separa, pocas cuestiones generan tanta preocupación como la pensión de alimentos. Es normal: de ella depende el bienestar diario de los hijos, y tanto quien la paga como quien la recibe necesitan saber que la cantidad fijada es justa y proporcionada.

Quizá está negociando un convenio regulador, o quizá su situación económica ha cambiado y la pensión que se fijó hace años ya no se corresponde con la realidad. En ambos casos, conocer cómo se calcula y cuándo puede modificarse le ayudará a tomar decisiones con tranquilidad.

En Santamaría Baeza Abogados, despacho de derecho de familia en Alicante, acompañamos cada año a decenas de familias en estos procesos. En esta guía le explicamos, con la normativa vigente en 2026, todo lo que necesita saber.

Qué es la pensión de alimentos y quién está obligado a pagarla

La pensión de alimentos es la cantidad que un progenitor abona para cubrir las necesidades de sus hijos: sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación. Así lo define el art. 142 del Código Civil, dentro de la obligación de alimentos entre parientes (arts. 142 a 153 CC).

En los procesos de separación y divorcio, el juez determina la contribución de cada progenitor conforme al art. 93 CC, y la obligación entronca directamente con el art. 39 de la Constitución Española, que impone a los padres el deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos durante su minoría de edad y en los demás casos que legalmente proceda.

Importante: la pensión de alimentos no se extingue automáticamente cuando el hijo cumple 18 años. El art. 93, párrafo segundo, CC permite fijar alimentos a favor de hijos mayores de edad que convivan en el domicilio familiar y carezcan de ingresos propios.

Cómo se calcula la pensión de alimentos: el criterio de proporcionalidad

No existe una fórmula única ni un porcentaje fijo. El criterio legal es el de proporcionalidad del art. 146 CC: la cuantía debe ser proporcionada al caudal o medios de quien la da y a las necesidades de quien la recibe.

En la práctica, los juzgados valoran principalmente:

Los ingresos netos de ambos progenitores (nóminas, rendimientos de actividad, alquileres); las necesidades concretas de los hijos (edad, escolarización, salud, actividades); el régimen de custodia establecido (en custodia compartida puede no fijarse pensión o fijarse una compensatoria de desequilibrio entre ingresos); y la atribución del uso de la vivienda familiar, que tiene un valor económico que el Tribunal Supremo manda ponderar.

Las tablas orientativas del CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial publica unas tablas orientadoras para determinar las pensiones alimenticias, con un simulador disponible en su web, que muchos juzgados utilizan como referencia de partida. No son vinculantes, pero ayudan a objetivar la cifra según los ingresos de ambos progenitores y el número de hijos.

Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha consolidado la doctrina del «mínimo vital»: incluso en situaciones de escasez económica del obligado, los juzgados suelen fijar una pensión mínima (en la práctica forense, frecuentemente entre 150 y 200 euros mensuales por hijo), pues la obligación de alimentos a los hijos menores solo cede en casos de absoluta imposibilidad acreditada.

Gastos ordinarios y gastos extraordinarios

La pensión cubre los gastos ordinarios y previsibles. Los gastos extraordinarios (ortodoncia, gafas, tratamientos médicos no cubiertos, actividades excepcionales) se abonan aparte, normalmente al 50%, y conviene que el convenio regulador los defina con precisión para evitar conflictos futuros. Si está preparando su convenio, le interesa nuestra guía sobre el divorcio exprés en 2026: requisitos, plazos y coste.

Actualización anual de la pensión

Las pensiones se actualizan cada año conforme al índice pactado o fijado en sentencia, habitualmente el IPC publicado por el INE. Esta actualización es automática y no requiere ir a juicio: basta comunicarla de forma fehaciente al otro progenitor.

Cuándo se puede modificar la pensión de alimentos

La pensión fijada en sentencia o convenio no es inmutable. El art. 147 CC dispone que los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que los da. Procesalmente, el cauce es el procedimiento de modificación de medidas del art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Para que prospere, la jurisprudencia exige que el cambio de circunstancias sea sustancial, permanente (no coyuntural) y ajeno a la voluntad de quien lo alega. Ejemplos habituales:

Para reducirla: desempleo prolongado, incapacidad laboral, nacimiento de nuevos hijos, descenso acreditado y duradero de ingresos. Para aumentarla: mejora notable de la situación económica del obligado o incremento de las necesidades del hijo (estudios universitarios, problemas de salud). Para extinguirla: independencia económica del hijo, o falta de aprovechamiento en los estudios de hijos mayores de edad (art. 152.3.º y 5.º CC).

