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Contrato de arras roto: ¿quién paga, cuánto y cómo reclamar?

15 de mayo de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 7 minutos

Cuando una compraventa se rompe a las puertas de notaría

En el día a día de nuestro despacho en Alicante recibimos con frecuencia llamadas angustiadas de compradores y vendedores que firmaron un contrato de arras hace semanas o meses y, llegado el momento de la escritura, una de las partes se desdice. La pregunta es siempre la misma: ¿qué pasa con el dinero entregado? ¿quién paga, cuánto y cómo se reclama?

La respuesta depende, en primer lugar, del tipo de arras pactadas (penitenciales, confirmatorias o penales) y, en segundo lugar, de cómo se haya redactado la cláusula. Un mismo importe puede significar libertad para desistir, o todo lo contrario: la obligación de pagar daños mucho mayores. En este artículo aclaramos las diferencias, las consecuencias económicas y la vía para reclamar conforme al Código Civil y a la doctrina del Tribunal Supremo aplicable en 2026.

Qué es un contrato de arras y por qué importa su clasificación

El contrato de arras (o «señal») es un pacto privado, generalmente previo a la escritura pública de compraventa, en el que las partes se obligan a celebrarla en una fecha concreta y el comprador entrega una cantidad de dinero al vendedor. La regulación nuclear se encuentra en el artículo 1454 del Código Civil, junto con los principios generales de los artículos 1124 (resolución por incumplimiento) y 1152 (cláusula penal).

El Tribunal Supremo ha recordado en sentencias como la STS 670/2014, de 19 de noviembre y la STS 24/2018, de 17 de enero que el artículo 1454 CC no es una norma imperativa, sino dispositiva: solo se aplica si las partes han pactado expresamente que las arras tienen carácter penitencial. En caso de duda, la jurisprudencia las califica como confirmatorias, conforme a la STS 26 de marzo de 2009, lo que cambia radicalmente las consecuencias.

Los tres tipos de arras y sus consecuencias económicas

1. Arras penitenciales (art. 1454 CC)

Permiten a cualquiera de las partes desistir del contrato pagando un precio:

  • Si desiste el comprador: pierde la cantidad entregada.
  • Si desiste el vendedor: debe devolver el doble de lo recibido.

Para que se consideren penitenciales, el contrato debe decirlo expresamente. La mera entrega de dinero en concepto de «señal» o «arras» no basta (STS 24/2018; STS 296/2017, de 16 de mayo). La ventaja para quien desiste es que la indemnización está tasada: no se podrán exigir daños y perjuicios adicionales (STS 568/2013, de 1 de octubre).

2. Arras confirmatorias

No otorgan facultad de desistimiento. Son una simple prueba o anticipo del precio. Si una parte incumple, la otra puede optar, conforme al artículo 1124 CC, entre exigir el cumplimiento forzoso de la compraventa o resolver el contrato, en ambos casos con derecho a una indemnización real de daños y perjuicios. El importe entregado se descuenta del precio, pero no limita la responsabilidad.

El Tribunal Supremo ha reiterado este criterio en la STS 583/2017, de 27 de octubre: si las arras no son inequívocamente penitenciales, el incumplidor puede acabar pagando bastante más que el doble de la señal.

3. Arras penales (cláusula penal del art. 1152 CC)

Funcionan como una pena convencional. A diferencia de las penitenciales, no permiten desistir libremente: la parte cumplidora puede exigir tanto el cumplimiento del contrato como la pena pactada (salvo que el contrato lo excluya). El juez puede moderar la pena si el cumplimiento ha sido parcial o defectuoso, conforme al artículo 1154 CC.

Tabla práctica de consecuencias

Tipo de arras ¿Permite desistir? Si incumple el comprador Si incumple el vendedor ¿Daños adicionales?
Penitenciales Sí, libremente Pierde lo entregado Devuelve el doble No (importe tasado)
Confirmatorias No Indemnización + pierde la señal o cumplimiento forzoso Indemnización real + restitución Sí, art. 1124 CC
Penales No Pena pactada (puede acumularse al cumplimiento) Pena pactada Solo si se pacta

Cómo saber qué arras firmé: la importancia del literal del contrato

Antes de reclamar, lo primero es leer detenidamente la cláusula. El artículo 1281 CC obliga a estar al sentido literal cuando los términos son claros; cuando hay duda, se atiende a la intención de las partes y a los actos coetáneos y posteriores (arts. 1281 a 1289 CC). Frases típicas y su efecto habitual:

  • «Las partes podrán desistir del contrato perdiendo o devolviendo el doble…» → arras penitenciales.
  • «La cantidad entregada se imputará al precio…», sin más → arras confirmatorias.
  • «En caso de incumplimiento, la parte incumplidora abonará a la otra…» → arras penales o cláusula penal.

