Te ha salido un trabajo en otra provincia, o quieres volver a tu ciudad de origen. La duda llega enseguida: ¿puedes trasladarte de ciudad con el hijo tras el divorcio sin pedir permiso a nadie? La respuesta corta es que no, y conviene saberlo antes de firmar un contrato o un alquiler.
Patria potestad
Trasladarse de ciudad con el hijo tras el divorcio es una decisión conjunta
Mucha gente da por hecho que, si tiene la custodia, decide sola dónde vive el menor. No es así. La custodia regula el día a día; la patria potestad —el conjunto de derechos y deberes sobre el hijo— sigue siendo compartida salvo que una sentencia diga lo contrario.
Y el lugar de residencia habitual del menor es una de las decisiones que corresponden a esa patria potestad compartida. El cambio de domicilio del menor no lo decide el progenitor custodio: lo deciden los dos, o lo decide un juez.
En nuestro despacho vemos este conflicto con frecuencia en Alicante y en Elche, sobre todo cuando uno de los progenitores encuentra trabajo fuera de la Comunidad Valenciana y el otro se queda aquí. Es una de las situaciones que más atendemos desde nuestra área de derecho de familia.
Marco legal
Qué cambió en 2021: el artículo 154 del Código Civil
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, añadió al artículo 154 del Código Civil una facultad expresa dentro de la patria potestad: decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por autorización judicial.
Antes de la reforma el resultado era parecido, pero había que construirlo por vía interpretativa. Ahora está en la ley, y eso deja poco margen de discusión.
El artículo 156 del Código Civil completa el cuadro: la patria potestad se ejerce conjuntamente y, en caso de desacuerdo, cualquiera de los progenitores puede acudir al juez. El juez escucha a ambos y también al hijo, si tiene suficiente madurez y en todo caso si es mayor de doce años, y atribuye a uno de ellos la facultad de decidir.
- La patria potestad compartida incluye decidir dónde reside habitualmente el menor.
- El consentimiento del otro progenitor puede ser expreso o tácito, pero debe existir.
- Tener la guarda y custodia no equivale a tener la última palabra sobre el domicilio.
- Empadronar al menor en la nueva ciudad no legaliza por sí solo un traslado no consentido.
Vía judicial
Cómo se pide la autorización judicial del traslado del menor
Cuando el otro progenitor se niega, el camino habitual es el expediente de jurisdicción voluntaria por desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, del artículo 86 de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria. Está pensado para resolver un punto concreto de discrepancia, no para rediscutir toda la sentencia.
- Intenta el acuerdo por escrito. Un correo o un burofax con fechas, colegio, nuevo régimen de visitas y reparto de gastos de desplazamiento. Si se niega, ese escrito acredita que lo intentaste.
- Presenta la solicitud en el juzgado competente. El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del menor o, en su defecto, el de su residencia. Si el menor vive en Alicante, el expediente se tramita en Alicante.
- Acredita el motivo. Contrato u oferta firmada, condiciones económicas, informe del nuevo centro escolar, vivienda y apoyo familiar en destino. Un traslado alegado y no documentado se cae solo.
- Propón un plan de parentalidad alternativo. Es la pieza que más pesa: visitas más largas y agrupadas, reparto del coste de los viajes, videollamadas y vacaciones ampliadas.
- Comparecencia y resolución por auto. Se celebra la vista con ambos progenitores y, cuando procede, se oye al menor. El auto puede recurrirse en apelación.
Dos advertencias prácticas: abogado y procurador no son preceptivos para iniciar el expediente, pero sí en cuanto hay oposición; y si alguna parte plantea un procedimiento contencioso sobre el mismo objeto, el expediente se archiva.
Cuando el traslado obliga a replantear la custodia entera —no solo el domicilio— la vía adecuada suele ser la modificación de medidas por alteración sustancial de circunstancias, con la demanda del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Criterios del juez
Qué valora el juez antes de autorizar o denegar
El criterio decisivo es el interés superior del menor, recogido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. No se trata de premiar o castigar a nadie, sino de decidir qué conviene al niño.
El Tribunal Supremo lo ha repetido con claridad. La STS 536/2014, de 20 de octubre, admite que el progenitor custodio cambie de residencia siempre que ello redunde en beneficio de los hijos que se trasladan con él. La STS de 11 de diciembre de 2014 (recurso 30/2014) añade un matiz: el cambio de residencia no es por sí solo determinante; lo determinante es su efecto sobre el menor. Y la STS 980/2024, de 10 de julio, autorizó el traslado de una madre con su hijo de Córdoba a Madrid, atribuyéndole la guarda con patria potestad compartida y descartando la custodia compartida por la distancia.
