Santamaría Baeza

Abogados en Alicante: accidentes de tráfico, grandes lesionados y herencias

  • Inicio
  • Sobre Nosotros
  • Servicios jurídicos
    • Derecho Laboral
    • Derecho Administrativo
    • Derecho Inmobiliario
      • Operaciones inmobiliarias complejas
      • Propiedad Horizontal
      • Administración de Fincas
    • Derecho Bancario
    • Derecho de familia
    • Derecho Penal
    • Accidente de tráfico
      • Accidentes de Tráfico
      • Departamento para Grandes Lesionados
      • Indemnización por Accidente
  • Nuestro Blog
  • Contacto
  • Inicio
  • Sobre Nosotros
  • Servicios jurídicos
    • Derecho Penal
    • Derecho de familia
    • Accidentes de tráfico
      • Abogados accidentes de trafico
      • Indemnización por accidente de trafico
      • Grandes lesionados
    • Derecho Laboral
    • Derecho Inmobiliario
    • Propiedad horizontal
    • Derecho Bancario
    • Derecho Administrativo
    • Administración de fincas
    • Servicios Jurídicos de calidad

Obras y averías en un piso alquilado: qué paga el casero y qué paga el inquilino

7 de noviembre de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 6 minutos
Humedad y desconchado en la pared de una vivienda alquilada: quien paga las reparaciones en un alquiler

Se rompe el termo en enero, aparece una humedad en el techo del dormitorio o deja de funcionar la caldera. La pregunta llega siempre igual al despacho: quién paga las reparaciones en un alquiler, el casero o el inquilino. La Ley de Arrendamientos Urbanos tiene una respuesta clara y, desde octubre de 2026, también una herramienta nueva para cuando el propietario no responde.

Regla general

Quién paga las reparaciones en un alquiler según el artículo 21 LAU

El punto de partida es el artículo 21.1 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos. El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad que permitan servir al uso convenido.

Es decir: el casero no te hace un favor cuando arregla la caldera, cumple una obligación legal. Esa obligación tiene dos límites:

  • No cubre el deterioro imputable al inquilino, conforme a los artículos 1.563 y 1.564 del Código Civil: lo que tú rompes, lo pagas tú.
  • No llega hasta la destrucción de la vivienda por causa no imputable al arrendador, supuesto que remite al artículo 28 de la propia ley.

Fuera de ellos, la carga es del propietario, y conservar significa mantener la habitabilidad real: agua, luz y gas en funcionamiento, estanqueidad frente a filtraciones, elementos estructurales y los electrodomésticos que formaban parte de la vivienda arrendada.

Desgaste del uso

Las pequeñas reparaciones por desgaste del uso ordinario son del inquilino

El artículo 21.4 LAU es el otro lado de la balanza: las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda son de cargo del arrendatario. La ley no da una lista, y ahí nace la mayoría de los conflictos que vemos en Alicante y Elche.

En la práctica, y con el criterio que siguen nuestros juzgados, el reparto suele quedar así:

  • Del inquilino: cambiar una bombilla, sustituir la goma de un grifo que pierde, un desatasco puntual por uso, reponer la pila del termostato o la junta de la cisterna.
  • Del propietario: la caldera que se avería, la bajante común que filtra, la persiana cuyo mecanismo cede, el aire acondicionado que deja de enfriar, la instalación eléctrica obsoleta o la humedad por capilaridad.

La frontera no está en el importe, sino en la causa: una reparación barata provocada por un defecto de la instalación sigue siendo del casero, y un arreglo caro provocado por tu mal uso sigue siendo tuyo. Por eso el origen de la avería, documentado, decide la reclamación.

Ejemplo práctico

Piso en Alicante con renta de 800 euros: la obra de conservación del baño se prolonga 35 días y el inquilino no puede usarlo. Al superar los veinte días, el artículo 21.2 LAU obliga a disminuir la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que el arrendatario se vea privado. La rebaja se calcula sobre la superficie y el uso afectados.

Novedad 2026

El nuevo artículo 21.5 LAU: quince días y descuento de la renta

Aquí está el cambio relevante. El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, añadió un apartado 5 al artículo 21 LAU, en vigor desde el 8 de octubre de 2026, con un camino reglado para los daños que afectan a la habitabilidad, la seguridad o la salubridad.