En la práctica, muchos modelos de inmobiliarias mezclan los tres conceptos. Esa ambigüedad la zanja la jurisprudencia citada a favor del carácter confirmatorio, lo que suele perjudicar al que pretendía «salirse» del contrato pagando solo la señal.

Cuánto se reclama y desde cuándo: cuantía e intereses

En arras penitenciales, la cifra es matemática: lo entregado (si pierde el comprador) o el doble (si desiste el vendedor), más los intereses legales del dinero desde la reclamación extrajudicial conforme al artículo 1100 CC.

En arras confirmatorias o penales, el cálculo es más complejo: hay que documentar los daños efectivos (gastos de notaría, gestoría, tasación, financiación, lucro cesante por alquileres no percibidos, depreciación del inmueble, etc.). En operaciones inmobiliarias actuales en Alicante, esos perjuicios pueden ser muy superiores al importe de la señal.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar?

La acción para exigir el cumplimiento o la indemnización derivada de un contrato de arras prescribe a los 5 años, conforme al artículo 1964 CC tras la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre. El plazo se cuenta desde que la obligación pudo exigirse (normalmente, desde la fecha pactada para escriturar o desde el incumplimiento expreso).

La interrupción del plazo se produce con la reclamación extrajudicial fehaciente (art. 1973 CC). Por eso, el burofax con acuse de recibo y certificación de contenido sigue siendo la herramienta esencial: deja constancia, interrumpe la prescripción y prepara la documentación para una eventual demanda.

Pasos prácticos si la otra parte incumple

  1. Releer el contrato y calificar las arras (penitenciales, confirmatorias o penales).
  2. Reunir prueba documental: contrato, comprobantes de la transferencia, comunicaciones por email o WhatsApp, llamadas a notaría, fechas reservadas.
  3. Requerimiento previo mediante burofax con texto certificado y acuse de recibo, otorgando un plazo razonable para escriturar o devolver la cantidad correspondiente.
  4. Negociación: en arras confirmatorias o penales, una transacción suele resultar más rentable que un pleito, por los costes y los tiempos del juzgado.
  5. Demanda civil ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado o del lugar de cumplimiento de la obligación, conforme a los artículos 50 y 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), por los trámites del juicio ordinario o verbal según la cuantía (arts. 249 y 250 LEC).
  6. Medidas cautelares: cuando exista riesgo de que el inmueble se transmita a un tercero, puede solicitarse anotación preventiva de demanda en el Registro de la Propiedad (art. 42.1 Ley Hipotecaria) o embargo preventivo (arts. 727 y ss. LEC).

Casos típicos que vemos en Alicante

En nuestra experiencia, los conflictos por arras en la provincia de Alicante se concentran en cuatro escenarios:

  • Comprador extranjero (especialmente en la costa: Torrevieja, Orihuela Costa, Dénia, Jávea) que se arrepiente tras firmar un «deposit contract» en inglés, sin distinguir entre earnest money y arras penitenciales.
  • Vendedor con varias ofertas simultáneas que recibe una mejor después de firmar las arras y decide «perder el doble», sin reparar en que las arras eran confirmatorias y la indemnización puede ser mucho mayor.
  • Problemas urbanísticos sobrevenidos (cédula de habitabilidad denegada, deudas con la comunidad, cargas ocultas) que justifican —o no— la resolución del contrato conforme al artículo 1124 CC.
  • Denegación de financiación bancaria: si la concesión del préstamo se condicionó en el propio contrato, la frustración de la financiación puede operar como condición resolutoria; en caso contrario, normalmente se incumple y se pierde la señal.

Conexión con otras áreas: arras, vicios ocultos y reclamaciones inmobiliarias

No es infrecuente que el comprador, tras descubrir defectos relevantes en la vivienda, intente desistir alegando vicios ocultos. Conviene recordar que esa vía tiene su propia regulación (artículo 1490 CC, plazo de seis meses) y que no siempre justifica la resolución del contrato de arras. Si la situación es la inversa —ya se firmó la compraventa y aparecen defectos— procede acudir al saneamiento por vicios ocultos. Si el problema está en las cláusulas del contrato de alquiler o en la titularidad, conviene revisar nuestros servicios de derecho inmobiliario y de derecho civil para encajar correctamente la reclamación.

