Por Vicente José Santamaría Baeza, abogado colegiado nº 8.150 del ICALI · Actualizado el 18 de noviembre de 2026
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Por Vicente José Santamaría Baeza, abogado colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante · Normativa revisada el 18 de noviembre de 2026
Presentaste la reclamación con las fotos del bache y esperaste. Meses después llega un oficio de tres párrafos que te la deniega, o no llega nada. Recurrir la desestimación de la reclamación al ayuntamiento no solo es posible: es donde se ganan buena parte de estos expedientes de responsabilidad patrimonial.
Si la resolución es expresa, tienes un mes para el recurso de reposición (art. 124.1 de la Ley 39/2015) o dos meses para ir directamente al juzgado de lo contencioso-administrativo (art. 46.1 de la Ley 29/1998). Si no te contestan, a los seis meses se entiende desestimada por silencio (art. 91.3 de la Ley 39/2015) y dispones de seis meses para recurrir. Perder esos plazos cierra el asunto, aunque tuvieras razón.
Punto de partida
¿Qué significa que te hayan desestimado la reclamación por un bache?
Significa que la Administración niega uno de los tres requisitos que la ley exige, no que tu accidente no existiera. El artículo 32.1 de la Ley 40/2015 reconoce el derecho a ser indemnizado por «toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos». Sobre esa base, el expediente se deniega casi siempre por una de estas razones:
- No hay nexo causal acreditado: no se ha probado que el daño lo causara el bache y no otra cosa. Es el motivo estrella.
- Culpa exclusiva de la víctima: invocan el artículo 45 del Reglamento General de Circulación, que obliga a adecuar la velocidad «al estado de la vía» y a las condiciones meteorológicas.
- Deber jurídico de soportar el daño: sostienen que el desperfecto era visible, estaba señalizado o era un riesgo normal de la circulación.
- Falta de titularidad: dicen que esa vía no es suya y te remiten a la Diputación de Alicante, a la Generalitat Valenciana o al Estado.
- Prescripción: entienden que pasó más de un año desde el hecho o desde la estabilización de las secuelas (art. 67.1 de la Ley 39/2015).
Identificar cuál de estos cinco motivos han usado es el primer trabajo del recurso: cada uno se combate con un material distinto. Si aún estás preparando la reclamación inicial, te interesa antes nuestra guía sobre cómo reclamar a la Administración por el mal estado de la vía.
Dos caminos
¿Conviene recurrir la desestimación ante el ayuntamiento o ir directamente al juzgado?
Depende de si ha aparecido prueba nueva o solo discrepas del criterio. El recurso de reposición es potestativo: el artículo 123.1 de la Ley 39/2015 permite recurrir ante el mismo órgano que dictó el acto «o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo». Reponer ante quien ya te ha dicho que no rara vez cambia el resultado, pero sirve para incorporar al expediente un informe pericial o un parte de conservación que todavía no constaba, y ese material llegará después al juzgado.
| Vía | Plazo para interponer | Ante quién | Cuándo compensa |
|---|---|---|---|
| Recurso de reposición (potestativo) | 1 mes si la resolución es expresa; sin plazo tasado si hubo silencio (art. 124.1 Ley 39/2015) | El mismo órgano que denegó: alcaldía, Diputación, conselleria | Hay prueba nueva o un error material evidente en la resolución |
| Recurso contencioso-administrativo | 2 meses desde la notificación expresa; 6 meses desde el acto presunto (art. 46.1 Ley 29/1998) | Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (art. 8 Ley 29/1998) | La discrepancia es de fondo: nexo causal, valoración o concurrencia de culpas |
| Reposición y después contencioso | El plazo judicial arranca al notificarse la resolución de la reposición o al desestimarse presuntamente (art. 46.4 Ley 29/1998) | Primero la Administración, luego el juzgado | Quieres completar el expediente sin renunciar a la vía judicial |
Dos advertencias. Contra la resolución de una reposición no cabe otra reposición (art. 124.3 de la Ley 39/2015): ese cartucho se gasta una vez. Y el artículo 124.2 obliga a resolverla en el plazo máximo de un mes, de modo que el reloj judicial vuelve a correr enseguida.
