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Indemnización por Ayuda de Tercera Persona: Confusa e Insuficiente

17 de septiembre de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 3 minutos
Indemnización por ayuda de Tercera persona

 

Indemnización por Ayuda de Tercera Persona

La indemnización por ayuda de tercera persona es un componente crítico en las reclamaciones por accidentes de tráfico en Alicante y en toda España. Sin embargo, este aspecto del baremo indemnizatorio es a menudo confuso y no cubre adecuadamente las necesidades reales de las víctimas que han perdido autonomía personal debido a lesiones graves.

¿Qué es la Ayuda de Tercera Persona?

Según el baremo legal, la ayuda de tercera persona se refiere al valor económico de las prestaciones no sanitarias que necesita el lesionado cuando resulta con secuelas que implican una pérdida de autonomía personal. Esto incluye asistencia en actividades diarias como vestirse, alimentarse, asearse y desplazarse.

Problemas con la Indemnización Actual

Existen varios problemas significativos con cómo se aborda actualmente esta indemnización:

  1. Cuantías Insuficientes: Las cantidades establecidas son notablemente bajas. Por ejemplo, el baremo calcula un importe aproximado de 6,56 euros por hora de ayuda, una cifra que no refleja el costo real de contratar a un profesional cualificado para proporcionar esta asistencia.
  2. Dependencia de Ayudas Públicas: El sistema asume que las víctimas recibirán ayudas públicas adicionales, lo cual no siempre ocurre. Esto deja a muchas personas sin el apoyo financiero necesario para cubrir sus necesidades básicas.
  3. Desigualdad para Trabajadores Autónomos: Las tablas indemnizatorias están diseñadas pensando en trabajadores por cuenta ajena, dejando en desventaja a los trabajadores autónomos que no tienen acceso a las mismas prestaciones sociales y ayudas.
  4. Falta de Actualización: El baremo no contempla el aumento de las necesidades de ayuda a medida que avanza la edad de la víctima, ni considera los avances médicos que permiten una mayor esperanza de vida.

La Necesidad de una Reforma

La Asociación DIA de Víctimas de Accidentes y otros colectivos han señalado la urgencia de modificar el baremo para que cumpla su función de reparación íntegra. Se propone que:

  • Las aseguradoras asuman por completo la compensación por ayuda de tercera persona, sin depender de ayudas públicas.
  • Se ajusten las cuantías indemnizatorias para reflejar los costos reales de la asistencia necesaria.
  • Se reconozcan las necesidades cambiantes de las víctimas a lo largo del tiempo.

Cómo Puede Ayudarte un Abogado Especializado en Alicante

Si has sufrido un accidente de tráfico y necesitas reclamar una indemnización por ayuda de tercera persona, es fundamental contar con un abogado especializado en accidentes de tráfico en Alicante. Un profesional experto puede:

  • Evaluar tu Caso: Analizar detalladamente tus necesidades y calcular la indemnización que realmente te corresponde.
  • Elaborar Informes Periciales: Presentar informes técnicos que respalden tu reclamación y evidencien las insuficiencias del baremo actual.
  • Negociar con Aseguradoras: Defender tus derechos frente a las compañías de seguros que suelen ofrecer indemnizaciones menores a las debidas.
  • Representación Legal: Llevar tu caso ante los tribunales si es necesario para asegurar que recibas una compensación justa.

Conclusión

La indemnización por ayuda de tercera persona es esencial para garantizar una vida digna a quienes han perdido su autonomía debido a un accidente de tráfico. Sin embargo, las deficiencias actuales en el sistema hacen que muchas víctimas no reciban el apoyo necesario. Es crucial que busques asesoramiento legal especializado para navegar este complejo proceso y asegurar que tus derechos sean plenamente reconocidos.

Contacta con un abogado en Alicante especializado en accidentes de tráfico para obtener la asistencia que necesitas y mereces.

 

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Estamos en Avda. Aguilera 39 Ent B de Alicante

Publicado en: Indemnizaciones Etiquetado como: Asesoramiento Jurídico Laboral, Indemnizaciones

Silencio administrativo de la Seguridad Social: qué significa y cómo actuar

31 de agosto de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 5 minutos

Respuesta rápida: Si la Seguridad Social no resuelve a tiempo una solicitud de prestación, esta se entiende denegada por silencio administrativo (art. 129.3 de la Ley General de la Seguridad Social). El plazo depende del trámite: 90 días para la jubilación, 135 para la incapacidad permanente y tres meses si la norma no fija otro. Desde entonces hay 30 días para presentar reclamación previa ante la entidad gestora; si no contesta en 45 días, quedan 30 días para demandar ante el Juzgado de lo Social (art. 71 LRJS).

¿Qué es el silencio administrativo en la Seguridad Social?

El silencio administrativo es una figura jurídica que se produce cuando una Administración Pública, en este caso la Seguridad Social, no responde dentro del plazo legal a una solicitud presentada por un ciudadano.
En el ámbito laboral y de prestaciones, esta situación es más habitual de lo que parece, especialmente en trámites como pensiones, incapacidades o devoluciones de ingresos indebidos.

Cuando una persona presenta una solicitud ante la Seguridad Social —por ejemplo, una pensión de incapacidad permanente, una prestación por nacimiento y cuidado de menor o una reclamación económica—, la Administración dispone de un plazo legal para resolver y notificar su decisión.
Si transcurre ese tiempo sin recibir respuesta, se entiende que ha actuado el llamado silencio administrativo.

Tipos de silencio administrativo

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común establece dos tipos:

Silencio administrativo positivo

El silencio tiene efectos favorables para el ciudadano. Significa que la solicitud se entiende estimada y puede exigirse el cumplimiento del derecho reconocido, aunque no exista resolución escrita.
No obstante, en la Seguridad Social este efecto solo se aplica en procedimientos tasados: inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores, y convenios especiales (art. 129.3 LGSS). Las devoluciones de ingresos indebidos no están entre ellos: si la Tesorería no resuelve en seis meses desde que se completa la documentación, la solicitud puede entenderse desestimada.

Silencio administrativo negativo

El silencio tiene efectos desestimatorios, es decir, se entiende que la solicitud ha sido rechazada por la Administración.
Este es el tipo más común en los procedimientos de la Seguridad Social, especialmente en materia de pensiones, incapacidad o subsidios.
El ciudadano no pierde su derecho, pero deberá interponer un recurso o demanda judicial para que se revise la denegación presunta.

