Mediante el Real Decreto Ley 1/2024 de 14 de mayo, por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, que ha entrado en vigor el 15 de mayo de 2024, se ha extendido hasta mayo de 2028 dicha moratoria prevista en la Ley 1/2013. Para más información sobre cómo esta prórroga puede afectar a su situación particular, le recomendamos consultar con un abogado especializado inmobiliario en Alicante.
Características de la medida
Esta medida, de carácter excepcional y temporal, busca proteger a los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad. Desde su implementación inicial, ha sido prorrogada y en ocasiones ampliada en cuanto a su ámbito de aplicación mediante sucesivas normas. La moratoria tiene un impacto significativo en la protección de los derechos de los deudores hipotecarios, permitiéndoles permanecer en sus viviendas habituales pese a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria.
Afectación al mercado hipotecario
La prórroga de esta medida hasta 2028 tiene implicaciones notables para el mercado hipotecario. Los prestamistas y entidades financieras se enfrentan a un aumento en los riesgos asociados con los préstamos hipotecarios. La imposibilidad de ejecutar lanzamientos durante un periodo prolongado puede llevar a un encarecimiento de los préstamos hipotecarios. Las entidades financieras, al prever un mayor riesgo de morosidad y una menor capacidad de recuperación de los activos, probablemente ajustarán sus políticas de préstamo. Este ajuste puede resultar en condiciones más estrictas y en un incremento de los tipos de interés para nuevos solicitantes de hipotecas.
Contexto actual y normativa vigente
En la actualidad, tal y como informamos en nuestra Newsletter de Financiación y Reestructuraciones de mayo de 2020 (con ocasión de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2020), la medida afecta a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria, en el que el acreedor o cualquier otra persona física o jurídica, se hubiera adjudicado la vivienda habitual de personas en dichos supuestos de vulnerabilidad y que cumplan con los requisitos económicos que se exigen en la Ley 1/2013.
En consecuencia, en todos los supuestos de adjudicación de vivienda habitual de deudores amparados por la Ley 1/2013, no será posible proceder al lanzamiento mientras esté en vigor la moratoria. Solo una vez que se alce la suspensión será posible proceder al lanzamiento conforme a lo dispuesto en los artículos 675 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Implicaciones para los propietarios y arrendadores
Para los propietarios y arrendadores, la prolongación de la moratoria puede representar desafíos adicionales. Los propietarios que se vean impedidos de recuperar sus propiedades podrán experimentar una pérdida económica significativa, especialmente si dependen de los ingresos por alquiler de dichos inmuebles. Esta situación puede llevar a una reducción en la oferta de viviendas en alquiler y a una presión al alza sobre los precios de alquiler.
Recomendaciones legales
Dada la complejidad y el impacto de estas medidas, es fundamental que los afectados busquen asesoramiento legal especializado. Un abogado especializado inmobiliario en Alicante puede proporcionar orientación detallada y asistencia en la gestión de estas situaciones. Los expertos legales pueden ayudar a comprender los derechos y opciones disponibles, así como a navegar por los procedimientos legales pertinentes.
Conclusión
La extensión de la moratoria de lanzamientos de deudores hipotecarios vulnerables hasta 2028 representa un esfuerzo significativo por parte del Gobierno para proteger a los colectivos más desfavorecidos. No obstante, también plantea retos importantes para el mercado hipotecario y los propietarios. La búsqueda de un equilibrio entre la protección de los deudores y la estabilidad del mercado hipotecario será crucial en los próximos años. Para aquellos que necesiten orientación sobre cómo esta medida les afecta, es recomendable contactar con un abogado especializado inmobiliario en Alicante.
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