  1. Requerimiento por escrito. El arrendatario reclama la reparación al propietario y adjunta un presupuesto razonable para ejecutarla.
  2. Quince días naturales. Desde la recepción del requerimiento, el arrendador puede aceptar el presupuesto, proponer una reparación alternativa o ejecutar directamente el arreglo.
  3. Silencio o negativa injustificada. Pasado el plazo sin respuesta, el inquilino puede ejecutar las obras necesarias y descontar su importe de las rentas futuras.
  4. Coste acreditado. El gasto debe ser razonable, adecuado a los daños que se pretenden subsanar y quedar probado documentalmente.

El mismo decreto añadió el artículo 21 bis para la vivienda temporal, donde el reparto cambia: el arrendador asume la conservación y también las pequeñas reparaciones del uso ordinario, con respuesta en cinco días hábiles.

Una advertencia profesional que debemos hacer: este real decreto-ley está pendiente de convalidación por el Congreso de los Diputados. Un texto anterior prácticamente idéntico, el Real Decreto-ley 26/2026, fue derogado por acuerdo de la Cámara publicado el 2 de octubre de 2026, lo que dejó sin efecto estos mismos apartados. Hoy están vigentes, pero el escenario puede cambiar; si piensa apoyarse en el artículo 21.5 para descontar una reparación de la renta, conviene confirmar antes el estado de la norma.

Si no responde

Qué hacer si el casero no arregla la avería

El orden importa: dejar de pagar sin más es la vía rápida hacia un desahucio por impago, aunque tengas razón en el fondo.

  1. Comunica cuanto antes. El artículo 21.3 LAU te obliga a poner la necesidad de la reparación en conocimiento del arrendador en el plazo más breve posible y a facilitarle la verificación del estado de la vivienda.
  2. Deja constancia. Un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido convierte el aviso en prueba; el WhatsApp ayuda, pero no lo sustituye.
  3. Documenta el daño. Fotografías con fecha y, en averías de entidad, informe técnico o presupuesto que identifique la causa.
  4. Atiende lo urgente. Si hay riesgo de daño inminente o incomodidad grave, el artículo 21.3 te permite hacer la reparación previa comunicación al arrendador y exigirle de inmediato su importe.
  5. Activa el requerimiento del 21.5. Por escrito, con presupuesto y cómputo de los quince días naturales.
  6. Reclama judicialmente si hace falta. Cabe exigir el cumplimiento de la obligación de conservar, la rebaja de la renta o la resolución del contrato con indemnización.

Consejo profesional

No compenses por tu cuenta una reparación con la renta del mes sin un requerimiento previo y sin factura. Es el error que más veces nos llega ya convertido en demanda de desahucio: el inquilino tenía razón sobre la avería y la perdió sobre la forma.

El mismo cuidado con la prueba vale cuando el casero no devuelve la fianza al terminar el contrato.

Obras y renta

Obras de conservación en una vivienda alquilada, rebaja de renta y mejoras

Cuando las obras de conservación en una vivienda alquilada no pueden esperar al final del contrato, el artículo 21.2 LAU te obliga a soportarlas, aunque resulten muy molestas o te priven de una parte del piso. La contrapartida ya la hemos visto: superados los veinte días, procede disminuir la renta de forma proporcional.

Si las obras hacen la vivienda inhabitable, el artículo 26 LAU te da la opción de suspender el contrato o de desistir, sin indemnización alguna. La suspensión paraliza el plazo del contrato y también la obligación de pagar la renta hasta que terminen.

Las mejoras siguen otro régimen. El artículo 22 LAU exige notificarlas por escrito con al menos tres meses de antelación, indicando naturaleza, comienzo, duración y coste previsible. Durante el mes siguiente puedes desistir del contrato, que se extinguirá dos meses después, y si decides soportarlas tienes derecho a la reducción proporcional de la renta y a la indemnización de los gastos que te obliguen a efectuar.

Para los negocios de la provincia de Alicante, el artículo 30 LAU extiende los artículos 21, 22, 23 y 26 a los arrendamientos de uso distinto de vivienda, de modo que el esquema también opera en locales y oficinas. Puede ver nuestros servicios de derecho inmobiliario en Alicante o revisar qué cláusulas abusivas del contrato de alquiler desplazan al inquilino reparaciones que la ley atribuye al propietario.