¿Cuánto tarda la Seguridad Social en contestar?

El plazo para resolver depende del procedimiento: 90 días para la jubilación y las pensiones de muerte y supervivencia, 135 días para la incapacidad permanente (Real Decreto 286/2003) y tres meses cuando la norma no fija otro (art. 21.3 de la Ley 39/2015), contados desde la entrada de la solicitud en el registro.
Si pasado ese tiempo no se recibe comunicación oficial, se entiende que opera el silencio administrativo negativo, salvo que la norma indique lo contrario.

En el caso de las prestaciones por incapacidad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene la obligación de dictar resolución expresa, pero en la práctica, muchos procedimientos se alargan más de lo previsto.
Cuando esto ocurre, el interesado no puede acudir directamente al juzgado: primero debe presentar una reclamación previa ante la entidad gestora, que es requisito para poder demandar después ante el Juzgado de lo Social (art. 71 de la Ley 36/2011).

¿Qué plazos se aplican si la Seguridad Social no contesta?

Trámite Plazo Norma
Resolver la jubilación o las pensiones de muerte y supervivencia 90 días Real Decreto 286/2003, anexo
Resolver la incapacidad permanente o su revisión 135 días Real Decreto 286/2003, anexo
Resolver cuando la norma no fija plazo 3 meses desde la entrada de la solicitud en el registro Art. 21.3 Ley 39/2015
Presentar la reclamación previa 30 días desde la notificación o desde que se produce el silencio Art. 71.2 Ley 36/2011 (LRJS)
Contestar a la reclamación previa 45 días; si no hay respuesta, se entiende denegada Art. 71.5 LRJS
Presentar la demanda ante el Juzgado de lo Social 30 días desde la denegación expresa o por silencio Art. 71.6 LRJS

¿Qué hacer si la Seguridad Social no contesta?

Ante la falta de respuesta, lo recomendable es:

  1. Comprobar el estado del expediente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o del INSS.

  2. Si ha vencido el plazo para resolver, presentar una reclamación previa ante la entidad gestora que debía resolver (INSS, ISM o SEPE) en los 30 días siguientes a la fecha en que se entiende producido el silencio, indicando que ha transcurrido el plazo sin resolución.

  3. En caso de silencio negativo, interponer demanda ante el juzgado competente.

Desde Santamaría Baeza Abogados, especializados en Derecho Laboral y procedimientos contra la Administración, analizamos cada caso, comprobamos los plazos y presentamos las reclamaciones necesarias para que tus derechos sean reconocidos.

Ejemplos comunes de silencio administrativo

  • Solicitud de incapacidad permanente sin respuesta tras tres meses.

  • Reclamaciones de prestaciones denegadas verbalmente sin notificación.

  • Revisiones de grado de incapacidad no resueltas dentro del plazo.

  • Peticiones de devolución de cuotas o pagos indebidos.

Conclusión

El silencio administrativo no significa que pierdas tu derecho, pero exige actuar con rapidez y conocimiento legal.
Contar con el apoyo de un abogado especialista en Seguridad Social puede marcar la diferencia entre un procedimiento bloqueado y una resolución favorable.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tiene la Seguridad Social para responder a la reclamación previa?

45 días. Si no contesta en ese plazo, la reclamación se entiende denegada por silencio y, desde ese día, usted dispone de 30 días para presentar la demanda ante el Juzgado de lo Social. En la impugnación de altas médicas que exige reclamación previa los plazos son más cortos: 11 días para reclamar, 7 para que la entidad conteste y 20 para demandar (art. 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social).

¿Cómo puedo demostrar que se ha producido el silencio administrativo?

Con el justificante de entrada de su solicitud en el registro y el vencimiento del plazo para resolver. También puede pedir un certificado acreditativo del silencio, que la Administración debe expedir en 15 días desde que su petición tiene entrada (art. 24.4 de la Ley 39/2015). Guarde además el justificante o la copia sellada de la reclamación previa: es obligatorio acompañarlo a la demanda (art. 71.7 LRJS).

¿Qué ocurre si la Seguridad Social no contesta a mi solicitud?

Se produce lo que se conoce como silencio administrativo. En los procedimientos en materia de prestaciones de Seguridad Social el silencio tiene, con carácter general, efecto desestimatorio: su solicitud se entiende denegada, lo que le permite pasar a la siguiente fase sin quedar bloqueado indefinidamente.

¿Significa el silencio negativo que he perdido el derecho?

No. Es una ficción jurídica pensada precisamente para protegerle, no para perjudicarle. La Administración sigue obligada a dictar resolución expresa aunque haya transcurrido el plazo, y usted conserva íntegramente su derecho a que se examine el fondo del asunto.

¿Qué es la reclamación previa y por qué es obligatoria?

Es un escrito dirigido a la propia entidad gestora, ya sea el INSS, la TGSS o el ISM, en el que se pide que reconsidere su decisión. Constituye un presupuesto procesal: sin ella no puede presentarse demanda ante el Juzgado de lo Social, de modo que omitirla supone que la demanda sea inadmitida.

¿De cuánto tiempo dispongo para reaccionar?

Los plazos en esta materia son breves y varían según el tipo de prestación y según el momento exacto en que se entiende producido el silencio. Por esa razón conviene verificar las fechas concretas de su expediente cuanto antes: dejar pasar el plazo obliga a reiterar la reclamación y puede hacer perder efectos económicos con carácter retroactivo, aunque la vía no se cierra mientras el derecho no haya prescrito (art. 71.4 LRJS).

¿Puedo acudir directamente al juzgado sin reclamación previa?

Con carácter general no. La vía administrativa debe agotarse primero mediante la reclamación previa ante la entidad gestora, y solo después queda expedita la vía judicial ante el orden social.

¿Merece la pena reclamar cuando ha habido silencio?

En la práctica, una parte relevante de las denegaciones por silencio se corrige al plantear la reclamación previa debidamente fundamentada, porque el expediente vuelve a ser revisado con los argumentos y la documentación que se aporten.

¿Cómo podemos ayudarle?

Revisamos su expediente, calculamos los plazos aplicables a su caso concreto y preparamos la reclamación. En Santamaría Baeza Abogados puede consultarnos: 654 58 14 93 · vsantamaria-baeza@icali.es · Avda. Aguilera 39, Entresuelo B, 03007 Alicante.