Accidente con la moto en un camino de la partida rural de Elche el 2 de febrero. Reclamación presentada el 10 de marzo. El ayuntamiento no contesta: el 10 de septiembre la reclamación se entiende desestimada por silencio y, desde el día siguiente, se abre un plazo de seis meses que vence el 11 de marzo del año siguiente. Un año y un mes después del golpe, el asunto estaría muerto sin que nadie haya dictado una sola resolución.
Silencio administrativo
No me contestan: ¿cuánto tiempo tengo para recurrir el silencio?
Seis meses desde que la reclamación se entiende desestimada, y ese plazo es real. El artículo 91.3 de la Ley 39/2015 establece que «transcurridos seis meses […] sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular». A partir de ahí entra en juego el artículo 46.1 de la Ley 29/1998: «El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses […] Si no lo fuera, el plazo será de seis meses».
Circula la idea de que el silencio no abre plazo porque la Administración incumplió su deber de resolver. Conviene desmontarla: el Tribunal Constitucional examinó esa segunda frase del artículo 46.1 en la Sentencia 52/2014, de 10 de abril, y su fallo fue «desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad», con voto particular discrepante. El plazo se aplica. Que algunos juzgados lo flexibilicen es un criterio discutido, no una red de seguridad con la que contar.
Súmale que el derecho a reclamar prescribe al año (art. 67.1 de la Ley 39/2015), y que en daños personales ese año «empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas». Un accidente de tráfico con lesiones puede tener tres relojes corriendo a la vez.
Vía judicial
El recurso contencioso-administrativo, paso a paso
- Identifica el juzgado competente. Frente a actos de un ayuntamiento o de la Diputación conocen los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (art. 8.1 de la Ley 29/1998); si proceden de la Generalitat Valenciana, los de responsabilidad patrimonial «cuya cuantía no exceda de 30.050 euros» (art. 8.2.c).
- Comprueba si va por procedimiento abreviado. El artículo 78.1 lo reserva a los asuntos «cuya cuantía no supere los 30.000 euros». La mayoría de los daños materiales por baches entran ahí: se inicia directamente por demanda y se resuelve en vista.
- Prepara la prueba que faltó en vía administrativa. Atestado o comparecencia policial, fotografías con referencia métrica, factura del taller, informe pericial y el historial de conservación del tramo.
- Cuantifica bien. El artículo 34.2 de la Ley 40/2015 permite tomar como referencia, en muerte o lesiones corporales, los baremos del seguro obligatorio; y el 34.3 ordena actualizar la cuantía con el Índice de Garantía de la Competitividad del INE, además de los intereses de demora.
- Valora el riesgo de costas. En primera instancia rige el criterio de vencimiento: el artículo 139.1 impone las costas a quien vea rechazadas todas sus pretensiones, «salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho».
Estrategia
¿Cómo se rebate el argumento de que ibas demasiado rápido?
Separando el deber de prudencia del deber de conservación, porque no son lo mismo. La Administración se apoya en el artículo 45 del Reglamento General de Circulación, que exige conducir de manera que «siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse». Es un argumento potente de noche, con lluvia y en una vía conocida; es mucho más débil frente a un socavón oculto bajo un charco, sin señalizar, en un tramo con incidencias previas documentadas.
La respuesta técnica consiste en acreditar tres cosas: que el defecto superaba lo que un conductor diligente puede anticipar, que la Administración conocía o debía conocer su existencia y que no lo señalizó ni reparó en un tiempo razonable. Probado esto, lo habitual no es la absolución de la Administración sino la concurrencia de culpas, con una reducción porcentual. Un 30 % menos cobrado es mejor que un expediente archivado. La misma lógica opera en la colisión con un animal en la carretera y en los accidentes en la vía pública en Alicante y Elche.