Cláusulas que no valen

Es frecuente leer en contratos de la Comunidad Valenciana que el inquilino asume todas las reparaciones. Esa cláusula contradice el artículo 21.1 LAU en lo que afecta a la habitabilidad: firmarla no traslada al inquilino la obligación de conservar que la ley impone al arrendador.

Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre reparaciones en el alquiler

¿Puedo dejar de pagar la renta si el casero no repara?

No es recomendable dejar de pagar sin más: te expone a un desahucio por impago. La vía correcta es el requerimiento escrito del artículo 21.5 LAU con presupuesto, esperar los quince días naturales y, si no hay respuesta, ejecutar la obra y descontar el importe acreditado de las rentas futuras.

¿Quién paga la caldera o el aire acondicionado?

Si formaban parte de la vivienda arrendada y se averían por su funcionamiento o por antigüedad, la reparación es del propietario, porque afecta a la habitabilidad. Si el daño viene de un mal uso o de la falta de mantenimiento que te correspondía, el coste es tuyo.

¿Cuánto puede rebajarse la renta durante una obra?

La ley no fija un porcentaje. El artículo 21.2 LAU ordena disminuir la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que el inquilino se vea privado cuando la obra supera los veinte días. El cálculo atiende a la superficie y el uso afectados, y conviene pactarlo por escrito.

Conclusión

Conserva el propietario, mantiene el inquilino

El reparto del artículo 21 LAU es fácil de enunciar y difícil de aplicar: la habitabilidad es del casero, el desgaste del uso ordinario es del inquilino, y los casos dudosos los decide la causa de la avería junto a la prueba que cada parte conserve. En los dos lados del contrato el consejo es el mismo: avise por escrito, guarde presupuestos y facturas, y no improvise con la renta.

Puede consultar el texto consolidado del artículo 21 LAU en el BOE y contrastar cada apartado.

Primera consulta gratuita

¿Tiene una avería sin resolver en su piso de alquiler?

En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso sin coste.

Solicitar citaEscribir por WhatsApp
654 58 14 93 (también WhatsApp) · vsantamaria@santamariaabogados.es

Este artículo ofrece información general sobre la normativa de arrendamientos urbanos y no sustituye al asesoramiento jurídico individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.

Publicado en: Derecho Inmobiliario Etiquetado como: Abogado Alicante, Alquiler, Derecho Inmobiliario, LAU, Reparaciones

Derogación del Real Decreto-ley 8/2026: ¿qué ocurre con la prórroga de los contratos de alquiler?

28 de abril de 2026 by Vicente José Santamaría Baeza Deja un comentario

Tiempo de lectura: 5 minutos

Por Vicente José Santamaría Baeza, letrado, col. nº 8.150 ICALI — Santamaría Baeza Abogados — Alicante, 28 de abril de 2026

La derogación del Real Decreto-ley 8/2026 sobre la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler abre un escenario de profunda incertidumbre jurídica para arrendadores e inquilinos. Hoy, 28 de abril de 2026, el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán (BOE núm. 71, de 21 de marzo de 2026). Los votos en contra de PP, Vox y Junts han sido suficientes para tumbar el texto, que queda derogado y sin efectos legislativos, con la abstención del PNV.

El real decreto estuvo formalmente vigente apenas 37 días. Y en ese mes escaso ha generado una cadena de consecuencias jurídicas sobre los contratos de alquiler cuya verdadera dimensión empezamos a vislumbrar precisamente ahora, tras su derogación.

Qué regulaba el Real Decreto-ley 8/2026 en materia de prórroga de alquileres

El Real Decreto-ley 8/2026 introducía dos medidas de gran calado sobre los contratos de alquiler de vivienda habitual:

  • Una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de vivienda habitual cuya finalización estuviera prevista antes del 31 de diciembre de 2027.
  • Una limitación a la actualización anual de la renta conforme al artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El cálculo manejado por el propio Gobierno hablaba de cerca de tres millones de contratos de alquiler potencialmente afectados por la prórroga extraordinaria. Tres millones de hogares, planificaciones patrimoniales y expectativas que, desde la derogación del real decreto, viven en un terreno de extraordinaria indefinición jurídica.