Fuentes

  • Ley General de la Seguridad Social (art. 129) – BOE.
  • Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (arts. 21 y 24) – BOE.
  • Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (art. 71) – BOE.
  • Real Decreto 286/2003, plazos de resolución de prestaciones de Seguridad Social (anexo) – BOE.
  • Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (art. 45) – BOE.

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Los autónomos pueden exonerar deudas en segunda oportunidad sin cerrar sus negocios

29 de agosto de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Ley de Segunda Oportunidad

 

Muchos autónomos todavía desconocen que pueden mantener los principales activos de su negocio, aunque se acojan a la Ley de la Segunda Oportunidad y exoneren sus deudas.

 

Han pasado dos años desde que entró en vigor la reforma de la Ley Concursal, o Ley de Segunda Oportunidad, en el año 2022. Los cambios que introdujo han facilitado que los autónomos y pequeños negocios con dificultades o en estado de insolvencia puedan exonerar sus deudas.

Según datos del Colegio de Registradores, el primer trimestre del año concluyó con un aumento del 9,3% en el número de negocios que accedieron a un concurso de acreedores. Además, ocho de cada diez deudores concursados habrían sido personas físicas, siendo además los autónomos quienes encabezan el aumento de los concursos en el último año, según el Consejo General de Economistas, que lo cifró en un porcentaje muy superior.

Si bien las facilidades que proporciona la Ley de Segunda Oportunidad han contribuido a este aumento de los concursos de acreedores entre los trabajadores por cuenta propia, muchos autónomos aún desconocen que la posibilidad de exonerar una parte -o toda- de sus deudas sin tener que cerrar el negocio fue una de las principales novedades del nuevo mecanismo, como explicó a este medio Isabel Miranda, abogada mercantil experta en Derecho Concursal y socia en Miranda Santiago Legal Group.

Gracias a la flexibilidad de la nueva ley, los autónomos pueden continuar con su actividad después del procedimiento. “Esta es una de las novedades de este mecanismo legal”, permitiendo a los autónomos mantener sus activos esenciales” -como ejemplo, muebles, ordenadores, maquinaria, y vehículos y herramientas afectas a la actividad-.

La Ley de Segunda Oportunidad permite a los autónomos mantener los medios del negocio

Como explicó la abogada a este medio, “entrar en concurso no significa necesariamente que la persona física autónoma tenga que cesar en su actividad”. El nuevo mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad -Ley 16/2022- permite a los autónomos reestructurar o cancelar sus deudas, a través del procedimiento especial de microempresas, pero conservando los activos principales para poder continuar con el negocio.

Según la Agencia Tributaria, las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo una actividad empresarial o profesional, que hayan empleado en el año anterior una media de menos de diez trabajadores, y que tengan un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros -datos de las cuentas al cierre del ejercicio anterior a la presentación de solicitud-, podrán acogerse a este procedimiento.

En concreto, el autónomo no tiene por qué perder los bienes afectos a la actividad. Durante el procedimiento, no se tienen por qué liquidar estos bienes, sino otro tipo de bienes privados. Por ejemplo, un electricista que necesite una furgoneta o determinadas herramientas para llevar a cabo su trabajo no siempre va a tener que liquidar estos bienes si se encuentra en dificultades y tiene que declarar un concurso de acreedores.

Otros ejemplos de activos que pueden mantenerse son muebles, ordenadores, naves o, incluso, los contratos con los proveedores, según apuntó Miranda. “Los contratos de acuerdos con proveedores o con clientes, o los contratos de distribución, también pueden conservarse”. O, lo que es lo mismo, en estos casos los autónomos tendrían que liquidar sus bienes de uso y disfrute privado, llegado el caso de que sea necesario para hacer frente a sus deudas.

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Solicitud de aclaración o subsanación de sentencia laboral

23 de mayo de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 2 minutos

 

Qué es la solicitud de aclaración o subsanación de sentencia laboral

La solicitud de aclaración o subsanación de sentencia laboral permite a las partes pedir al juzgado que aclare o corrija errores materiales en una resolución judicial. Es un trámite sencillo pero esencial para garantizar que la sentencia se ejecute de forma correcta y sin interpretaciones erróneas.

Este procedimiento puede solicitarse tras dictarse una sentencia laboral, por ejemplo, en casos de despido, reclamaciones salariales o reconocimiento de derechos. Su finalidad no es modificar el sentido del fallo, sino rectificar datos incorrectos, omisiones o confusiones en el texto judicial.

Cuándo procede solicitar una aclaración o subsanación

La ley permite esta solicitud cuando existen:

  • Errores materiales evidentes, como cifras, nombres o fechas erróneas.

  • Omisiones de pronunciamientos relevantes que debían figurar en la sentencia.

  • Contradicciones internas que dificultan la comprensión del fallo.

No puede usarse para cambiar el contenido o la valoración del juez; para eso existe el recurso de suplicación u otros medios de impugnación.

Plazos y procedimiento

El plazo para presentar esta solicitud es de dos días hábiles desde la notificación.
Debe dirigirse al mismo juzgado que dictó la sentencia, explicando el error o punto dudoso y aportando, si es necesario, documentación que lo acredite.

El tribunal resolverá en un máximo de tres días hábiles, dictando una resolución aclaratoria o complementaria que se incorpora al fallo original.

Efectos y utilidad práctica

Este trámite no suspende la ejecución de la sentencia, salvo que el juez lo indique. Sin embargo, resulta muy útil para evitar recursos innecesarios y garantizar una correcta aplicación del fallo.

Desde Santamaría Baeza Abogados, especialistas en Derecho Laboral, revisamos cada resolución judicial para detectar errores u omisiones y gestionamos la aclaración o subsanación dentro de los plazos legales.

Ejemplo práctico

Una sentencia que fija una indemnización por despido pero omite la fecha desde la que se devengan los salarios de tramitación puede corregirse mediante una solicitud de aclaración. El juez añadirá ese dato sin alterar el contenido principal del fallo.

Conclusión

La aclaración o subsanación de una sentencia laboral es un instrumento eficaz para corregir errores y garantizar la seguridad jurídica. Actuar dentro del plazo legal y con asesoramiento especializado evita retrasos y facilita el cumplimiento correcto de la resolución.