Preguntas frecuentes sobre el contrato de arras

¿Puedo recuperar la señal si el banco no me concede la hipoteca?

Solo si el contrato lo previó como condición resolutoria expresa o como causa de exoneración. La STS 537/2018, de 28 de septiembre exige que la financiación se haya pactado como condición para que su denegación libere al comprador. De lo contrario, el riesgo financiero lo asume él.

Si las arras eran penitenciales, ¿puedo pedir además daños y perjuicios?

No. La función de las arras penitenciales es precisamente liquidar de antemano la indemnización. El Tribunal Supremo lo reitera en la STS 568/2013, de 1 de octubre: la cuantía tasada cierra la vía a reclamaciones adicionales.

El vendedor no quiere devolver el doble. ¿Qué hago?

Tras el burofax sin respuesta, procede demanda civil reclamando la duplicidad pactada, intereses legales desde el requerimiento (art. 1100 CC) y costas. En operaciones con inmueble identificable, conviene valorar la anotación preventiva de demanda para evitar transmisiones a terceros de buena fe.

¿Y si fui yo, comprador, quien no pude acudir a notaría por causa de fuerza mayor?

La fuerza mayor (art. 1105 CC) puede exonerar de responsabilidad si se acredita que el evento era imprevisible o inevitable y guarda relación causal con la imposibilidad de cumplir. Cada caso debe estudiarse a la luz de la prueba disponible.

¿Las arras tienen que firmarse ante notario?

No. El contrato de arras es válido aunque se firme en documento privado entre las partes. La intervención notarial es habitual para la posterior escritura de compraventa, pero no es requisito de validez de las arras conforme a los artículos 1278 y 1279 CC.

¿Tributan las arras?

El comprador no devenga ITP/IVA hasta la compraventa final; sí pueden surgir consecuencias fiscales en caso de pérdida o duplicación de la señal, especialmente en sede de IRPF para el vendedor (Consulta Vinculante DGT V0249-21 y posteriores). Conviene siempre asesorarse con un fiscalista antes de cerrar la operación.

Estudio personalizado de su caso en Alicante

Cada contrato de arras tiene matices: la redacción literal, la cuantía, los plazos y los actos posteriores condicionan completamente la reclamación. En Santamaría Baeza Abogados, despacho con sede en Alicante y dirigido por Vicente José Santamaría Baeza, analizamos su contrato, identificamos el tipo de arras pactadas, calculamos lo reclamable y diseñamos la estrategia procesal o negociada que mejor protege sus intereses.

📞 Llámenos al 654 581 493 o escríbanos a despachosbabogados@gmail.com. Estudiamos cada caso con detalle antes de proponer una vía de actuación, sin venderle expectativas que la jurisprudencia no respalda.

Información jurídica actualizada a mayo de 2026 conforme al Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la doctrina del Tribunal Supremo citada. No constituye asesoramiento jurídico individualizado.

Publicado en: Contratos y Obligaciones Civiles y Mercantiles, Derecho Civil, Derecho Inmobiliario Etiquetado como: arras penitenciales confirmatorias, contrato arras roto quien paga, incumplimiento contrato arras, reclamar arras alicante

Derogación del Real Decreto-ley 8/2026: ¿qué ocurre con la prórroga de los contratos de alquiler?

28 de abril de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 5 minutos

Por Vicente José Santamaría Baeza, letrado, col. nº 8.150 ICALI — Santamaría Baeza Abogados — Alicante, 28 de abril de 2026

La derogación del Real Decreto-ley 8/2026 sobre la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler abre un escenario de profunda incertidumbre jurídica para arrendadores e inquilinos. Hoy, 28 de abril de 2026, el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán (BOE núm. 71, de 21 de marzo de 2026). Los votos en contra de PP, Vox y Junts han sido suficientes para tumbar el texto, que queda derogado y sin efectos legislativos, con la abstención del PNV.

El real decreto estuvo formalmente vigente apenas 37 días. Y en ese mes escaso ha generado una cadena de consecuencias jurídicas sobre los contratos de alquiler cuya verdadera dimensión empezamos a vislumbrar precisamente ahora, tras su derogación.