Consejo profesional
Antes de redactar el recurso, pida por escrito a la Administración el expediente completo y el historial de incidencias y conservación de ese tramo. Es una petición que casi nadie hace y que, en nuestra experiencia en la provincia de Alicante, cambia el signo del asunto: si consta un aviso vecinal previo sin reparar, el nexo causal deja de discutirse. Lo tramitamos dentro de nuestra área de derecho administrativo, junto con el peritaje del vehículo.
Preguntas frecuentes
Dudas habituales al recurrir una desestimación
¿Necesito abogado y procurador para el recurso contencioso-administrativo?
Sí, abogado siempre. Ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo basta con abogado, que asume también la representación; el procurador es potestativo. En la vía administrativa previa, en cambio, el recurso de reposición puede presentarlo usted mismo, aunque la redacción técnica marca la diferencia.
¿Puedo recurrir si solo reclamo los daños del coche, sin lesiones?
Sí. El daño material por sí solo es indemnizable: el artículo 32.2 de la Ley 40/2015 exige únicamente que sea «efectivo, evaluable económicamente e individualizado». Llanta, neumático, amortiguador o bajos del vehículo se acreditan con factura o presupuesto de taller y peritación, sin necesidad de lesión personal alguna.
Me he pasado del plazo de un mes para la reposición. ¿Lo he perdido todo?
No necesariamente. El artículo 124.1 de la Ley 39/2015 advierte que, pasado ese mes, «únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo». Es decir, conserva la vía judicial mientras no agote los dos meses desde la notificación. Si también vencieron, el asunto queda firme salvo supuestos excepcionales de revisión.
¿Qué pasa si el ayuntamiento dice que la carretera no es suya?
Debe remitir su reclamación al organismo competente, pero no se fíe: compruebe usted mismo la titularidad del tramo. En la Comunidad Valenciana conviven vías estatales, autonómicas, provinciales y municipales, y reclamar al titular equivocado consume meses de un plazo de prescripción que no se detiene.
¿Cuánto tarda en resolverse el recurso en el juzgado?
Por procedimiento abreviado, lo habitual en los juzgados de Alicante es una horquilla de entre uno y dos años hasta la vista, según la carga del órgano. No es rápido, pero la sentencia fija intereses de demora, lo que compensa parcialmente la espera cuando el recurso prospera.
Conclusión
Una desestimación no es el final del camino
En responsabilidad patrimonial, la primera negativa forma parte del procedimiento normal: la Administración resuelve con el expediente que tiene delante, y ese expediente casi siempre está incompleto. Lo que decide el resultado es lo que se incorpora después y, sobre todo, no dejar vencer ninguno de los plazos que marcan los artículos 124 de la Ley 39/2015 y 46 de la Ley 29/1998. Si ha recibido una resolución denegatoria o lleva seis meses sin respuesta, conviene revisar el expediente cuanto antes.
Fuentes
- Ley 39/2015, artículo 67: plazo de un año para reclamar (BOE)
- Ley 39/2015, artículo 91.3: silencio a los seis meses (BOE)
- Ley 39/2015, artículos 123 y 124: recurso de reposición (BOE)
- Ley 29/1998, artículos 8, 46, 78 y 139: jurisdicción contencioso-administrativa (BOE)
- Ley 40/2015, artículos 32 y 34: responsabilidad patrimonial e indemnización (BOE)
- Sentencia 52/2014 del Tribunal Constitucional, de 10 de abril (BOE)
- Reglamento General de Circulación, artículo 45: adecuación de la velocidad (BOE)
¿Le han denegado la indemnización por el mal estado de la vía?
En Santamaría Baeza Abogados (Avda. Aguilera 39, Entlo. B, 03007 Alicante) estudiamos su caso sin coste; trabajamos sin provisión de fondos: si usted no cobra, nosotros tampoco.
Este artículo ofrece información jurídica general y no sustituye al asesoramiento individualizado sobre un caso concreto. Vicente José Santamaría Baeza, colegiado n.º 8.150 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante.
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