Publicado en: Derecho Laboral Etiquetado como: Abogado, Abogado Alicante, Abogado Derecho Laboral, Asesoramiento Jurídico Laboral, Empresa Derecho Laboral

El embargo del salario y la pensión de alimentos: límites y prioridades legales

1 de mayo de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 5 minutos

Respuesta rápida: Por deudas ordinarias, el sueldo o la pensión neta que no supera el salario mínimo interprofesional (1.221 € al mes en 2026, Real Decreto 126/2026) es inembargable, y lo que excede se embarga por tramos del 30 % al 90 % (art. 607 LEC). Con una nómina neta de 1.500 € en un mes sin paga extra, la retención máxima es de 83,70 €. Si se ejecuta una pensión de alimentos, esa escala no se aplica: el tribunal fija la cantidad embargable (art. 608 LEC).

Qué es el embargo del salario y la pensión de alimentos

El embargo del salario y la pensión de alimentos es una medida legal que permite retener parte de los ingresos de una persona para satisfacer deudas reconocidas judicialmente o cumplir obligaciones familiares.
En muchos casos, este tipo de embargos se producen por impago de pensión alimenticia, deudas civiles, préstamos o incluso sanciones administrativas.

La ley establece que el salario, la pensión o los ingresos de cualquier naturaleza pueden ser embargados parcialmente, siempre respetando unos límites mínimos que garanticen la subsistencia del deudor. Sin embargo, cuando se trata de pensiones de alimentos, la prioridad de cobro cambia completamente.

¿Qué límites tiene el embargo del salario según la ley?

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula los límites de embargabilidad del salario:

  • El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es inembargable.

  • Sobre el exceso del SMI se aplican tramos progresivos (30 %, 50 %, 60 %, 75 % y 90 % según la cantidad).

  • Estas limitaciones pueden ampliarse si el deudor tiene cargas familiares.

Por tanto, en situaciones ordinarias, el juez solo puede ordenar el embargo de una parte proporcional del sueldo o pensión, nunca de la totalidad.

¿Cuánto se puede embargar de la nómina en 2026?

Parte del sueldo o pensión neta mensual Porcentaje embargable Retención máxima en ese tramo
Hasta 1.221 € (1 SMI) 0 % (inembargable) 0 €
De 1.221,01 a 2.442 € 30 % 366,30 €
De 2.442,01 a 3.663 € 50 % 610,50 €
De 3.663,01 a 4.884 € 60 % 732,60 €
De 4.884,01 a 6.105 € 75 % 915,75 €
Más de 6.105 € 90 % 90 % de lo que exceda
Deuda por pensión de alimentos No se aplica la escala (art. 608 LEC) La fija el tribunal

¿Por qué el embargo por pensión de alimentos es una excepción?

Cuando el embargo tiene como objetivo garantizar el pago de una pensión alimenticia, los límites anteriores no se aplican del mismo modo.
El artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite embargar incluso por encima del salario mínimo, si se trata de cubrir necesidades básicas de hijos o familiares dependientes.

Esto significa que la pensión alimenticia goza de una protección reforzada frente a los límites ordinarios de embargo, ya que se considera una obligación esencial derivada de la responsabilidad familiar.
El juez puede determinar el porcentaje concreto de embargo en función de la cuantía adeudada y la situación económica del obligado al pago.

¿Cómo se solicita y ejecuta el embargo?

Para reclamar judicialmente el pago de una pensión de alimentos impagada, el beneficiario debe presentar una demanda de ejecución de sentencia ante el juzgado que dictó la resolución original.
Una vez admitida, el tribunal requerirá al deudor el pago y, si no se produce, ordenará el embargo de nómina, pensión o cuentas bancarias.

Los empleadores o entidades pagadoras están obligados a cumplir la orden judicial y a retener las cantidades indicadas, remitiéndolas directamente al juzgado o al beneficiario.

Compatibilidad con otras deudas o embargos

Si existen varios embargos simultáneos, la ley no da al embargo por pensión de alimentos una preferencia automática sobre los demás, incluidos los de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
El orden de cobro depende de la fecha de cada embargo (art. 610 LEC), del derecho de prelación de Hacienda (art. 77 de la Ley General Tributaria) y de lo que resuelva el juzgado si hay conflicto, por lo que debe revisarse en cada caso.

Desde Santamaría Baeza Abogados, especialistas en Derecho de Familia y Derecho Laboral, asesoramos tanto a quienes necesitan reclamar el cumplimiento de la pensión de alimentos como a quienes buscan defender sus derechos ante un embargo desproporcionado.

Conclusión

El embargo del salario y la pensión de alimentos está sujeto a límites legales, pero también a excepciones que protegen el bienestar de los hijos y dependientes.
Actuar con asesoramiento jurídico profesional es clave para garantizar que el procedimiento se realice conforme a derecho y sin abusos.

Preguntas frecuentes

¿Me pueden embargar el sueldo por no pagar la pensión compensatoria?

Sí. Además, desde el 3 de abril de 2025 la Ley Orgánica 1/2025 permite que tampoco se aplique la escala del artículo 607 LEC cuando se ejecuta una pensión compensatoria, siempre que quien la reclama lo pida y acredite una necesidad económica que lo justifique. El tribunal pondera la situación económica de ambas partes y fija la cantidad que puede embargarse (art. 608 LEC).

¿Qué pasa si dejo de pagar la pensión de alimentos?

Además del embargo, dejar de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos una prestación fijada en convenio aprobado judicialmente o en resolución judicial a favor del cónyuge o de los hijos es delito de abandono de familia. Se castiga con prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, y la reparación incluye siempre el pago de lo adeudado (art. 227 del Código Penal).

¿Qué parte del salario es inembargable?

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara inembargable el salario que no exceda del Salario Mínimo Interprofesional. Como el SMI se actualiza cada año por real decreto, conviene comprobar la cuantía vigente en el momento de la traba para saber exactamente qué cantidad queda protegida.

¿Cuánto me pueden embargar sobre esa cantidad?

Sobre lo que exceda del SMI se aplica una escala progresiva por tramos: un 30 % para la cuantía adicional hasta el doble del SMI, un 50 % hasta el triple, un 60 % hasta el cuádruple, un 75 % hasta el quíntuplo y un 90 % para lo que supere esa última cifra. El cálculo se hace por tramos sucesivos, no aplicando un único porcentaje al total.