Qué regulaba el Real Decreto-ley 8/2026 en materia de prórroga de alquileres

El Real Decreto-ley 8/2026 introducía dos medidas de gran calado sobre los contratos de alquiler de vivienda habitual:

  • Una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de vivienda habitual cuya finalización estuviera prevista antes del 31 de diciembre de 2027.
  • Una limitación a la actualización anual de la renta conforme al artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El cálculo manejado por el propio Gobierno hablaba de cerca de tres millones de contratos de alquiler potencialmente afectados por la prórroga extraordinaria. Tres millones de hogares, planificaciones patrimoniales y expectativas que, desde la derogación del real decreto, viven en un terreno de extraordinaria indefinición jurídica.

La gran pregunta tras la derogación: ¿qué ocurre con las prórrogas ya solicitadas?

Aquí es donde el Derecho deja de ofrecer respuestas unívocas. Durante las últimas semanas, miles de arrendatarios remitieron burofax solicitando acogerse a la prórroga del contrato de alquiler prevista en el real decreto. La cuestión de si esas solicitudes producen efectos tras la derogación es, hoy mismo, objeto de interpretaciones radicalmente divergentes entre despachos, asociaciones y operadores del sector inmobiliario.

A día de hoy conviven, al menos, cuatro tesis sobre los efectos de la derogación del real decreto en las prórrogas solicitadas:

Tesis 1 — La consolidación del derecho ejercitado

Defendida por sindicatos de inquilinos y diversos despachos, sostiene que el derecho a la prórroga del contrato de alquiler nació plenamente con la entrada en vigor del real decreto y que, una vez ejercitado mediante solicitud fehaciente durante el período de vigencia, queda consolidado e inmune a la posterior derogación.

Tesis 2 — La vigencia de la norma al momento del vencimiento

Sostenida por otros juristas de prestigio: si a la fecha de vencimiento del contrato la norma ya no está vigente, la prórroga no resulta aplicable, con independencia de cuándo se invocara. Lo determinante no es la fecha de la solicitud, sino el marco normativo aplicable al momento del cese del contrato de alquiler.

Tesis 3 — La eficacia limitada al período de vigencia

Una posición intermedia que considera que solo se beneficiarán de la prórroga aquellos contratos de alquiler cuyo vencimiento efectivo se haya producido entre el 22 de marzo y la fecha de publicación de la derogación en el BOE.

Tesis 4 — La distinción entre acto consumado y mera expectativa

Apoyada en doctrina constitucional sobre los efectos de la no convalidación de los reales decretos-ley, distingue entre prórrogas que ya estaban materialmente desplegándose —actos consumados— y solicitudes pendientes de surtir efecto —meras expectativas—.

Cada una de estas posiciones se sustenta en argumentos serios: el artículo 86.2 CE sobre la provisionalidad del real decreto-ley, la doctrina del Tribunal Constitucional desde la STC 111/1983, el artículo 9.3 CE sobre irretroactividad y la propia letra del Real Decreto-ley 8/2026. Y todas ellas tendrán defensores en los tribunales en los próximos meses.

Excepciones a la prórroga del contrato de alquiler: un terreno igualmente conflictivo

A esta complejidad se suma que, incluso bajo la vigencia del real decreto, la prórroga del contrato de alquiler no era ilimitada. La norma contemplaba supuestos tasados de exclusión:

  • La necesidad de ocupación por el arrendador o un familiar de primer grado conforme al artículo 9.3 LAU, siempre que la comunicación se hubiera efectuado en plazo.
  • El acuerdo entre las partes para nuevo contrato de alquiler con renta inferior.
  • La incompatibilidad con la prórroga de zona tensionada del artículo 10.3 LAU.

Cada uno de estos supuestos exige un análisis individualizado del contrato de alquiler, de las comunicaciones previas y de la condición jurídica del arrendador.

El escenario tras la derogación: litigiosidad y doctrina por construir

Lo único razonablemente seguro tras la derogación del Real Decreto-ley 8/2026 es que los próximos meses van a generar una intensa litigiosidad en los Tribunales de Instancia: procedimientos de desahucio por expiración del plazo, oposiciones invocando la prórroga, demandas declarativas sobre la vigencia del contrato de alquiler y, eventualmente, recursos que escalarán hasta el Tribunal Supremo en busca de la doctrina unificadora que hoy no existe.