Mientras no exista nueva resolución judicial, la pensión vigente debe seguir pagándose íntegramente. Dejar de pagar por decisión propia, aunque haya cambiado su situación, le expone a una ejecución judicial e incluso a responsabilidad penal. El cambio de custodia también afecta a la pensión: puede consultar los criterios actuales en nuestro artículo sobre la custodia compartida: requisitos y guía legal.

Impago de la pensión de alimentos: qué puede hacer

Si el progenitor obligado no paga, la ley ofrece dos vías complementarias:

Vía civil: demanda de ejecución de la sentencia (arts. 517 y siguientes LEC), que permite el embargo de sueldos y cuentas. En materia de alimentos, el art. 608 LEC permite embargar incluso por debajo del salario mínimo interprofesional, privilegio exclusivo de estas deudas. Se pueden reclamar las pensiones impagadas de los últimos cinco años (art. 1966.1.ª CC).

Vía penal: el art. 227 del Código Penal castiga con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses a quien deje de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier prestación económica a favor de su cónyuge o sus hijos establecida en convenio o resolución judicial. La reparación del daño comporta siempre el pago de las cuantías adeudadas (art. 227.3 CP).

Pasos prácticos para fijar o modificar una pensión

1. Reúna la documentación económica: nóminas, declaración de IRPF, recibos de gastos escolares y médicos de los hijos.

2. Calcule una horquilla realista con las tablas del CGPJ como referencia orientativa.

3. Intente el acuerdo: la mediación familiar y los medios adecuados de solución de controversias potenciados por la Ley Orgánica 1/2025 permiten resolver sin juicio, con menor coste y desgaste.

4. Si no hay acuerdo, presente demanda (de medidas o de modificación, art. 775 LEC) con prueba sólida del cambio de circunstancias.

5. Ante un impago, actúe pronto: requerimiento fehaciente, ejecución civil y, si procede, denuncia penal.

Tenga en cuenta que la pensión de alimentos es distinta de la pensión compensatoria entre cónyuges; le explicamos las diferencias en nuestra guía sobre la pensión compensatoria tras el divorcio.

Preguntas frecuentes sobre la pensión de alimentos

¿Hay una cantidad mínima de pensión de alimentos?

La ley no fija un mínimo, pero la práctica judicial aplica la doctrina del mínimo vital del Tribunal Supremo, que en la mayoría de juzgados se traduce en cifras en torno a 150-200 euros mensuales por hijo, salvo imposibilidad absoluta acreditada del obligado.

¿Hasta qué edad se paga la pensión de alimentos?

No hay edad límite automática. Se mantiene mientras el hijo mayor de edad conviva en el domicilio familiar y carezca de independencia económica por causa que no le sea imputable (art. 93.2 CC), y puede extinguirse por falta de aprovechamiento en los estudios (art. 152 CC).

¿Puedo dejar de pagar si me quedo en paro?

No. Debe seguir pagando y solicitar judicialmente la modificación de medidas (art. 775 LEC). Solo la nueva resolución judicial le permitirá pagar menos; el impago unilateral puede ser delito del art. 227 CP.

¿La custodia compartida elimina la pensión de alimentos?

No necesariamente. Si existe desproporción relevante entre los ingresos de los progenitores, el juez puede fijar una pensión a cargo de quien más gana, en aplicación del art. 146 CC.

¿Cuántas mensualidades impagadas puedo reclamar?

Las pensiones de los últimos cinco años (art. 1966.1.ª CC), mediante demanda de ejecución. Penalmente, basta el impago de dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos (art. 227 CP).

Hable con un abogado de familia en Alicante

Cada familia es distinta, y una pensión mal calculada o no actualizada puede suponer miles de euros de diferencia a lo largo de los años. Si va a fijar una pensión de alimentos, necesita modificarla o sufre impagos, cuéntenos su caso: estudiaremos su situación y le diremos con claridad qué opciones tiene.

Llámenos al 654 581 493. Santamaría Baeza Abogados, su despacho de derecho de familia en Alicante, Elche y provincia.