¿Por qué en las pensiones de alimentos no se respetan esos límites?

Porque el artículo 608 de la misma ley excluye expresamente su aplicación cuando lo que se ejecuta es una condena al pago de alimentos. En estos casos es el tribunal quien fija la cantidad embargable atendiendo a las circunstancias concretas, y puede superar los porcentajes anteriores. Es la diferencia que más sorprende a quien recibe la notificación.

¿Qué ocurre si tengo varios embargos a la vez?

Los límites de inembargabilidad operan sobre el conjunto de la retribución, no de forma independiente por cada procedimiento. El orden de prelación entre los distintos embargos y su concurrencia deben examinarse en cada caso, porque de ello depende cuánto percibe efectivamente cada acreedor.

¿Pueden embargarme la cuenta donde cobro la nómina?

Sí se puede embargar el saldo de una cuenta, pero las cantidades identificables como salario conservan la protección de los límites legales. Si el embargo de la cuenta ha alcanzado importes que provenían de la nómina y estaban protegidos, debe denunciarse ante el juzgado para que se corrija.

¿Qué hago si me han embargado por encima del límite?

El artículo 609 establece que el embargo de bienes o cantidades declarados inembargables es nulo de pleno derecho. Puede solicitarse el levantamiento parcial de la traba y la devolución de lo indebidamente retenido, pero conviene reaccionar con rapidez y por escrito ante el propio juzgado que acordó el embargo.

¿Cómo podemos ayudarle?

Revisamos el cálculo aplicado, comprobamos si se han respetado los límites y presentamos el escrito de oposición cuando procede. En Santamaría Baeza Abogados puede consultarnos: 654 58 14 93 · administracion@santamariaabogados.es · Avda. Aguilera 39, Entresuelo B, 03007 Alicante.

Fuentes

  • Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 607 a 610) – BOE.
  • Real Decreto 126/2026, salario mínimo interprofesional para 2026 (art. 1) – BOE.
  • Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia (art. 22.48, reforma del art. 608 LEC) – BOE.
  • Código Penal (art. 227) – BOE.
  • Ley General Tributaria (art. 77) – BOE.

Publicado en: Derecho Laboral Etiquetado como: Abogado, Abogado Alicante, Asesoramiento Jurídico Laboral, Empresa Derecho Laboral, Sanciones

Indemnización por despido en Alicante: cómo se calcula paso a paso

12 de abril de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Indemnización por despido Alicante cómo se calcula

Cuando una relación laboral llega a su fin, uno de los aspectos más importantes es determinar si el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización por despido y cómo se calcula correctamente. Contar con un abogado especializado en derecho laboral en Alicante te permite conocer la cuantía exacta, los días de salario por año trabajado y el tipo de despido que corresponde en cada caso.

Tipos de despido y su indemnización

Antes de calcular la cantidad, es necesario identificar el tipo de despido:

  • Despido disciplinario: No genera indemnización, salvo que se declare improcedente.

  • Despido objetivo: Da derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

  • Despido improcedente: Conlleva 33 días por año trabajado para los contratos posteriores al 12 de febrero de 2012 y 45 días para el periodo anterior, con un máximo de 24 mensualidades.

Un abogado laboral en Alicante puede revisar la carta de despido y determinar si la empresa ha justificado correctamente la causa, ya que un error formal o de fondo puede convertir un despido objetivo o disciplinario en improcedente.

Indemnización por despido Alicante: cómo se calcula paso a paso

Para calcular la indemnización se siguen tres pasos fundamentales:

  1. Identificar el tipo de despido.

  2. Calcular la antigüedad del trabajador. Se tiene en cuenta la fecha de inicio y fin del contrato, redondeando por meses completos.

  3. Determinar el salario diario. Se calcula dividiendo el salario bruto anual (incluidas las pagas extras) entre 365 días.

Finalmente, se multiplica el salario diario por los días de indemnización por año trabajado que correspondan, y por los años de servicio.

Ejemplo:
Un trabajador con un salario bruto anual de 24.000 € y 5 años de antigüedad, despedido de forma improcedente, recibiría:
(24.000 €/365) × 33 × 5 = 10.849 € de indemnización aproximada.

Aspectos a tener en cuenta en el cálculo

  • Las pagas extraordinarias prorrateadas deben incluirse en el salario diario.

  • Si el trabajador tiene mejoras voluntarias (bonus o variables habituales), pueden computar.

  • En contratos a tiempo parcial, el cálculo se ajusta a las horas efectivamente trabajadas.

  • Si existen períodos con distintos regímenes (45/33 días), el cálculo se realiza por tramos.

Un abogado laboral Alicante puede revisar cada detalle, especialmente cuando el contrato ha tenido modificaciones salariales o antigüedades reconocidas parcialmente.

Qué hacer si no estás de acuerdo con la indemnización

Si consideras que la cantidad abonada por la empresa es incorrecta o el despido no está justificado:

  1. Revisa la carta de despido y la liquidación.

  2. Contacta con un abogado especializado en indemnizaciones laborales en Alicante.

  3. Presenta una papeleta de conciliación en el plazo de 20 días hábiles desde el despido.

  4. Si no hay acuerdo, interpón demanda judicial ante el Juzgado de lo Social.

En Santamaría Baeza Abogados, analizamos el cálculo de la indemnización, revisamos la causa de despido y defendemos tus intereses para que recibas la cuantía que realmente te corresponde.

Conclusión

Calcular correctamente la indemnización por despido es esencial para no perder derechos económicos. La ley contempla distintos importes según el tipo de despido y la antigüedad.
Con la ayuda de un abogado laboral en Alicante, puedes comprobar si la empresa ha aplicado bien el cálculo y reclamar la diferencia si corresponde.
En Santamaría Baeza Abogados, te asesoramos con precisión y defendemos tu derecho a una indemnización justa.

Publicado en: Derecho Laboral Etiquetado como: Abogado, Abogado Alicante, Abogado Derecho Laboral, Asesoramiento Jurídico Laboral, Indemnizaciones

El Consejo de Europa recomienda aumentar las indemnizaciones por despido que pagan los negocios

4 de abril de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 4 minutos

El CEDS Recomienda Aumentar Indemnizaciones por Despido Improcedente: Implicaciones para el Gobierno Español

Consejo de Europa

 

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha solicitado al Gobierno español, tras una petición de los sindicatos, que aumente las indemnizaciones por despido improcedente. Según los abogados laboralistas, esta recomendación puede servirle a Trabajo para revitalizar su propuesta de “despido a la carta”.