La gran pregunta tras la derogación: ¿qué ocurre con las prórrogas ya solicitadas?

Aquí es donde el Derecho deja de ofrecer respuestas unívocas. Durante las últimas semanas, miles de arrendatarios remitieron burofax solicitando acogerse a la prórroga del contrato de alquiler prevista en el real decreto. La cuestión de si esas solicitudes producen efectos tras la derogación es, hoy mismo, objeto de interpretaciones radicalmente divergentes entre despachos, asociaciones y operadores del sector inmobiliario.

A día de hoy conviven, al menos, cuatro tesis sobre los efectos de la derogación del real decreto en las prórrogas solicitadas:

Tesis 1 — La consolidación del derecho ejercitado

Defendida por sindicatos de inquilinos y diversos despachos, sostiene que el derecho a la prórroga del contrato de alquiler nació plenamente con la entrada en vigor del real decreto y que, una vez ejercitado mediante solicitud fehaciente durante el período de vigencia, queda consolidado e inmune a la posterior derogación.

Tesis 2 — La vigencia de la norma al momento del vencimiento

Sostenida por otros juristas de prestigio: si a la fecha de vencimiento del contrato la norma ya no está vigente, la prórroga no resulta aplicable, con independencia de cuándo se invocara. Lo determinante no es la fecha de la solicitud, sino el marco normativo aplicable al momento del cese del contrato de alquiler.

Tesis 3 — La eficacia limitada al período de vigencia

Una posición intermedia que considera que solo se beneficiarán de la prórroga aquellos contratos de alquiler cuyo vencimiento efectivo se haya producido entre el 22 de marzo y la fecha de publicación de la derogación en el BOE.

Tesis 4 — La distinción entre acto consumado y mera expectativa

Apoyada en doctrina constitucional sobre los efectos de la no convalidación de los reales decretos-ley, distingue entre prórrogas que ya estaban materialmente desplegándose —actos consumados— y solicitudes pendientes de surtir efecto —meras expectativas—.

Cada una de estas posiciones se sustenta en argumentos serios: el artículo 86.2 CE sobre la provisionalidad del real decreto-ley, la doctrina del Tribunal Constitucional desde la STC 111/1983, el artículo 9.3 CE sobre irretroactividad y la propia letra del Real Decreto-ley 8/2026. Y todas ellas tendrán defensores en los tribunales en los próximos meses.

Excepciones a la prórroga del contrato de alquiler: un terreno igualmente conflictivo

A esta complejidad se suma que, incluso bajo la vigencia del real decreto, la prórroga del contrato de alquiler no era ilimitada. La norma contemplaba supuestos tasados de exclusión:

  • La necesidad de ocupación por el arrendador o un familiar de primer grado conforme al artículo 9.3 LAU, siempre que la comunicación se hubiera efectuado en plazo.
  • El acuerdo entre las partes para nuevo contrato de alquiler con renta inferior.
  • La incompatibilidad con la prórroga de zona tensionada del artículo 10.3 LAU.

Cada uno de estos supuestos exige un análisis individualizado del contrato de alquiler, de las comunicaciones previas y de la condición jurídica del arrendador.

El escenario tras la derogación: litigiosidad y doctrina por construir

Lo único razonablemente seguro tras la derogación del Real Decreto-ley 8/2026 es que los próximos meses van a generar una intensa litigiosidad en los Tribunales de Instancia: procedimientos de desahucio por expiración del plazo, oposiciones invocando la prórroga, demandas declarativas sobre la vigencia del contrato de alquiler y, eventualmente, recursos que escalarán hasta el Tribunal Supremo en busca de la doctrina unificadora que hoy no existe.

Hasta que esa doctrina se consolide —proceso que, realísticamente, puede tardar entre dieciocho meses y tres años— la suerte de cada contrato de alquiler dependerá de la fortaleza técnica con la que se sostengan las posiciones desde el primer momento: la calificación jurídica correcta, la prueba documental adecuada, los plazos procesales y la estrategia desplegada en cada caso concreto.