Divorcio exprés en 2026: requisitos, plazos y cuánto cuesta

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Tiempo de lectura: 5 minutos

Tomar la decisión de divorciarse nunca es fácil, y a la dificultad emocional se suma con frecuencia el miedo a un proceso largo, costoso y lleno de tecnicismos. La buena noticia es que, cuando existe acuerdo entre los cónyuges, la ley española permite resolver la separación de forma rápida y sin pleitos. En este artículo le explicamos, paso a paso, en qué consiste el llamado divorcio exprés en 2026, qué requisitos exige, cuánto tarda y qué coste real tiene.

Desde el despacho Santamaría Baeza Abogados, en Alicante, acompañamos cada año a numerosas familias en este trámite. Nuestro objetivo es que usted entienda sus opciones con claridad antes de dar cualquier paso.

Qué es el «divorcio exprés» y de dónde viene

La expresión «divorcio exprés» se popularizó tras la reforma del Código Civil operada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, que suprimió la necesidad de alegar causa alguna y de pasar previamente por una separación. Desde entonces, para divorciarse solo se exige que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio (artículos 81 y 86 del Código Civil), salvo cuando exista riesgo para la vida, la integridad o la libertad de uno de los cónyuges o de los hijos, en cuyo caso ni siquiera se exige ese plazo.

A esa primera reforma se sumó un segundo gran avance: la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que abrió la puerta a divorciarse sin acudir al juez, ante notario o ante el Letrado de la Administración de Justicia. Es esta vía la que hoy entendemos propiamente como el «divorcio exprés».

Las tres vías para divorciarse en 2026

1. Divorcio notarial (mutuo acuerdo)

Regulado en los artículos 82 y 87 del Código Civil, permite divorciarse mediante escritura pública ante notario cuando ambos cónyuges están de acuerdo. Es la fórmula más ágil, pero exige cumplir requisitos concretos:

  • Que haya transcurrido el plazo de tres meses desde el matrimonio (art. 81 CC).
  • Que no existan hijos menores de edad no emancipados ni hijos mayores con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores. Si los hay, la vía notarial queda excluida.
  • Que ambos cónyuges comparezcan asistidos por un abogado en ejercicio (art. 82.1 CC). La intervención de letrado es obligatoria.
  • Que se aporte un convenio regulador con los acuerdos sobre la disolución del matrimonio.

Si existen hijos mayores de edad o emancipados que convivan en el domicilio familiar y carezcan de ingresos propios, estos deben prestar su consentimiento respecto de las medidas que les afecten (art. 82.2 CC).

2. Divorcio ante el Letrado de la Administración de Justicia

El artículo 82 del Código Civil también permite tramitar el divorcio de mutuo acuerdo ante el Letrado de la Administración de Justicia (antiguo Secretario judicial) del juzgado, con los mismos requisitos que el notarial. Es una alternativa gratuita en cuanto a aranceles, aunque igualmente requiere convenio regulador y asistencia de abogado.

3. Divorcio judicial

Cuando hay hijos menores, o cuando no existe acuerdo entre los cónyuges, el divorcio debe tramitarse necesariamente ante el Juzgado de Primera Instancia (o de Familia). Caben dos modalidades:

  • De mutuo acuerdo: se presenta una demanda conjunta con el convenio regulador (artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Cuando hay hijos menores interviene el Ministerio Fiscal para velar por su interés, y el juez aprueba el convenio mediante sentencia.
  • Contencioso: cada cónyuge defiende su posición y es el juez quien decide sobre custodia, pensiones y uso de la vivienda. Es la vía más larga y conviene evitarla siempre que sea posible.

El convenio regulador: el corazón del acuerdo

Tanto en la vía notarial como en la judicial de mutuo acuerdo, el documento clave es el convenio regulador. Su contenido mínimo está fijado en el artículo 90 del Código Civil e incluye, entre otros extremos:

  • El cuidado de los hijos, la patria potestad y el régimen de visitas y comunicación (cuando proceda).
  • La atribución del uso de la vivienda y el ajuar familiar.
  • La contribución a las cargas del matrimonio y los alimentos, así como sus bases de actualización.
  • La liquidación, en su caso, del régimen económico matrimonial.
  • La pensión compensatoria que, en su caso, corresponda a uno de los cónyuges (art. 97 CC).