La probabilidad de que este debate se intensifique en los próximos meses es aún mayor, afirmaron, teniendo en cuenta que la vicepresidente del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha venido mostrando su intención de reformar las condiciones del despido. Incluso, creando un “despido a la carta”, que establecería diferentes indemnizaciones en función de las circunstancias personales del asalariado.

Otra opción, explicaron los abogados laboralistas, sería incrementar directamente los días por año trabajado que corresponderían en concepto de indemnización. Independientemente de la fórmula que elija el Gobierno, la legislatura terminará, con bastante probabilidad, con un encarecimiento de los costes que tienen que asumir los negocios y autónomos con asalariados cuando despidan a alguien. Todo, a pesar de que, de forma habitual, los trabajadores por cuenta propia no despiden a sus empleados por placer, sino debido a una necesidad del negocio.

El Consejo de Europa habla después de una reclamación de UGT y CCOO

La resolución del Comité Europeo de Derecho Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa, se ha producido a instancia de los sindicatos UGT y CCOO quienes afirman que las indemnizaciones por despido no siempre cumplen con el principio de resarcimiento para el trabajador.

El CEDS considera que la actual legislación española no cumple en todos los casos con el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del artículo 24 de la Carta Social Europea, ambos tratados firmados por España, que dicen lo siguiente:

  • El convenio 158 sobre la terminación de la relación de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): este convenio establece el derecho del trabajador despedido de manera improcedente a recibir una indemnización, “cuya cuantía se fijará en función, entre otras cosas, del tiempo de servicios y del monto del salario”, como ocurre en la legislación española.
  • El artículo 24 de la Carta Social Europea, que dice que “todos los trabajadores tienen derecho a protección en caso de despido”. Para los sindicatos, la protección contemplada en la actual legislación española no es suficiente, por lo que consideran que este principio no se está cumpliendo.

Sin embargo, el abogado laboralista Luis San José recordó que las resoluciones del CEDS no son vinculantes. A pesar de ello, “es un dictamen que sirve como recomendación a España para que efectúe cambios en la regulación laboral. Lo que hace es presión al Gobierno para reformar el despido con vistas a su encarecimiento.”

Teniendo en cuenta que el Ejecutivo, con Yolanda Díaz a la cabeza, ya ha mostrado previamente su intención de encarecer el coste que tienen que asumir los negocios cuando se ven obligados a despedir a un asalariado por un motivo no recogido en la legislación, los expertos consultados consideraron que, casi con total probabilidad, el Gobierno terminará acatando la resolución del Consejo de Europa en los próximos meses.

En este sentido, “buscan encarecer totalmente el despido con la única finalidad de disuadir a los negocios de despedir sin una causa recogida en la legislación. Lo que esperan es que se compense realmente con una indemnización mucho más cara que la que ahora está recogida en la ley”, afirmó Luis San José.

A pesar de ello, el abogado laboralista recordó que diferentes tribunales españoles -incluso el Supremo- ya se han pronunciado sobre este asunto. En algunos casos, también han abierto la puerta a establecer una indemnización superior a los 33 días por año trabajado.

El Gobierno ya habló en su día del ‘despido a la carta’

Respecto a las soluciones que se encuentran encima de la mesa, el abogado laboralista reconoció que el llamado “despido a la carta” del que hace unos meses habló la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, podría ser una de las opciones elegidas por el Gobierno para encarecer las indemnizaciones que pagan los autónomos y negocios.

Esta fórmula consistiría en tasar la cuantía de las indemnizaciones en función de las circunstancias personales del asalariado despedido: la edad, el número de hijos, la duración del contrato o, incluso, su situación socioeconómica. En este sentido, los abogados laboralistas ya advirtieron en este diario que podría suponer un freno a la contratación de los colectivos más vulnerables, al tener que abonarles indemnizaciones más elevadas si el trabajador por cuenta propia a su cargo se ve obligado a despedirle.

Otra opción sería modificar la legislación para incrementar de nuevo los días por año trabajado que deben pagar los negocios a los asalariados cuando les despiden sin causa legal. En las últimas décadas, estos límites han sufrido diversas modificaciones, que se repasan a continuación:

  • Entre 1977 y 1980: 60 días por año trabajado, con un tope de 60 mensualidades.
  • Entre 1980 y 2012: 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades.
  • Desde 2013, la indemnización por despido improcedente está fijada en 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades.

Así, en caso de optar por elevar las indemnizaciones generales, el Gobierno podría efectuar modificaciones sobre los días que pagan los negocios por año trabajado a un asalariado despedido sin causa legal, pero también incrementar el número máximo de meses de salario que pueden percibir.

Los abogados piden mayor seguridad jurídica para los autónomos y negocios

Ante la más que probable reforma de las indemnizaciones por despido, Luis San José reclamó al Gobierno “que aprovechen la situación y, una vez realicen el cambio, publiquen un Código de Trabajo Español que sirva para reducir la judicialización de los despidos”, que podría incrementarse aún más si se termina tramitando el llamado despido a la carta.

El abogado laboralista afirmó que “los autónomos con asalariados y negocios tienen una gran inseguridad jurídica en el ámbito del despido. Para los operadores jurídicos como nosotros, esto generaría una inseguridad aún mayor, ya que muchos de los casos de despido terminarán dirimiéndose en los tribunales para valorar qué indemnización corresponde al asalariado en cada caso, dependiendo de sus circunstancias personales. Es necesario este código, porque no se puede dejar todo al albur de los tribunales”, concluyó.

📞 Contacta con nosotros al teléfono o por WhatsApp al 654 581 493 y aprovéchate de las nueva medidas de gobierno que estarán el vigor hasta final de año.

Estamos en Avda. Aguilera 39 Ent B de Alicante

Publicado en: Actualidad Jurídica y Cambios Legislativos Etiquetado como: Asesoramiento Jurídico Laboral, Despido Laboral, Indemnizaciones

Un plan de igualdad: el mejor regalo en el Día Internacional de la Mujer en Alicante

8 de marzo de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Un plan de igualdad el mejor regalo en el Día Internacional de la Mujer Alicante

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer invita a reflexionar sobre la igualdad real en el ámbito laboral. Más allá de los gestos simbólicos, la mejor forma de demostrar compromiso empresarial es implantar un plan de igualdad efectivo. En Alicante, donde cada vez más empresas están obligadas por ley a disponer de uno, contar con asesoramiento especializado en derecho laboral permite convertir este día en una oportunidad para construir un entorno profesional justo, transparente y competitivo.