Hasta que esa doctrina se consolide —proceso que, realísticamente, puede tardar entre dieciocho meses y tres años— la suerte de cada contrato de alquiler dependerá de la fortaleza técnica con la que se sostengan las posiciones desde el primer momento: la calificación jurídica correcta, la prueba documental adecuada, los plazos procesales y la estrategia desplegada en cada caso concreto.

Recomendaciones prácticas tras la derogación del real decreto

Si es usted arrendador

Conviene revisar urgentemente:

  • La fecha de vencimiento real de cada uno de sus contratos de alquiler.
  • Las comunicaciones de no renovación que pudiera haber remitido en los últimos meses.
  • Las solicitudes de prórroga que haya podido recibir al amparo del real decreto ya derogado.
  • Su condición de gran tenedor o no a efectos de la limitación de actualización de renta.

Si es usted arrendatario

Conviene verificar:

  • Si el contrato de alquiler está sujeto a la LAU.
  • La fecha exacta del vencimiento.
  • Si la solicitud de prórroga se realizó dentro del período de vigencia del real decreto y de forma fehaciente.
  • Si concurre algún supuesto de exclusión que pueda invocar el arrendador.

En ambos casos, actuar antes de recibir un requerimiento o una demanda multiplica las opciones de éxito. Reaccionar después, las reduce drásticamente.

Preguntas frecuentes sobre la derogación del Real Decreto-ley 8/2026

¿Desde cuándo deja de ser aplicable la prórroga del Real Decreto-ley 8/2026?

Desde la publicación en el BOE de la resolución del Congreso por la que se rechaza la convalidación. La fecha exacta de derogación queda fijada por esa publicación oficial.

¿He enviado un burofax solicitando la prórroga; me protege todavía?

No hay respuesta unánime. Existen al menos cuatro tesis jurídicas sobre el efecto de la solicitud previa a la derogación. Es imprescindible un análisis individualizado del caso, de la fecha de vencimiento del contrato y del contenido del burofax remitido.

¿Puede el arrendador iniciar ahora un desahucio por expiración del plazo?

Si el plazo contractual ha vencido y ya no rige la prórroga extraordinaria, el arrendador puede plantear el desahucio. Sin embargo, el inquilino dispone de varias vías de oposición que deben analizarse caso por caso.

¿La limitación a la actualización de renta del IPC sigue vigente?

La limitación incorporada en el Real Decreto-ley 8/2026 decae con la derogación. Sin embargo, otras limitaciones derivadas de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, en zonas tensionadas y para grandes tenedores, no se ven afectadas y siguen aplicándose.

¿Cuánto tiempo tardará en haber jurisprudencia clara?

Realísticamente, entre dieciocho meses y tres años hasta que el Tribunal Supremo unifique doctrina. Mientras tanto, cada Juzgado de Primera Instancia resolverá según su propio criterio.

Cómo le ayudamos en Santamaría Baeza Abogados

En Santamaría Baeza Abogados, despacho de abogados en Alicante, llevamos semanas analizando los efectos de la derogación del real decreto sobre la prórroga de los contratos de alquiler. Estudiamos cada caso desde la documentación contractual concreta y las comunicaciones cruzadas entre las partes, para definir la mejor estrategia jurídica posible —ya sea preventiva o, en su caso, contenciosa— en función de la posición de cada cliente.

Nuestro despacho asesora tanto a arrendadores (gran tenedor o pequeño propietario) como a arrendatarios, en materia de contratos y obligaciones civiles y de actualidad jurídica y cambios legislativos. Si su contrato de alquiler se ve afectado por la derogación del Real Decreto-ley 8/2026, no espere a recibir una notificación judicial. Una consulta a tiempo puede evitar un procedimiento posterior.

📍 Avda. Aguilera 39, Entresuelo B – 03007 Alicante
📞 654 581 493
✉️ administracion@santamariaabogados.es
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Vicente José Santamaría Baeza — Letrado, col. nº 8.150 ICALI — Santamaría Baeza Abogados.

