Subir tres plantas a pie es un problema serio cuando las rodillas ya no acompañan. Si en su edificio se ha hablado de poner ascensor, conviene saber qué mayoría para instalar un ascensor en la comunidad exige la ley, cuánto puede costarle a cada vecino y cuándo la obra deja de ser una opción para ser una obligación.
Mayoría exigida
Qué mayoría para instalar un ascensor en la comunidad pide la Ley de Propiedad Horizontal
El punto de partida está en el artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Para el establecimiento de los servicios de ascensor y para las obras de supresión de barreras arquitectónicas basta el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
Es la llamada doble mayoría simple: no basta con que levanten la mano la mitad más uno de los vecinos si no suman más de la mitad de los coeficientes, ni al contrario.
El dato importa porque circula información desfasada: hasta la reforma de la Ley 8/2013, de 26 de junio, el criterio era más exigente —tres quintas partes— y aún hoy hay comunidades de Alicante y Elche que descartan proyectos creyendo que necesitan ese respaldo reforzado.
- Mayoría del total de propietarios y, además, mayoría del total de cuotas.
- Se computan los propietarios, no solo los asistentes: los ausentes cuentan según las reglas de notificación del acuerdo.
- El acuerdo válido obliga también a quien votó en contra: es un servicio de interés general.
- Solo hace falta unanimidad si el acuerdo modifica los estatutos o el título constitutivo (art. 17.6 LPH).
Ese último punto marca la diferencia con otras obras. En las «innovaciones no exigibles» para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, el artículo 17.4 LPH libera al disidente cuando su cuota de instalación excede de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes. El ascensor no entra en ese cajón: es un servicio de interés general del 17.2 y quien vota en contra paga igual.
Accesibilidad obligatoria
Cuándo existe obligación de ascensor por accesibilidad en la comunidad
Hay un segundo camino que no depende de la votación. El artículo 10.1.b) LPH impone a la comunidad, sin necesidad de acuerdo previo de la junta, las obras necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal cuando lo solicite un propietario —o quien viva o trabaje en el edificio— con discapacidad, o mayor de setenta años.
La obligación no es ilimitada: el importe repercutido anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no puede exceder de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Con dos matices que suelen decidir el asunto:
- El carácter obligatorio no desaparece porque quien ha solicitado las obras asuma la parte del coste que supera ese límite.
- Cuando las ayudas y subvenciones efectivamente concedidas alcanzan el setenta por ciento del importe de las obras, su ejecución es obligatoria aunque se rebase el tope de las doce mensualidades.
El cálculo de esas doce mensualidades es un criterio discutido: las Audiencias no son uniformes sobre si el límite mira a lo que paga cada propietario según su cuota o al presupuesto global. Plantee la solicitud con el cálculo ya hecho, porque de esa cifra depende que la obra sea exigible o solo votable.
Un vecino de 74 años de un edificio de Alicante solicita el ascensor. Su cuota ordinaria es de 60 € al mes, así que doce mensualidades equivalen a 720 €. Si la derrama que le corresponde es de 2.400 €, la obra excede del límite y no sería obligatoria por esa vía… salvo que las ayudas concedidas cubran el setenta por ciento del presupuesto o que el solicitante asuma los 1.680 € de exceso. Entonces la comunidad no puede negarse.
Y si el acuerdo se adopta válidamente en junta, el último párrafo del artículo 17.2 LPH cierra la puerta a los arrepentimientos: la comunidad queda obligada al pago aunque el importe repercutido anualmente exceda de esas doce mensualidades.
Reparto del coste
Coste de instalación del ascensor y reparto por cuotas de participación
La regla es la del artículo 9.1.e) LPH: cada propietario contribuye a los gastos generales con arreglo a su cuota de participación fijada en el título constitutivo, o a lo especialmente establecido. No se divide a partes iguales ni por plantas: se aplica el coeficiente de la escritura.
De ahí que el coste de instalación del ascensor y su reparto por cuotas suela sorprender: un ático grande puede pagar más que un tercero pequeño. Y el presupuesto no es solo la cabina; antes de votar conviene tener todas las partidas sobre la mesa:
- Proyecto técnico, licencia municipal de obra y dirección facultativa.
- Obra civil del hueco: patio de luces, ocupación de escalera o rebaje del foso.
- Bajada a cota cero para evitar escalones en el portal, si es viable.
- Servidumbres sobre elementos privativos y su compensación.
- Mantenimiento, seguro e inspecciones, que pasan a gasto común ordinario.
Bajos y locales
¿Puede negarse el vecino del bajo o el local exonerado?
Negarse a votar a favor, sí. Negarse a pagar, casi nunca. Vivir en una planta baja no exonera por sí mismo: hace falta una cláusula estatutaria o un acuerdo válido, y los tribunales la interpretan de forma restrictiva.