Por qué un plan de igualdad es más que una obligación legal

El Real Decreto 901/2020 y el Real Decreto 902/2020 regulan la obligatoriedad de los planes de igualdad en las empresas con más de 50 trabajadores. No se trata solo de cumplir una norma, sino de promover una cultura corporativa basada en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Un plan de igualdad bien elaborado contribuye a:

  • Detectar y corregir brechas salariales.

  • Garantizar procesos de promoción interna equitativos.

  • Evitar la discriminación indirecta en contrataciones o ascensos.

  • Favorecer la conciliación laboral y familiar.

  • Crear un entorno laboral saludable y productivo.

Un abogado laboral en Alicante con experiencia en planes de igualdad puede asesorar a la empresa en todas las fases del proceso, desde el diagnóstico inicial hasta la implantación y el registro oficial del plan.

Un plan de igualdad el mejor regalo en el Día Internacional de la Mujer Alicante

Regalar flores o mensajes inspiradores el 8 de marzo está bien, pero el mejor regalo que una empresa puede ofrecer a sus trabajadoras es el compromiso tangible con la igualdad.
Implantar un plan de igualdad significa invertir en justicia, productividad y reputación. En Santamaría Baeza Abogados, acompañamos a empresas alicantinas en el diseño de estrategias de igualdad que cumplen la ley y aportan valor real.

Beneficios para la empresa

  • Cumplimiento normativo: evita sanciones de hasta 187.515 €.

  • Acceso a subvenciones y licitaciones públicas.

  • Mejora del clima laboral y la imagen corporativa.

  • Reducción del absentismo y la rotación de personal.

  • Aumento de la motivación y la productividad.

Cómo se implanta un plan de igualdad en Alicante

El proceso requiere análisis, participación y rigor técnico:

  1. Constitución de la comisión negociadora. Debe incluir representantes de la empresa y de los trabajadores.

  2. Diagnóstico de la situación actual. Evaluación de categorías, salarios, conciliación y promoción.

  3. Diseño de medidas y objetivos concretos. Por ejemplo, establecer criterios objetivos de promoción o medidas de flexibilidad horaria.

  4. Registro del plan de igualdad. Es obligatorio inscribirlo en el REGCON.

  5. Evaluación y seguimiento. Revisar los resultados anualmente y adaptar las medidas según su eficacia.

La figura del abogado laboral en el plan de igualdad

Un abogado laboral en Alicante garantiza la correcta interpretación de la normativa, la legalidad del proceso y la documentación requerida para evitar sanciones.
Además, asesora sobre aspectos sensibles como la auditoría retributiva, la protección de datos personales y los protocolos de prevención del acoso laboral o sexual.
En el Día Internacional de la Mujer, este papel adquiere especial relevancia: el asesoramiento jurídico no solo asegura el cumplimiento legal, sino también la coherencia con los valores de igualdad y respeto que debe reflejar toda organización.

Cómo puede celebrarlo tu empresa

  • Organiza una jornada informativa interna sobre igualdad y diversidad.

  • Publica los avances de tu plan de igualdad en los canales corporativos.

  • Revisa tus políticas de contratación, promoción y conciliación.

  • Ofrece formación específica a los equipos directivos.

  • Colabora con entidades locales que promuevan la igualdad en Alicante.

Conclusión

El 8 de marzo no debe quedarse en un gesto simbólico. Un plan de igualdad es la mejor manera de demostrar compromiso real con la igualdad laboral. En Santamaría Baeza Abogados, ayudamos a empresas de Alicante a cumplir la normativa y a liderar el cambio con responsabilidad, transparencia y visión de futuro.

Publicado en: Derecho Laboral Etiquetado como: Abogado, Abogado Alicante, Abogado Derecho Laboral, Asesoramiento Jurídico Laboral, Plan de Igualdad

El aumento de los despidos en periodo de prueba, la nueva moda en el sector laboral

14 de febrero de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 3 minutosEl aumento de despidos

Expertos laboralistas debaten en ‘Economist & Jurist’ el impacto positivo y negativo de los contratos en periodos de prueba y la licitud de los mismos

A medida que se avanza hacia el año 2024, el sector laboral se encuentra en un estado de constante evolución, marcado por cambios legislativos y prácticas emergentes que impactan tanto a empleados como a empleadores. Uno de los temas que ha suscitado un intenso debate desde la reforma laboral de 2022 son los despidos en los periodos de prueba y la licitud de los mismos.

La posibilidad de terminar contratos laborales durante los primeros meses de empleo plantea una serie de desafíos y consideraciones tanto para los trabajadores como para las empresas. Si bien esta medida puede ofrecer flexibilidad a los empleadores para evaluar la idoneidad de un nuevo empleado, también genera incertidumbre y preocupación entre los trabajadores, quienes enfrentan el riesgo de perder su empleo sin un sustento económico establecido.

 

Despidos en periodos de prueba y sus implicaciones

Aspra ha sido el primero en abrir esta cuestión pero ha optado por empezar aclarando la diferencia entre el fin de la relación laboral cuando es un periodo de prueba y cuando se trata de un despido laboral. A este respecto ha matizado que “cuando hay una resolución laboral durante el periodo de prueba estamos hablando de un desistimiento y el desistimiento es una institución genuinamente laboral durante la cual cualquiera de las partes, empresa o trabajador, puede desistir libremente sin mayor motivación”.

Cree que los desistimientos en periodo de prueba están operando como siempre han operado, pero “es cierto que a raíz de la reforma laboral se ha endurecido de alguna forma los contratos temporales de duración determinada. Parece que está poniéndose más de moda esa institución porque parece ser que hay mayor resolución de contratos en periodo de prueba. Pero es normal que los empleadores y los trabajadores ahora mismo vean esto con mayor rigor dado que es lógico y que en un periodo de prueba se tienen que medir no solo las aptitudes técnicas, sino también las actitudinales”.