Publicado en: Actualidad Jurídica y Cambios Legislativos, Contratos y Obligaciones Civiles y Mercantiles Etiquetado como: Abogado Alicante, Arrendamientos urbanos, Contratos de alquiler, Derogación normativa, LAU, Prórroga alquiler, Real Decreto 8/2026, Vivienda

Dación en Pago y Obligaciones Previas: El Supremo Clarifica Quién Paga la «Factura Oculta»

26 de octubre de 2025 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 4 minutos

En el dinámico sector inmobiliario, la dación en pago es una figura habitual para la extinción de deudas. Sin embargo, una pregunta clave genera constante debate: ¿el acreedor que adquiere un inmueble mediante dación en pago asume automáticamente las obligaciones contractuales que el deudor anterior tenía con terceros respecto a ese inmueble?

La Sentencia del Tribunal Supremo 3886/2025, de 15 de septiembre, arroja luz definitiva sobre esta cuestión, reafirmando el principio de relatividad de los contratos y estableciendo un criterio claro que aporta una notable seguridad jurídica a las entidades financieras y adquirentes de activos.

El Origen del Conflicto: Un Contrato de Compraventa con Precio Condicionado

Para entender el alcance de la sentencia, es fundamental desgranar los hechos que motivaron el litigio:

  1. El Contrato Original (2006): La mercantil Construcciones Capiscol Burgos S.L. (la vendedora original) vendió dos fincas a Edificaciones Sociales de Burgos S.A. (Esbusa). El precio se fijó en 1.863.137,52 €.
  2. La Cláusula Clave (Estipulación Cuarta): El contrato incluía una estipulación crucial: el precio se había calculado sobre la base de un coeficiente de edificabilidad de 1 m²/m². Las partes acordaron expresamente que si, por cualquier circunstancia, la licencia de construcción definitiva permitía una edificabilidad superior (hasta 1,4615 m²/m²), Esbusa estaría obligada a pagar un incremento de precio de hasta 429.919 € más IVA, o la parte proporcional. Era una obligación de pago futura, personal y sujeta a una condición.
  3. La Dación en Pago (2010): Años más tarde, Esbusa enfrentó dificultades financieras y acumuló una deuda con el Banco Santander. Para saldarla, Esbusa transmitió al banco, mediante escritura de dación en pago, la propiedad de varias fincas, incluidas las dos que había comprado a Capiscol.
  4. La Transmisión a la Filial (2012): Posteriormente, Banco Santander aportó dichas fincas a su filial inmobiliaria, Altamira Santander Real Estate S.A. (la demandada final).
  5. El Cumplimiento de la Condición (2015): Finalmente, Altamira obtuvo la licencia de obras con un coeficiente de edificabilidad que resultó ser superior al previsto en el contrato original de 2006. Esto activó la condición para el pago del precio adicional.

Ante esta situación, y dado que Esbusa se encontraba en concurso de acreedores, Capiscol demandó a Altamira, reclamando el pago de 1.111.454,73 €, argumentando que, al adquirir las fincas, Banco Santander (y por ende, su sucesora Altamira) se había subrogado en la obligación de pago que originalmente correspondía a Esbusa.

El Razonamiento del Tribunal Supremo: Tres Pilares Fundamentales

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de Capiscol y confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial, que absolvía a Altamira. Su razonamiento se basa en una interpretación rigurosa de la naturaleza de los negocios jurídicos celebrados:

1. La Dación en Pago es un Negocio Solutorio, no una Subrogación Universal: El Alto Tribunal subraya que la dación en pago de 2010 tuvo como única finalidad extinguir la deuda que Esbusa mantenía con el Banco Santander. Es un negocio que pone fin a una obligación concreta, pero no implica una novación subjetiva ni una asunción universal de todas las obligaciones que el deudor (Esbusa) pudiera tener con terceros derivadas de contratos anteriores. La dación afectó únicamente a la relación jurídica entre Esbusa y el Banco.

2. La Novación Subjetiva Exige Consentimiento Expreso: Para que el Banco Santander hubiera asumido la obligación de pagar el precio adicional, habría sido necesario su consentimiento expreso e inequívoco. El mero conocimiento de la existencia de la «Estipulación Cuarta» en el contrato de 2006 (conocimiento que el banco tenía, pues intervino en la subrogación hipotecaria inicial) no equivale a la aceptación de dicha obligación. De hecho, la escritura de dación en pago contenía cláusulas que explícitamente liberaban al banco de responsabilidades frente a terceros por contratos previos de Esbusa.