Cuando existen hijos, la custodia se decide siempre conforme al interés superior del menor (artículo 92 del Código Civil), criterio reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la hora de valorar la custodia compartida.

Plazos: ¿cuánto tarda realmente?

La rapidez depende de la vía elegida:

  • Divorcio notarial: una vez redactado y consensuado el convenio, puede formalizarse en cuestión de días o pocas semanas, según la agenda de la notaría.
  • Divorcio judicial de mutuo acuerdo: suele resolverse en pocos meses, en función de la carga de trabajo del juzgado.
  • Divorcio contencioso: puede prolongarse más de un año, ya que requiere vista, prueba y, en su caso, recursos.

Conviene recordar, además, que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (vigente desde el 3 de abril de 2025), determinados litigios civiles exigen acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias (MASC) —como la mediación o la negociación— como requisito de procedibilidad. En los divorcios de mutuo acuerdo este requisito no opera, pero sí conviene tenerlo presente cuando el proceso se vuelve contencioso.

Cuánto cuesta divorciarse en 2026

El coste varía notablemente según la vía y la complejidad del caso, por lo que las cifras siguientes son orientativas y no sustituyen a un presupuesto personalizado:

  • Honorarios de abogado: en un divorcio de mutuo acuerdo, al existir un único interés, es habitual que un mismo letrado redacte el convenio para ambos, lo que abarata el proceso frente al contencioso.
  • Aranceles notariales: la escritura de divorcio devenga los aranceles fijados reglamentariamente para el notario.
  • Vía judicial: las personas físicas están exentas del pago de la tasa judicial, por lo que el procedimiento de mutuo acuerdo ante el juzgado no genera ese coste.
  • Procurador: en la vía judicial puede ser necesario, mientras que en la notarial no interviene.

Como norma general, el mutuo acuerdo —ya sea notarial o judicial— es siempre más rápido y económico que el divorcio contencioso, además de menos desgastante en lo personal.

Preguntas frecuentes sobre el divorcio exprés

¿Puedo divorciarme sin acuerdo con mi cónyuge?

Sí, mediante el divorcio contencioso ante el juzgado. No es necesario que el otro cónyuge esté de acuerdo; basta con que uno de los dos lo solicite, una vez transcurridos tres meses desde el matrimonio (art. 86 CC).

¿Necesito abogado para el divorcio notarial?

Sí. El artículo 82.1 del Código Civil exige la asistencia de un abogado en ejercicio para otorgar la escritura de divorcio ante notario.

¿Y si tenemos hijos menores?

En ese caso no es posible el divorcio notarial ni el tramitado ante el Letrado de la Administración de Justicia: deberá acudirse al juzgado, donde intervendrá el Ministerio Fiscal en defensa del interés de los menores.

¿El divorcio exprés sirve también para la separación o la nulidad?

La vía notarial y la del Letrado de la Administración de Justicia están previstas para el divorcio y la separación de mutuo acuerdo. La nulidad matrimonial, en cambio, siempre requiere procedimiento judicial.

¿Puede modificarse después lo acordado?

Sí. Si cambian de forma sustancial las circunstancias (ingresos, traslado, necesidades de los hijos), pueden modificarse las medidas mediante el procedimiento previsto en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cómo podemos ayudarle desde Santamaría Baeza Abogados

En nuestro despacho de Alicante le asesoramos sobre la vía más adecuada a su situación, redactamos un convenio regulador sólido que evite problemas futuros y le acompañamos durante todo el procedimiento, tanto en la firma ante notario como ante el juzgado. Trabajamos con un trato cercano y discreto, conscientes de que detrás de cada divorcio hay una historia personal que merece respeto.

Si está valorando divorciarse y quiere saber con exactitud qué opciones tiene, qué plazos manejará y cuánto le costaría en su caso concreto, cuéntenos su situación. Llámenos al 654 581 493 y le explicaremos, con claridad y en su idioma, los pasos a seguir. Atendemos en Alicante, Elche y toda la provincia.

Más información en nuestro blog jurídico y en la página principal del despacho.

Pensión compensatoria tras el divorcio: cuándo se tiene derecho y cómo se calcula (2026)

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Cuando un matrimonio se rompe, no siempre los dos miembros parten de la misma situación económica. Uno puede haber dejado su carrera para cuidar de la familia mientras el otro la desarrollaba. Para corregir ese desequilibrio existe la pensión compensatoria, una figura que genera muchas dudas y bastantes conflictos.