Los factores que se ponderan en la práctica forense son estos:
- Arraigo del menor en su entorno actual: colegio, amigos, actividades, atención sanitaria.
- Red familiar disponible en origen y en destino.
- Motivo real del traslado: una oferta laboral concreta pesa más que una expectativa.
- Viabilidad del régimen de visitas: distancia, coste y tiempo de los desplazamientos.
- Edad y opinión del menor, puesta en relación con su madurez.
- Momento del curso escolar en que se plantea el cambio.
Madre con custodia, oferta laboral indefinida con mejora salarial y abuelos en destino. El padre tiene fines de semana alternos y mitad de vacaciones. La solicitud se presenta en marzo para un traslado efectivo en septiembre, con un plan que sustituye los fines de semana por puentes completos y vacaciones ampliadas, y los viajes a cargo de la madre. Ese expediente tiene recorrido. El mismo traslado planteado en enero, a mitad de curso y sin plan de visitas, se deniega con frecuencia.
Sin acuerdo
Qué pasa si te trasladas sin consentimiento ni autorización
Irse por la vía de hecho es el error más caro de esta materia, y sus consecuencias se mueven en tres planos.
En el civil, el otro progenitor puede pedir medidas al amparo del artículo 158 del Código Civil, que permite al juez adoptar las disposiciones oportunas para proteger al menor, incluido el sometimiento a autorización judicial de cualquier cambio de domicilio. También puede instar una modificación de medidas y solicitar el cambio de guarda.
En el probatorio, haberse ido sin pedir permiso debilita cualquier petición posterior: es difícil sostener que se busca el interés del menor cuando se ha prescindido del procedimiento previsto para protegerlo.
Y hay un plano penal que conviene explicar sin alarmismo. El artículo 225 bis del Código Penal castiga la sustracción de menores por un progenitor sin causa justificada, y considera sustracción el traslado del menor desde su lugar de residencia habitual sin consentimiento del otro progenitor o de quien tenga su guarda. Las penas son de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de cuatro a diez años, en su mitad superior si el menor sale de España o se exige alguna condición para su restitución. El propio precepto prevé la exención de pena si se comunica el paradero en las veinticuatro horas siguientes con compromiso de devolución inmediata efectivamente cumplido.
No existe automatismo alguno: los tribunales reservan este delito para supuestos de verdadera ocultación, y cada caso exige valorar sus circunstancias. Lo prudente es no ponerse en esa situación.
Consejo profesional
Si está valorando un traslado, prepare el expediente antes de aceptar el empleo, no después. Los juzgados atienden mejor a quien llega con un plan de visitas completo, el motivo documentado y una propuesta de reparto de los gastos de viaje, que a quien comunica un hecho consumado.
Y si lo que se discute de fondo es el modelo de convivencia, y no solo la ciudad, conviene revisar primero los requisitos de la custodia compartida en Alicante, porque la distancia es uno de los factores que más condiciona ese régimen.
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre el cambio de domicilio del menor
¿Puedo mudarme dentro de la provincia de Alicante sin pedir autorización?
Depende del impacto real. Un cambio de barrio, o de Alicante a San Vicente del Raspeig sin alterar colegio ni visitas, rara vez genera conflicto. Un traslado de Alicante a Elche que obligue a cambiar de centro escolar y a rehacer las entregas sí afecta a la patria potestad, y conviene acordarlo por escrito o pedir autorización judicial.
¿Cuánto tarda un expediente de autorización judicial de traslado?
No hay un plazo legal cerrado. Sin oposición puede resolverse en pocos meses; con oposición, y según la carga del juzgado, es razonable contar con varios meses más. Por eso recomendamos iniciarlo con antelación al curso escolar y no en vísperas del traslado.
¿Se escucha al niño en estos procedimientos?
Sí cuando tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce años. Su opinión se valora, pero no decide: el juzgado resuelve conforme a su interés superior, que puede no coincidir con lo que manifiesta en ese momento. En menores de corta edad es frecuente el informe del equipo psicosocial.
Conclusión
Prepara el traslado, no lo improvises
Trasladarse de ciudad con el hijo tras el divorcio es posible, y los tribunales lo autorizan cuando el cambio beneficia al menor y el contacto con el otro progenitor queda garantizado. Lo que no admite la ley es la decisión unilateral: el lugar de residencia del menor forma parte de la patria potestad compartida y solo se modifica con el consentimiento de ambos progenitores o con autorización judicial. Un expediente bien preparado, con el motivo acreditado y un plan de visitas realista, cambia por completo las probabilidades de éxito.
¿Necesita trasladarse con su hijo y el otro progenitor se niega?
En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso sin coste.
Este artículo ofrece información general y no sustituye al asesoramiento jurídico individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.