Recomendaciones prácticas tras la derogación del real decreto

Si es usted arrendador

Conviene revisar urgentemente:

  • La fecha de vencimiento real de cada uno de sus contratos de alquiler.
  • Las comunicaciones de no renovación que pudiera haber remitido en los últimos meses.
  • Las solicitudes de prórroga que haya podido recibir al amparo del real decreto ya derogado.
  • Su condición de gran tenedor o no a efectos de la limitación de actualización de renta.

Si es usted arrendatario

Conviene verificar:

  • Si el contrato de alquiler está sujeto a la LAU.
  • La fecha exacta del vencimiento.
  • Si la solicitud de prórroga se realizó dentro del período de vigencia del real decreto y de forma fehaciente.
  • Si concurre algún supuesto de exclusión que pueda invocar el arrendador.

En ambos casos, actuar antes de recibir un requerimiento o una demanda multiplica las opciones de éxito. Reaccionar después, las reduce drásticamente.

Preguntas frecuentes sobre la derogación del Real Decreto-ley 8/2026

¿Desde cuándo deja de ser aplicable la prórroga del Real Decreto-ley 8/2026?

Desde la publicación en el BOE de la resolución del Congreso por la que se rechaza la convalidación. La fecha exacta de derogación queda fijada por esa publicación oficial.

¿He enviado un burofax solicitando la prórroga; me protege todavía?

No hay respuesta unánime. Existen al menos cuatro tesis jurídicas sobre el efecto de la solicitud previa a la derogación. Es imprescindible un análisis individualizado del caso, de la fecha de vencimiento del contrato y del contenido del burofax remitido.

¿Puede el arrendador iniciar ahora un desahucio por expiración del plazo?

Si el plazo contractual ha vencido y ya no rige la prórroga extraordinaria, el arrendador puede plantear el desahucio. Sin embargo, el inquilino dispone de varias vías de oposición que deben analizarse caso por caso.

¿La limitación a la actualización de renta del IPC sigue vigente?

La limitación incorporada en el Real Decreto-ley 8/2026 decae con la derogación. Sin embargo, otras limitaciones derivadas de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, en zonas tensionadas y para grandes tenedores, no se ven afectadas y siguen aplicándose.

¿Cuánto tiempo tardará en haber jurisprudencia clara?

Realísticamente, entre dieciocho meses y tres años hasta que el Tribunal Supremo unifique doctrina. Mientras tanto, cada Juzgado de Primera Instancia resolverá según su propio criterio.

Cómo le ayudamos en Santamaría Baeza Abogados

En Santamaría Baeza Abogados, despacho de abogados en Alicante, llevamos semanas analizando los efectos de la derogación del real decreto sobre la prórroga de los contratos de alquiler. Estudiamos cada caso desde la documentación contractual concreta y las comunicaciones cruzadas entre las partes, para definir la mejor estrategia jurídica posible —ya sea preventiva o, en su caso, contenciosa— en función de la posición de cada cliente.

Nuestro despacho asesora tanto a arrendadores (gran tenedor o pequeño propietario) como a arrendatarios, en materia de contratos y obligaciones civiles y de actualidad jurídica y cambios legislativos. Si su contrato de alquiler se ve afectado por la derogación del Real Decreto-ley 8/2026, no espere a recibir una notificación judicial. Una consulta a tiempo puede evitar un procedimiento posterior.

📍 Avda. Aguilera 39, Entresuelo B – 03007 Alicante
📞 654 581 493
✉️ administracion@santamariaabogados.es
🌐 santamariabaezaabogados.es

Vicente José Santamaría Baeza — Letrado, col. nº 8.150 ICALI — Santamaría Baeza Abogados.

Publicado en: Actualidad Jurídica y Cambios Legislativos, Contratos y Obligaciones Civiles y Mercantiles Etiquetado como: Abogado Alicante, Arrendamientos urbanos, Contratos de alquiler, Derogación normativa, LAU, Prórroga alquiler, Real Decreto 8/2026, Vivienda

Copyright © 2026 · Genesis Child on Genesis Framework · WordPress · Acceder

Gestionar consentimiento
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos. El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
  • Administrar opciones
  • Gestionar los servicios
  • Gestionar {vendor_count} proveedores
  • Leer más sobre estos propósitos
Ver preferencias
  • {title}
  • {title}
  • {title}
1
Escanea el código
WhatsApp
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?
Abrir chat