En Santamaría Baeza Abogados, despacho con sede en Alicante y atención en Elche y toda la provincia, explicamos con claridad cuándo se tiene derecho a ella, cómo se calcula y cuándo se puede modificar o extinguir, con la normativa vigente en 2026.

¿Qué es la pensión compensatoria?

La regula el artículo 97 del Código Civil. Tiene derecho a ella el cónyuge al que la separación o el divorcio le produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento respecto a su situación durante el matrimonio. No es una sanción ni un premio: busca reequilibrar, no igualar patrimonios.

¿Cuándo se tiene derecho?

La clave es acreditar ese desequilibrio. El propio art. 97 CC enumera circunstancias que el juez valora: la duración del matrimonio, la dedicación pasada y futura a la familia, la edad y el estado de salud, la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo, la colaboración en las actividades del otro cónyuge y los medios económicos de cada uno. No basta con ganar menos: hay que probar que la ruptura empeora la situación de quien la reclama.

¿Cómo se calcula y cuánto dura?

No existe una fórmula matemática: el juez fija la cuantía ponderando los factores anteriores. El Tribunal Supremo tiene consolidado que la pensión puede establecerse con carácter temporal cuando sea previsible que el desequilibrio se supere en un plazo razonable, y no necesariamente de forma indefinida. Además, el artículo 99 CC permite sustituir la pensión por una prestación única (un capital, una renta o el usufructo de determinados bienes) si ambas partes lo acuerdan.

No confundir con la pensión de alimentos

Son cosas distintas. La pensión de alimentos protege a los hijos y atiende sus necesidades; la pensión compensatoria corrige el desequilibrio entre los cónyuges. Pueden coexistir y se calculan con criterios diferentes.

Modificación y extinción

La pensión no es inmutable. El artículo 100 CC permite modificarla si cambian sustancialmente las circunstancias (por ejemplo, una mejora o empeoramiento económico relevante). Y el artículo 101 CC prevé su extinción cuando cesa el desequilibrio que la motivó, o cuando el beneficiario contrae nuevo matrimonio o pasa a convivir maritalmente con otra persona.

Preguntas frecuentes

¿La pensión compensatoria es para siempre?

No necesariamente. El Tribunal Supremo admite fijarla con carácter temporal cuando el desequilibrio puede superarse en un plazo razonable.

¿Se puede pedir después del divorcio?

Por regla general debe solicitarse en el procedimiento de separación o divorcio; difícilmente prospera una reclamación posterior si no se pidió entonces.

¿Tributa la pensión compensatoria?

Sí: para quien la recibe es rendimiento del trabajo, y quien la paga puede reducir su base imponible en el IRPF. Conviene revisar cada caso.

¿Y si mi expareja deja de pagarla?

Puede reclamarse judicialmente su cumplimiento, igual que cualquier obligación fijada en sentencia o convenio regulador.

Hablemos de su caso

Cada divorcio es distinto y la pensión compensatoria depende de los detalles. Si quiere saber si le corresponde —o si le están reclamando una que no procede—, cuéntenos su situación llamando al 654 581 493. Le daremos una valoración clara, sin rodeos. Puede ampliar información en nuestra guía sobre cuándo necesita un abogado en Alicante y en otros artículos del despacho.

Custodia compartida en Alicante: guía legal y requisitos

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La ruptura de una pareja con hijos menores plantea una de las decisiones más relevantes del proceso: ¿con quién vivirán los niños? En los últimos años, la custodia compartida se ha consolidado como el régimen preferente en la jurisprudencia española, pero su solicitud y concesión sigue generando dudas entre los progenitores. Si se encuentra ante un proceso de separación o divorcio y desea conocer sus derechos respecto a la custodia compartida en Alicante, en Santamaría Baeza Abogados le explicamos las claves legales, los requisitos actualizados y la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo.

¿Qué es la custodia compartida y cómo se regula en España?

La custodia compartida es el régimen por el cual ambos progenitores comparten de forma equitativa el cuidado, la convivencia y la educación de sus hijos menores tras una separación o divorcio. A diferencia de la custodia exclusiva, en la que los hijos residen principalmente con uno de los progenitores, la custodia compartida implica que los menores alternan su convivencia con ambos padres en períodos determinados.