3. Distinción Crucial: Obligación Personal vs. Carga Real: Esta es la clave de la sentencia. La obligación de pagar un precio adicional era un compromiso personal entre Capiscol y Esbusa. No se constituyó como una carga real (como una hipoteca o una condición resolutoria inscrita en el Registro de la Propiedad) que «persiguiera» a la finca con independencia de quién fuera su titular. Al ser una obligación meramente personal, no se transmitió automáticamente con la propiedad del inmueble.

Implicaciones Prácticas para el Sector Inmobiliario

Esta sentencia tiene consecuencias muy relevantes:

  • Para Acreedores (Bancos, Fondos): Aporta una gran seguridad jurídica. Al adquirir un activo vía dación en pago, no asumen de forma automática obligaciones personales «ocultas» del deudor anterior. No obstante, refuerza la importancia de una due diligence exhaustiva y de redactar cláusulas de exoneración de responsabilidad en las escrituras de dación, como hizo el Banco Santander en este caso.
  • Para Vendedores y Promotores: Es una llamada de atención. Si se pactan obligaciones de pago futuro o condicionado, no se puede confiar en que estas se transmitirán con la finca. Es fundamental garantizar adecuadamente su cumplimiento mediante figuras como la condición resolutoria explícita inscrita, avales bancarios u otras garantías reales que sí afecten a terceros adquirentes.
  • Para la Due Diligence: Subraya la necesidad de diferenciar claramente entre las cargas que figuran en el Registro de la Propiedad (oponibles erga omnes) y las obligaciones que residen en los contratos privados, que solo vinculan a las partes firmantes.

En definitiva, el Tribunal Supremo refuerza el principio de relatividad contractual y protege a los adquirentes de buena fe. La «factura» de un contrato anterior no pasa al nuevo propietario, a menos que este consienta expresamente en pagarla.

Publicado en: Contratos y Obligaciones Civiles y Mercantiles Etiquetado como: Abogado, Alicante, Inmobiliario

Las cláusulas limitativas en los contratos de seguros

23 de abril de 2023 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 2 minutos

Contrato de seguros

Papeles y café

 

Las cláusulas limitativas son una parte importante de los contratos de seguros y pueden tener un impacto significativo en los asegurados. Estas cláusulas restringen la cobertura de una póliza de seguros, limitando las situaciones en las que el asegurador está obligado a pagar una reclamación. Sin embargo, la Ley de Contrato de Seguro (LCS) establece ciertas limitaciones sobre las cláusulas limitativas en los contratos de seguros.

En concreto, el artículo 3 de la LCS establece que las cláusulas limitativas deben ser destacadas de manera especial y aceptadas expresamente por escrito por el asegurado. Esto significa que el asegurador debe informar claramente al asegurado sobre la existencia de las cláusulas limitativas y sobre cómo afectan a la cobertura de la póliza. Además, el asegurado debe aceptar expresamente por escrito estas cláusulas limitativas para que sean vinculantes.

El objetivo de esta disposición es proteger a los asegurados de cláusulas limitativas que puedan ser abusivas o que no estén claramente explicadas. Al exigir que las cláusulas limitativas sean destacadas y aceptadas expresamente por escrito, la LCS busca garantizar que los asegurados estén plenamente informados sobre las restricciones de cobertura de su póliza.

Es importante tener en cuenta que el artículo 3 de la LCS solo se aplica a las cláusulas limitativas. Otras cláusulas del contrato de seguros, como las cláusulas de exclusión, no están sujetas a los mismos requisitos. Sin embargo, los asegurados aún deben leer cuidadosamente todas las cláusulas del contrato de seguros y entender exactamente lo que cubre y lo que no cubre la póliza.

En conclusión, el artículo 3 de la LCS establece ciertas limitaciones sobre las cláusulas limitativas en los contratos de seguros en España. Las cláusulas limitativas deben ser destacadas y aceptadas expresamente por escrito por el asegurado para ser vinculantes. Al exigir que las cláusulas limitativas sean claramente explicadas y aceptadas por el asegurado, la LCS busca proteger a los asegurados de cláusulas limitativas abusivas o poco claras.

Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Publicado en: Contratos y Obligaciones Civiles y Mercantiles Etiquetado como: Asesoramiento Judicial, Servicios

Abogado especialista en reclamación de impagos en Elche Alicante

27 de febrero de 2020 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 3 minutos

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Si buscas  abogado especialista en reclamación de impagos en Elche Alicantete diremos que en los últimos tiempos la gestión de la morosidad se ha convertido en una de las “luchas” diarias de las empresas.