Aitor Riquelme por su parte expone que en el mercado laboral español la costumbre eran los contratos de duración determinada, por lo que con la imposición obligatoria a los empresarios de hacer contratos fijos a los empleados, “al final el empresario tiende a ir a lo que conoce. Entonces, como ya no tiene el contrato de duración determinada pero tiene el periodo de prueba, al final acaba haciendo lo mismo pero de otra manera porque la ley se lo permite”.

Riquelme cree que aunque se han intentado mejorar las condiciones de los trabajadores, eliminando las contrataciones temporales y abriendo los contrato al fijo discontinuo, “no se les ha hecho ningún favor: “Ahora, a nivel empresarial, es un chollo porque no tienen que pagar ni doce días y al final tiene al empleado el mismo periodo. Es como la gallina de los huevos de oro, ahora es más fácil que antes y además no va a venir Inspección a sancionarte”.

Por su parte, Estela Martín aclara que aunque la extinción del periodo de prueba se presume lícita, salvo en supuestos muy concretos como es el tema del embarazo, “también es necesario analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las extinciones por no superar periodo de prueba que cuando se hacen en fraude de ley, que computan”.

Asimismo la ponente afirma que también es necesario analizar estas extinciones cuando se realizan entorno a un trabajador que está en periodo de incapacidad temporal, “ahí ya tenemos alguna sentencia de tribunales, aunque hay que esperar que dice el Supremo, que declaran que es nula también si se entiende que la enfermedad es la causa de la extinción por no superar el periodo de prueba y por tanto aplica enfermedad como causa de discriminación y por tanto despido nulo”.

Respecto al uso del periodo de prueba como una especie de contrato temporal fraudulento, Martín expone que es esencial poder probar que en ese caso existe un fraude de ley por parte de la empresa y ahí lo ve muy complicado, aunque “sí que veo factible, por ejemplo, cuando la persona trabajadora pueda acreditar que la práctica habitual de la empresa está siendo la de utilizar el periodo de prueba como una suerte de contrato temporal”.

La magistrada Concepción Morales ha sido la última en intervenir y exponer su opinión sobre esta cuestión. Por su parte cree que el problema del aumento de los despidos en periodo de prueba desde la reforma laboral del 2022 “viene motivada porque se está utilizando masiva y fraudulentamente por los empresarios para extinguir a los trabajadores con una necesidad temporal de contratación”, ya que las empresas no tienen que justificar dicho despido, salvo en aquellos supuestos que exista una demanda y el empresario lo tenga que justificar.

“Creo que el aumento de los despidos viene motivado por el mal uso que están dando los empleadores de ese recurso que ya no tienen de la contratación temporal”, afirma Morales.

 

Publicado en: Derecho Laboral Etiquetado como: Asesoramiento Jurídico Laboral, Despido Laboral

Accidente en casa teletrabajando: qué dice la ley y cómo reclamarlo

3 de febrero de 2024 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 2 minutos

Accidente en casa teletrabajando: qué se considera accidente laboral

Desde la entrada en vigor de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, la normativa española reconoce expresamente que un accidente en casa teletrabajando puede tener la misma consideración que un accidente laboral ocurrido en la empresa.
Esto significa que, si el incidente se produce durante la jornada laboral y con motivo del trabajo, el trabajador tiene derecho a las mismas coberturas y prestaciones de la Seguridad Social.

Un tropiezo, una caída, una descarga eléctrica o una lesión postural sufrida mientras se desempeñan tareas propias del empleo pueden considerarse accidente de trabajo, siempre que se demuestre la relación directa con la actividad laboral.

Marco legal del teletrabajo y la prevención de riesgos

El trabajo remoto no exime a la empresa de su obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
La normativa establece que el empresario debe:

  • Evaluar los riesgos del puesto de trabajo a distancia, incluso si está en el domicilio del empleado.

  • Informar al trabajador sobre las medidas preventivas necesarias.

  • Asegurar el cumplimiento de las condiciones de ergonomía, iluminación y equipamiento.

Cuando ocurre un accidente, la Mutua y la Inspección de Trabajo pueden analizar el entorno doméstico para comprobar si se cumplen estas condiciones.

Cómo demostrar un accidente laboral en casa

Uno de los principales retos al teletrabajar es probar que el accidente se produjo durante la jornada laboral.
Se suelen tener en cuenta los siguientes factores:

  • Hora exacta en que ocurrió el incidente.

  • Tareas que el trabajador estaba realizando.

  • Lugar concreto del domicilio donde se produjo el accidente.

  • Testimonios, comunicaciones o registros de conexión laboral (por ejemplo, en aplicaciones o correo corporativo).

Si la empresa o la Mutua niegan la relación laboral del accidente, el trabajador puede impugnar la decisión ante el Juzgado de lo Social.

Ejemplos reconocidos por la jurisprudencia

Uno de los casos más relevantes es el de una trabajadora de la Seguridad Social que en 2021 sufrió una caída al ir al baño durante su jornada en casa.
El tribunal consideró que la lesión debía calificarse como accidente laboral, al producirse en tiempo y lugar de trabajo y derivar de una necesidad fisiológica.
Desde entonces, la jurisprudencia ha reforzado la idea de que el teletrabajo no reduce los derechos de protección del trabajador.

Qué hacer si sufres un accidente teletrabajando

  1. Solicita asistencia médica inmediata y asegúrate de que en el parte se especifique que ocurrió durante la jornada laboral.

  2. Comunica el accidente a la empresa y a la Mutua cuanto antes.

  3. Guarda pruebas: correos, registros de actividad o mensajes que acrediten que estabas trabajando.

  4. Si la Mutua no lo reconoce como accidente laboral, acude a un abogado laboralista para presentar la reclamación o demanda.

En Santamaría Baeza Abogados analizamos cada caso para acreditar la relación entre el accidente y la actividad profesional, gestionando las reclamaciones ante la Seguridad Social y la Mutua correspondiente.

Conclusión

El teletrabajo ha modificado la forma de trabajar, pero no los derechos de protección del trabajador.
Sufrir un accidente en casa teletrabajando puede tener las mismas consecuencias legales y prestaciones que cualquier otro accidente laboral.
Contar con asesoramiento jurídico especializado es clave para reclamar con éxito el reconocimiento y las indemnizaciones que correspondan.

Publicado en: Blog, Derecho Laboral Etiquetado como: Abogado, Abogado Alicante, Abogado Derecho Laboral, Accidente Teletrabajando, Asesoramiento Jurídico Laboral

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