El criterio lo fijó el Tribunal Supremo: la exención genérica por no usar el ascensor cubre los gastos ordinarios y extraordinarios del aparato ya existente —incluida su reforma o sustitución—, pero no la instalación de uno nuevo ni la ampliación del recorrido para bajarlo a cota cero, obras necesarias para la habitabilidad del inmueble.
La STS 381/2018, de 21 de junio, estableció que los locales con exención estatutaria deben contribuir a la instalación nueva y a la bajada a cota cero, rectificando el criterio de la sentencia de 17 de noviembre de 2016. La STS 1002/2025, de 25 de junio, marca el límite inverso: una junta no puede imponer por mayoría el pago del ascensor a propietarios ya exonerados por un acuerdo o cláusula anterior, porque eso equivale a modificar los estatutos y exigiría unanimidad.
Para una comunidad de la provincia de Alicante el resumen es doble: la exoneración existente se respeta, pero no se amplía a lo que no dice, y no cabe crearla ni suprimirla por simple mayoría. Si el acuerdo le parece contrario a la ley o lesivo, el cauce no es dejar de pagar, sino impugnarlo en plazo, como explicamos en nuestra guía sobre cómo impugnar un acuerdo abusivo de la junta de propietarios conforme al artículo 18 LPH.
Consejo profesional
En los expedientes que llevamos en Alicante, la mayoría de los pleitos por el ascensor no nacen del «sí» o del «no», sino de un acta mal redactada: sin presupuesto aprobado, sin sistema de reparto o sin reflejar la solicitud del propietario mayor de setenta años. Revise el orden del día y el texto del acuerdo antes de la junta, y la notificación a los ausentes después.
Consulte nuestro servicio de administración de fincas y comunidades
Ayudas y pasos
Subvenciones en la Comunidad Valenciana y cómo llevar el acuerdo a la junta
La Generalitat Valenciana viene convocando ayudas a la mejora de la accesibilidad en edificios residenciales colectivos, en el marco del Plan Estatal para el acceso a la vivienda. Cuantías y requisitos cambian en cada convocatoria: compruebe la que esté abierta antes de cerrar el presupuesto, porque ese importe se descuenta de las doce mensualidades y puede convertir una obra opcional en obligatoria.
- Reúna la documentación del solicitante. Si se apoya en el artículo 10.1.b) LPH, acredite la discapacidad o la edad superior a setenta años y solicítelo por escrito, con constancia de la fecha.
- Pida dos o tres presupuestos técnicos. Con proyecto, licencia, obra civil y viabilidad de la bajada a cota cero por separado.
- Consulte las ayudas vigentes. Revise la convocatoria autonómica y municipal y calcule el coste neto por propietario según su cuota.
- Convoque la junta con un orden del día preciso. Aprobación de la obra, presupuesto concreto, financiación y sistema de reparto.
- Vote, documente la doble mayoría y notifique a los ausentes. El acta debe reflejar propietarios y cuotas a favor y en contra, no solo el resultado; de la notificación dependen el cómputo del voto de los ausentes y los plazos de impugnación.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre la instalación de ascensor
¿Puede un solo vecino parar la instalación del ascensor?
No. Desde la reforma de 2013 basta la mayoría de propietarios que represente la mayoría de cuotas, así que un voto en contra no bloquea la obra. Y si la solicita un propietario con discapacidad o mayor de setenta años dentro del límite económico del artículo 10.1.b) LPH, es obligatoria sin necesidad de votación.
¿Tengo que pagar el ascensor si vivo en un bajo?
Como regla general sí, con arreglo a su cuota de participación. Solo queda exonerado si los estatutos lo dicen de forma clara y expresa, y aun así los tribunales no extienden esa exención a la instalación de un ascensor nuevo ni a la bajada a cota cero, obras necesarias para la habitabilidad del edificio.
¿Qué pasa si no puedo pagar la derrama del ascensor?
La deuda sigue siendo exigible y la comunidad puede reclamarla por el procedimiento monitorio, con el inmueble afecto a las cuotas del año en curso y los tres anteriores. Lo razonable es negociar un fraccionamiento en la junta, dejarlo reflejado en el acta y comprobar si hay ayudas públicas que reduzcan su aportación.
Conclusión
El ascensor se decide con mayoría, pero se gana con los números bien hechos
Instalar un ascensor ya no exige el consenso de todo el edificio: la ley se ha puesto del lado de la accesibilidad y la doble mayoría simple basta. La batalla real está en el presupuesto, el reparto por cuotas y la redacción del acuerdo. Si en su comunidad de Alicante, Elche o cualquier municipio de la provincia el proyecto está encallado, revisar el acta y el cálculo de las doce mensualidades desbloquea más que discutir en la junta. Puede consultar el texto consolidado de la Ley de Propiedad Horizontal en el BOE.
¿Su comunidad necesita instalar el ascensor y el acuerdo está bloqueado?
En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso con presupuesto cerrado.
Este artículo ofrece información jurídica de carácter general y no sustituye al asesoramiento individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.