La regulación principal se encuentra en el artículo 92 del Código Civil, modificado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre. Este precepto establece dos vías para acordar la custodia compartida:

  • Por acuerdo de ambos progenitores: cuando ambos lo solicitan en la propuesta de convenio regulador o llegan a este acuerdo durante el procedimiento judicial (art. 92.5 CC).
  • De forma excepcional, a instancia de una sola parte: el juez, con informe favorable del Ministerio Fiscal, puede acordar la custodia compartida si considera que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor (art. 92.8 CC).

Es importante señalar que, aunque la ley califica la segunda vía como «excepcional», la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido matizando este carácter, como veremos más adelante.

Requisitos para obtener la custodia compartida en Alicante

Para que un juzgado de familia en Alicante conceda la custodia compartida, es necesario que concurran determinadas circunstancias que el juez valorará atendiendo siempre al interés superior del menor. Los criterios más relevantes, según la doctrina del Tribunal Supremo, son los siguientes:

  1. Proximidad de domicilios: que ambos progenitores residan en localidades cercanas, de modo que los menores puedan mantener su rutina escolar y social sin alteraciones significativas.
  2. Capacidad de ambos progenitores: que tanto el padre como la madre demuestren aptitud y disposición para atender las necesidades cotidianas de los hijos.
  3. Relación previa con los menores: se valora la implicación de cada progenitor en el cuidado de los hijos durante la convivencia.
  4. Voluntad de los hijos: el juez debe oír a los menores cuando tengan suficiente juicio, especialmente a partir de los 12 años, conforme al artículo 92.2 del Código Civil.
  5. Relación entre los progenitores: aunque no se exige una relación perfecta, sí es necesario un nivel mínimo de comunicación y cooperación que permita la organización práctica de la custodia compartida.
  6. Informe del Ministerio Fiscal: obligatorio en los casos en que la custodia compartida se solicita por una sola de las partes.

¿Qué ocurre si los progenitores viven en ciudades distintas?

Cuando la distancia entre los domicilios de los progenitores es excesiva, la custodia compartida se dificulta notablemente. Los tribunales de Alicante valoran que ambos progenitores residan en la misma ciudad o, al menos, en la misma comarca, para garantizar que los hijos mantengan la estabilidad en su centro escolar, sus actividades extraescolares y sus relaciones sociales. Si uno de los progenitores se traslada a otra provincia, este factor puede llevar al juez a denegar o modificar el régimen de custodia compartida.

La custodia compartida como régimen preferente: jurisprudencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha consolidado una línea jurisprudencial clara: la custodia compartida no es un régimen excepcional, sino el modelo que mejor protege el interés del menor al permitirle mantener una relación equilibrada con ambos progenitores.

La Sentencia del Tribunal Supremo 323/2025 reafirmó que el criterio actual de la Sala Primera es propiciar el régimen de custodia compartida como primera opción, siempre que concurran las circunstancias idóneas. Esta doctrina supera la literalidad del artículo 92.8 del Código Civil, que utiliza el término «excepcionalmente», y sitúa la custodia compartida como el modelo normal e incluso deseable.

En la misma línea, el Tribunal Supremo ha declarado de forma reiterada que la custodia compartida permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis familiar, siempre que las circunstancias lo hagan viable.

Esta jurisprudencia resulta especialmente relevante para los procedimientos de familia en los juzgados de Alicante, donde la tendencia judicial se alinea con la doctrina del Tribunal Supremo a favor de la custodia compartida cuando se cumplen los requisitos necesarios.

Vivienda familiar y custodia compartida: los nuevos límites del Tribunal Supremo

Uno de los aspectos que más conflictos genera en los procesos de custodia compartida es la atribución del uso de la vivienda familiar. ¿Quién se queda en la casa cuando ambos progenitores comparten la custodia?

La Sentencia del Tribunal Supremo 783/2025, de 19 de mayo, ha establecido una doctrina clara al respecto: la atribución del uso de la vivienda familiar en casos de custodia compartida debe ser siempre temporal, motivada y ajustada a las circunstancias de ambos progenitores.

El Tribunal Supremo insiste en que, cuando existe custodia compartida, no se aplica automáticamente el criterio de que el progenitor custodio permanezca en la vivienda hasta la mayoría de edad de los hijos. Ese criterio es propio de la custodia exclusiva. En la custodia compartida, puesto que ambos progenitores ejercen la guarda de forma igualitaria, el uso de la vivienda debe limitarse en el tiempo.