Resulta fundamental tener en cuenta algunos consejos para intentar evitarla, en la medida de lo posible, o al menos situarse en una situación favorable en caso de tener finalmente que acudir a una, en ocasiones, inevitable reclamación judicial.

Tanto al inicio como a lo largo de la relación comercial es de vital importancia documentar por escrito los derechos y obligaciones de las partes para evitar futuros malentendidos, por medio del correspondiente contrato o, si ello no fuese posible, al menos con un presupuesto, nota de encargo, fax de aceptación de pedido u oferta, un intercambio de correos electrónicos, etc, tratando siempre de evitar la contratación verbal, que ocasiona un evidente problema de prueba.

En el caso de conceder un aplazamiento en el pago, resulta conveniente exigir al menos la entrega de un pagaré por el importe aplazado, pues ello no solamente nos permitirá acudir al descuento bancario sino que nos dotará de un título que podremos reclamar con carácter ejecutivo ante los tribunales en caso de incumplimiento del pago mediante un Juicio Cambiario. Contáctanos si usted busca contratar un abogado especialista en reclamación de impagos en Elche Alicante: aquí

Llegados al punto en el que el impago se ha producido, se debe actuar con la mayor celeridad posible para tratar de asegurar el cobro antes de que otros acreedores se coloquen en situación de preferencia o incluso de que el deudor sea declarado en concurso.

Lo recomendable sería contactar con abogado especialista en reclamación de impagos en Elche Alicantey  efectuar en primer lugar una reclamación extrajudicial por escrito, preferiblemente mediante burofax por su carácter fehaciente, y tratar de obtener, si ello fuese posible, un reconocimiento de deuda por parte del deudor (mucho mejor si es en documento público, pues ello nos permitirá en caso de incumplimiento acudir a un procedimiento judicial directamente ejecutivo).

En caso de no conseguirse el cobro por la vía amistosa, el acreedor se vería abocado a un procedimiento judicial, existiendo diferentes tipos en función, básicamente, de la documentación soporte justificativa de la deuda.

Así, en caso de deudas documentadas en un título-valor (cheque, pagaré, letra de cambio), puede iniciarse el antes mencionado Juicio Cambiario, en el que ya con la mera admisión a trámite de la demanda el Juzgado acuerda el embargo preventivo de bienes del deudor.

Si éste no se opone a la demanda, se podrá iniciar la ejecución y los embargos se transformarán en ejecutivos, accediendo así a la vía de apremio para realizar los bienes (mediante subasta, etc) y cobrar la cantidad reclamada, más intereses y costas. Si el deudor se opusiese (por motivos bastante limitados recogidos en la Ley Cambiaria y del Cheque) se convocará una vista de Juicio Verbal en la que el acreedor contestará a la demanda de oposición.Busca abogado especialista en reclamación de impagos en Elche Alicante.

Si la deuda está vencida y es exigible, y se encuentra acreditada mediante documentos firmados, sellados o de otro modo identificados como provenientes del deudor, o bien mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones o cualesquiera otros documentos que habitualmente documenten deudas, aunque se hayan creado unilateralmente por el acreedor, puede acudirse al Procedimiento Monitorio, que puede iniciar directamente el acreedor sin necesidad abogado ni de procurador – lo que abarata considerablemente el procedimiento – mediante una solicitud acompañando los documentos que acrediten la deuda.

Si no paga ni comparece, se podrá iniciar la vía ejecutiva con una mera solicitud, y requerir inmediatamente el embargo de bienes del deudor. De oponerse, el proceso continuará como proceso declarativo (juicio verbal u ordinario).

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Si el deudor se encuentra domiciliado en otro Estado Miembro de la UE, puede reclamarse la deuda mediante un Procedimiento Monitorio Europeo regulado específicamente en el Reglamento 1896/2006, de 12 de diciembre, muy sencillo y basado en formularios normalizados.

En defecto de los procedimientos anteriores, habrá de acudirse a un procedimiento declarativo (verbal u ordinario, en función de si la cuantía reclamada es inferior o superior a 6.000€), cuyos trámites son más largos (en especial el ordinario, que incluye la celebración de dos vistas) hasta dictarse Sentencia, que es provisionalmente ejecutable a pesar de haberse recurrido.

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Publicado en: Contratos y Obligaciones Civiles y Mercantiles Etiquetado como: Asesoramiento Judicial, Servicios

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