¿Cuánto tiempo se puede usar la vivienda familiar tras la custodia compartida?

Según la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, el plazo de atribución del uso de la vivienda familiar en custodia compartida oscila entre uno y tres años, dependiendo de las circunstancias concretas del caso. La STS 783/2025 fija como referencia habitual un máximo de dos años.

Para determinar la duración concreta, el tribunal valorará:

  • El interés más necesitado de protección, es decir, el riesgo de que la falta de vivienda ponga en peligro el régimen de custodia compartida.
  • La titularidad de la vivienda, ya sea privativa de uno de los cónyuges o ganancial.
  • La capacidad económica de cada progenitor para acceder a una vivienda alternativa.

Esta sentencia es de gran relevancia práctica para los divorcios y separaciones en Alicante, donde el mercado inmobiliario puede condicionar significativamente la viabilidad de la custodia compartida si uno de los progenitores no puede acceder a una vivienda adecuada en un plazo razonable.

¿Cuándo se deniega la custodia compartida?

No en todos los casos procede la custodia compartida. El artículo 92.7 del Código Civil, en su redacción vigente tras la Ley 16/2022, prohíbe expresamente que se acuerde la custodia compartida cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos.

Además de esta prohibición legal, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha identificado otros supuestos en los que se deniega habitualmente la custodia compartida:

  • Mala relación grave entre los progenitores: cuando la comunicación entre los padres es tan conflictiva que resulta imposible organizar la alternancia de convivencia sin perjudicar a los menores.
  • Falta de implicación previa: si uno de los progenitores no ha participado activamente en el cuidado de los hijos durante la convivencia.
  • Horarios laborales incompatibles: cuando las obligaciones profesionales de un progenitor impiden atender las necesidades cotidianas de los menores durante sus períodos de custodia.
  • Distancia geográfica excesiva: como ya se ha señalado, la lejanía entre domicilios puede hacer inviable la custodia compartida.
  • Voluntad contraria de los menores: cuando los hijos, con suficiente madurez, expresan de forma fundada su preferencia por residir con uno de los progenitores.

¿Qué ocurre si hay una orden de alejamiento?

Si existe una orden de protección o de alejamiento por violencia doméstica o de género, la custodia compartida queda automáticamente excluida. Los juzgados de violencia sobre la mujer de Alicante aplican este criterio de forma estricta, en cumplimiento del artículo 92.7 del Código Civil y de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Por qué contar con un abogado especialista en custodia compartida en Alicante

Los procedimientos de custodia compartida en Alicante requieren un conocimiento profundo tanto de la normativa estatal como de la práctica judicial de los juzgados de familia de la provincia. Cada caso presenta circunstancias únicas que deben analizarse individualmente para diseñar la estrategia procesal más adecuada.

Un abogado especializado en derecho de familia puede ayudarle a:

  • Evaluar la viabilidad de la custodia compartida en su caso concreto.
  • Preparar la documentación y los argumentos necesarios para la demanda o la contestación.
  • Negociar un convenio regulador que proteja sus derechos y los de sus hijos.
  • Solicitar la modificación de medidas si las circunstancias han cambiado desde la sentencia original.
  • Defender sus intereses respecto a la atribución del uso de la vivienda familiar.

En Santamaría Baeza Abogados contamos con amplia experiencia en procesos de custodia compartida ante los juzgados de familia de Alicante y provincia. Conocemos la práctica habitual de estos tribunales y le asesoraremos para que sus derechos y los de sus hijos queden plenamente protegidos.

Conclusión

La custodia compartida es hoy el régimen preferente en la jurisprudencia española, como ha confirmado el Tribunal Supremo en sus sentencias más recientes de 2025. Sin embargo, obtenerla requiere cumplir una serie de requisitos y conocer las particularidades del procedimiento judicial. La reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre la atribución temporal de la vivienda familiar añade un factor práctico que debe valorarse cuidadosamente en cada proceso.

Si necesita asesoramiento sobre custodia compartida o cualquier cuestión de derecho de familia, en Santamaría Baeza Abogados le atendemos personalmente. Contacte con nosotros para una consulta en nuestra sede de Avda. Aguilera 39, Entresuelo B, 03007 Alicante, o llámenos al 654 581 493.